Niños y adolescentes cada día más vulnerables a ataques del crimen organizado: REDIM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violencia extrema en Veracruz y en Tabasco en los últimos días, que dejó al menos tres menores baleados en dos eventos distintos, permite advertir que no han disminuido las agresiones ni ha cambiado la respuesta militarizada del gobierno, manteniendo “intacto el pacto de impunidad y corrupción”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Ante los hechos ocurridos el fin de semana en Minatitlán, donde un menor de un año murió junto con 13 personas en un ataque armado, y en Comalcalco, en que un niño de diez y un menor de ocho meses resultaron heridos por impactos de bala, mientras dos mujeres fueron ejecutadas, la organización puntualizó que “los altos niveles de violencia contra la niñez” demuestra que la tendencia criminal heredada del sexenio pasado se mantiene.

En un comunicado la REDIM resaltó que con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es posible advertir que, durante los primeros tres meses del año, de un total de 8 mil 493 personas ejecutadas, 285 eran niñas, niños y adolescentes, “es decir 3.2 casos al día”.

La cifra de menores asesinados no es muy distinta al registro del primer trimestre de 2018, durante la administración de Peña Nieto, cuando se reportaron 294, mientras que en el mes de junio del año pasado 222 fueron víctimas de homicidio, apuntó la organización.

Del análisis de datos de violencia contra menores, REDIM comparó los números de niñas y mujeres adolescentes víctimas en los primeros trimestres de los años más violentos, 2018, 2019 y 2015, en los que resultaron 54, 51 y 47 niñas y jovencitas asesinadas, respectivamente.

Para la organización, los acontecimientos de Veracruz y Tabasco confirmarían lo que desde hace diez años ha denunciado, “niñas, niños y adolescentes son cada vez más el blanco de ataques directos a manos de grupos armados no identificados y otros presuntamente vinculados al crimen organizado, sin que hasta la fecha el Estado Mexicano garantice su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia”.

Tras expresar su solidaridad con los familiares de los menores, la REDIM reprobó que en ambos hechos afirmando que “los responsables siguen sin ser identificados y el silencio de las autoridades ha generado indignación en las redes sociales”.

Al recordar que, en su último informe sobre la administración de Enrique Peña Nieto, “el balance es totalmente negativo”, por la ola de violencia y el saldo de desaparecidos, la REDIM destacó que “los primeros meses del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha disminuido el nivel de violencia vinculada al crimen organizado”.

Por el contrario, “la nueva administración muestra la misma tendencia de militarización de los expresidentes (Felipe) Calderón y Peña Nieto, con la Guardia Nacional, se mantiene intacto el pacto de impunidad y corrupción, reflejado en los altos niveles de violencia contra la niñez”.

Ante la continuidad de la violencia, la REDIM llamó al gobierno de López Obrador a atender las recomendaciones que hizo el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en 2011 y 2015, para cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizado, “por el alto impacto negativo en la niñez mexicana”.

En voz de su director ejecutivo, Juan Martín Pérez, la organización urgió al López Obrador, quien es también presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), a “construir de forma colectiva una política de Estado para prevenir y frenar la violencia armada, basada en la construcción de la paz, la lucha contra la impunidad y el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos”, de manera particular atender el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Infancia, Violencia y Crimen Organizado”.

Al exigir una investigación “profunda e imparcial sobre los hechos”, Pérez García exigió “ordenar las medidas de protección necesarias para ofrecer garantías de seguridad a las familias afectadas” por los acontecimientos violentos, así como atención médica y rehabilitación para los sobrevivientes.

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