Contraloría sancionará a 52 servidores públicos de Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Al menos 52 servidores públicos de la alcaldía Coyoacán serán sancionados con amonestaciones públicas e inhabilitaciones que van hasta los 10 años, por diversas irregularidades administrativas; de ese total, 40 ya fueron notificados, informó la Secretaría de la Contraloría General.

Sin embargo, en una tarjeta informativa, aclaró que halló irregularidades y omisiones en los expedientes de dichos casos que le entregó su homóloga del gobierno saliente.

En una tarjeta informativa, agregó que, en días pasados, el Órgano Interno de Control (OIC) de esa demarcación “detectó 11 resoluciones firmadas, pendientes de notificar, emitidas en los pasados meses de agosto, septiembre y diciembre del año 2018”.

A través de ellas, añadió, se sanciona a 52 servidores públicos de las anteriores y la actual administración.

No obstante, la Contraloría detectó que dichas resoluciones “no fueron presentadas en el acta entrega como pendientes de notificación y los únicos expedientes que se incluyeron en el documento recibido por el OIC actual, señalaban que se encontraban en trámite y sin actuaciones desde hace varios meses”.

La secretaría encabezada por Juan José Serrano destacó que, de la consulta realizada al sistema del OIC, se advirtió que “en la mayoría de los expedientes se registraron fechas de notificación, aun cuando no habían tenido lugar”.

Por último, anunció que iniciará los procedimientos de responsabilidad correspondientes contra los servidores públicos que resulten responsables de esta omisión.

A principios de febrero pasado, el diario Reforma publicó el audio de una conversación en la que el actual alcalde, Manuel Negrete, hablaba del supuesto cobro de diezmo a trabajadores de la alcaldía. Mencionó que en dichos actos estaba involucrado el PRD-CDMX y el exdelegado y actual diputado federal, Mauricio Toledo.

Además de ese escándalo, destacó el caso de su asesor, Eduardo Ramírez Vallejo, quien fue denunciado públicamente por el presunto cobro por el uso de la vía pública.

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