LIMA, Perú. (proceso.com.mx).- El suicidio del expresidente de Perú, Alan García Pérez, ha incrementado la polarización social en este país. Los fiscales que investigan el caso Lava Jato y que han obtenido declaraciones de los empresarios de la compañía brasileña Odebrecht y uno de los periodistas que ha investigado y publicado el caso, han sido amenazados de muerte por decenas de personas en redes sociales. El congresista fujimorista Héctor Becerril, escribió en su cuenta de Twitter: “Los grandes responsables de la muerte de Alan García Pérez: Gorriti y sus fiscales obsecuentes, quienes hacen una persecución selectiva implacable contra FP y el APRA. José Graña y sus concentraciones de medios, quienes sirven de caja de resonancia a esta brutal cacería”. Gustavo Gorriti es periodista y director del medio de comunicación IDL-Reporteros, que ha revelado desde hace años, la corrupción en los últimos cuatro gobiernos. Durante las últimas semanas, su equipo de investigación publicó pruebas que evidenciaron el modus operandi de Odebrecth en el segundo periodo de gobierno de Alan García y sus exfuncionarios. El ambiente de animadversión contra los fiscales, jueces y periodistas que han evidenciado la corrupción y que mantiene preso e internado en un hospital al expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard (renunció al cargo en marzo de 2018); prófugo al expresidente Alejandro Toledo Manrique; en libertad condicional al expresidente Ollanta Humala Tasso y a su esposa Nadine Heredia Alarcón y presa a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, hija del expresidente también preso por delitos violatorios de derechos humanos, Alejandro Fujimori Inomoto. Los expresidentes y Keiko Fujimori han sido señalados junto a otros exfuncionarios, algunos están presos, otros enfrentan el proceso en libertad y otros en investigación. El último expresidente imputado y que tenía ya orden de impedimento de salida porque estaba siendo investigado en el caso Odebrecht, era Alan García Pérez, quien se suicidó en su casa el pasado martes, cuando llegaron agentes policíacos para hacer efectiva la orden de prisión preliminar por diez días. Todos están procesados por recibir dinero de la empresa constructora brasileña Odebrecth para campañas políticas o para obras públicas fundamentales en Perú. Incluso, del 23 al 26 de abril, los fiscales peruanos interrogarán en Curitiba, Brasil, a Jorge Simoes Barata, el exdirector de Odebrecth en Perú. Con el suicidio de Alan García, las amenazas por simpatizantes, militantes e incluso políticos con cargos fujimoristas y apristas, fueron evidentes y fuertes. La alianza política entre apristas y fujimoristas, que ya era evidente en el Congreso de la República, donde Fuerza Popular (partido de los fujimoristas) ha mantenido la mayoría. Ahora le apuestan al olvido, llaman a reflexionar sobre el suicidio del jefe político del Apra, para poner en tela de juicio las investigaciones del caso Lava Jato en Perú. El discurso ha sido secundado por el cardenal Juan Luis Cipriani y arzobispo emérito de Lima, a quien se le ubicó durante su gestión eclesial, cercano al poder. Sin embargo, grupos de víctimas de masacres y otros delitos de lesa humanidad cometidos en los gobiernos de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), también se han expresado en las redes sociales y en medios de comunicación, para recordar el riesgo de convertirlo en héroe y que la impunidad prevalezca en el país. En redes sociales, los simpatizantes y militantes de Alan García han expresado principalmente Twitter, frases como: “Acaban de confirmar el fallecimiento del expresidente Alan García. Vizcarra (el presidente de Perú) y Gorriti pagarán por esta tragedia”, “Este es el delincuente sicario que asesinó a Alan García con sus difamaciones y control de la Fiscalía, Gorriti mafioso de terroristas y comunistas”, “Estrellita, hay mucho dolor y rabia. Y gente aprista como no aprista estaban ahí, algunos lloraban otros maldecían a la rata de Vizcarra y a la muca de Gorriti. La muerte del compañero no puede ser en vano”, “Asesinos, JD Pérez, Vicarra, Gorriti, todo lo tienen arreglado! El anciano PPK se prestó para la jugada, para que crean que están luchando contra la corrupción, metemos preso a #PPK, hacemos #Show, sube encuestas y lo sacamos, #Vizcarra y FiscalíaCriminales”, “Estupefacto y enfurecido. Mis mejores deseos para el Pdte García y su familia en estos momentos de tanto dolor e incertidumbre. Gorriti, has labrado tu propia destrucción corrupto hijo de las mil putas. Tu y tu banda de criminales van a pagar todas las desgracias que han causado”. El periodista Aldo Martátegui reforzó que Gustavo Gorriti, el presidente Martín Vizcarra y el fiscal del Equipo Especial de Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, querían la cabeza de Alan García y “literalmente”, lo consiguieron. Hubo quien también en redes, exigió medidas de seguridad para IDL-Reporteros y para los fiscales: “#URGENTE: Ante amenazas y en redes, desde este espacio pedimos al @MininterPeru redoblar las medidas de seguridad a todos los fiscales y solicitamos también que los periodistas de @IDL_R que investigan #Odebrecht, tengan resguardo policial”, “¡¡URGENTE!! Comenzaron a aparecer decenas de mensajes amenazando la vida de Gustavo Gorriti y del equipo de @IDL_R… @MininterPeru debería ofrecer las garantías necesarias para evitar que fanáticos apristas atenten contra periodistas”. El cardenal Juan Luis Cipriani dijo durante el velorio de Alan García: Alan era un hombre creyente y la verdad es que es que la reflexión que me viene a la mente es que el Perú no puede continuar así, no puede haber este clima de persecución, de maltrato tan permanente. Tenemos que caminar más unidos, con una actitud más positiva. El precio de la muerte del doctor García es muy alto y por lo tanto tenemos que reflexionar por un país diferente. (…) Tendrá errores como todos y lo que ahora nos dice es que construyan una patria más unida, más fraterna, más solidaria y acabemos con este clima de odio (…) Yo creo que acá no hay problema de investigaciones. Francamente se está imputando sin comprobar las pruebas y se está acusando mediáticamente. Esto tiene que terminar, se tienen que hacer las cosas con más responsabilidad. La congresista del Apra, Luciana León dijo a medios de comunicación que hubo un exceso deliberado y abusivo en las detenciones preliminares que se tiene que parar. Y la exministra de Alan García, Nidia Vílchez, exigió que las instituciones no se usen para perseguir a sus enemigos políticos. “Alan García no iba a permitir el circo”. La asociación Proética, capítulo peruano de Transparency Internacional, publicó en su cuenta de Twitter, su respaldo al Equipo Especial Lava Jato en Perú: “Rechazamos la intención política de desacreditar las investigaciones del caso #LavaJato. La verdad del robo multimillonario perpetrado durante años por empresas y políticos corrupto, debe abrirse”, dice en el post de la red social Parte del comunicado dice: Rechazamos, sin embargo, la intención política de desacreditar las investigaciones del caso Lava Jato, que se esconde detrás de la actitud irresponsable de varios actores y sectores políticos, de pretender culpar de este trágico suceso al gobierno, a la prensa y al equipo especial de fiscales. Reconocemos que uno de los factores más importantes en el avance de las investigaciones contra la gran corrupción en la independencia de los cuerpos de fiscales responsables de las mismas y de los jueces que toman las decisiones en cada etapa. Esta condición, que ha sido lograda en nuestro país a pesar de muchos obstáculos, debe respetarse y preservarse. La verdad de lo que ocurrió en torno al robo multimillonario de recursos de los peruanos, perpetrado durante años por empresas y políticos corruptos, debe abrirse paso. Sabemos que tomará meses, o quizá años, hasta llegar a las primeras sentencias; sin embargo, la ruta está trazada. Por el desarrollo del Perú que merecemos, no debemos permitir que ésta se quiebre ni que se consagre, una vez más, la impunidad. El departamento académico de filosofía de la Universidad de San Marcos, donde cursó su carrera de leyes Alan García, también respaldó el trabajo de los fiscales en el caso Odebrecth: Como ciudadanos y filósofos, nuestro principal compromiso es con la verdad y la justicia, por ello no podemos ignorar lo acontecido, así pues, rechazamos el uso político que se viene haciendo de la situación en la que nos ha colocado la decisión estrictamente personal del expresidente. Llamamos a la unidad del país, con el único objetivo de desterrar la corrupción de nuestra vida institucional. Alan García Las investigaciones contra el expresidente Alan García y sus exfuncionarios, así como las últimas delaciones en Brasil, lo colocaron contra la pared. Durante las últimas semanas, sostuvo y pleito directo contra fiscales y principalmente contra Gustavo Gorriti, director del medio que se ha dedicado a investigar la corrupción del caso Odebrecth y del Poder Judicial, los últimos años. Una vez que los fiscales peruanos lograron un acuerdo con directivos de Odebrecth, procesados en Brasil, estos comenzaron a declarar y mostrar evidencias. Aún siguen las diligencias en el país boricua. Jorge Baratra y otros colaboradores eficaces del caso, señalaron que el exsecretario general de García durante su segundo gobierno, Odebrecth habría aportado de manera ilegal, 100 mil dólares a la campaña presidencial de Alan García en 2006, a través del exministro de éste, Luis Alva Castro, de acuerdo con documentos del Sector Empresarial Operaciones Estructuradas de Odebrecth, que reveló IDL-Reporteros. Asimismo, el medio que lidera Gustavo Gorriti, reveló que con la autorización del superintendente de Odebrecth y de Barata, entregaron otros 60 mil dólares a Luis Alva Castro, quien aparece con el seudónimo de Laque, en los documentos y otros 40 mil dólares al Partido Aprista Peruano. El medio de comunicación recordó que en febrero de 2018, Jorge Barata confirmó haber aportado a campañas de Keiko Fujimori en 2011, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. El mismo Jorge Barata confesó ante las autoridades peruanas, que entregaron alrededor de 200 mil dólares para la campaña de Alan García. El 11 de abril pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de impedimento de salida del país al exministro aprista, Luis Alva Castro. Posteriormente señalaron además a Luis Nava Guibert, a quien apodan Chalán en los documentos de Odebrecht, habría aportado de manera ilegal 100 mil dólares a la campaña, entre otras irregularidades que involucran a exfuncionarios de García. El Ministerio Público imputó a Alan García los delitos de lavado de dinero y colusión agravada porque presuntamente favoreció a Odebrecth en la adjudicación de las obras Metro de Lima y carretera Interocéanica Sur. Sobre esos casos será interrogado Barata, así como vía evitamiento de Cusco y financiamiento de campañas electorales. El año pasado, se le señaló a Odebrecht haber recibido 7 millones de dólares en sobornos para quedarse con el contrato del Metro de Lima. Alan García salió a desmentir la información públicamente. La investigación escaló y en noviembre pasado, García pidió asilo político en la embajada de Uruguay, pero le fue negado. El martes pasado, el Segundo Juzgado de Investigaciones Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, libró la orden de detención preliminar y de allanamiento del domicilio del expresidente, así como la detención y allanamiento de propiedades de otros ocho exfuncionarios, entre estos su exsecretario general y el exvicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala Herrera; José Antonio Nava Mendiola, Samir Atala Nemi, Oswaldo Duber Plasencia Contreras, Jorge Luis Mencho Pérez y Raúl Antonio Torres Trujillo. Al cumplir la orden de detención el miércoles pasado pasadas las 6:00 horas, Alan García pidió a los policías que fueron por él que le dejaran llamar a su abogado. Subió a su habitación y se disparó en la cabeza. Alrededor de las 10:05, murió en el hospital. Entre los exfuncionarios con orden de detención se encuentra Enrique Corjeno, exministro de Transportes y Comunicaciones, fue detenido al terminar una entrevista, en la que anunció que se entregaría. La constructora Odebrecht fue beneficiaria de licitaciones otorgadas por el gobierno de Alan García, entre 2006 y 2011, por más de 1.8 mil millones de dólares.   Alejandro Toledo El expresidente Alejandro Toledo, quien gobernó Perú de 2001 a 2006, se encuentra prófugo de la justicia. El gobierno estadunidense tiene una solicitud de extradición desde mayo de 2018, para que enfrente cargos por lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada en dos casos distintos. Presuntamente, Toledo prometió a Odebrecht el pago de 36 millones de dólares a cambio de la concesión de obras de la carretera Interocéanica. El empresario Yosef Maiman, quien fue su prestanombres, confesó a las autoridades que recibió casi 20 millones de dólares en sobornos, de la constructora brasileña que eran destinados a Alejandro Toledo. Los directivos de Odebrecth habrían confesado que el expresidente recibió 700 mil dólares para su campaña hacia la presidencia, en el 2011. Ollanta Humala El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia estuvieron en prisión preventiva de julio de 2017 a junio de 2018, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictiva, en el caso Odebrecht. La empresa Odebrecth habría entregado a la pareja líder del Partido Nacionalista Peruano, 3 millones de dólares para la campaña presidencial en 2011. Humala triunfó en la contienda. En el caso de Nadine Heredia, habría beneficiado a la empresa brasileña en la licitación del proyecto Gasoducto Sur. Ambos se encuentran libres pero el proceso penal en su contra, continúa. Tienen impedimento de salida. Pedro Pablo Kuczynski El expresidente Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo el 21 de marzo de 2018, por señalamientos de corrupción con la empresa Odebrecht. El 24 de diciembre de 2017, otorgó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien está procesado y/o sentenciado por cinco casos de delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2017, Odebrecth confirmó que le pagó 4.8 millones de dólares a dos firmas de asesorías vinculadas con el expresidente, durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando Kuczynski fue ministro de Estado. En total, eran siete consultorías que la compañía habría realizado entre 2004 y 2007. El 5 de abril lo aprehendieron por una orden de prisión preliminar por diez días. En ese lapso fue internado en la clínica Angloamericana por un problema de alta presión y este jueves recibió otra orden de detención por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que corresponde a prisión preventiva por 36 meses. El imputado tiene 80 años. Jorge Barata declaró que Kuczynski también recibió 300 mil dólares en el 2011, como aporte de campaña y se le acusa también de que tres empresas vinculadas a él -Westfield, First Capital y latín Amercia Enterprise- fueron beneficadas por Odebrecth cuando él era ministro de Economía en el gobierno de Toledo. Kuczynski fue sustituido por Martín Vizcarra, quien era vicepresidente. Con él están imputados su exsecretaria particular Gloria Kisic Wagner y su exchofer José Luis Bernaola Ñulfo, porque fueron depositarios de los presuntos sobornos de Odebrecht en sus propias cuentas. Keiko Fujimori La hija de Alberto Fujimori y excandidata a la presidencia de Perú por Fuerza Popular en 2011, Keiko Fujimori, de encuentra detenida desde el 10 de octubre de 2018. Actualmente cumple con prisión preliminar por 36 meses efectivos a partir de diciembre de 2018, mientras se le investiga por presuntas irregularidades en el caso Odebrecth Los delitos que le imputan son lavado de activos y obstrucción de la justicia, porque habría recibido 1.2 millones de dólares como aportes para su campaña electoral. Con ella están procesados, aunque en libertad: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (ex ministro), Augusto Mario Bedoya Camere (exministro), Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Ytalo Ulises Pachas QUiñones, A´ngela Berenis Bautista Zeremeico, Daniel Mellado Correa, Luis Alberto Mejía Lecca, Mayra Alexandra Castañón Dávila, Liz Document Manriquez, Marizol Valles Chong (esposa del congresista fujimorista Rolando Reátegui), Pedro Abel Velazayrce Llanos, Rafael Alejandro del Castillo Reategui, Lluith Sánchez Bardalez, Giancarlo  Bertin Vivanco, Patricia Coppero del Valle, Erick Giovanni Matto Monge, Arturo de Jesús Torrejón Riva, Walter Renifo Saavedra. Otros exfuncionarios investigados por el caso Odebrecth son la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien fue activista de derechos humanos previo al cargo y tiene impedimento de salida actualmente; Luis Castañeda Lossio, también ex alcalde de Lima y el exgobernador de El Callao, Félix Moreno, quien se encuentra prófugo.