Entre descalificaciones a la prensa, AMLO lanza sus lineamientos publicitarios

Los lineamientos de Comunicación Social del gobierno federal estarán basados, según afirmó el presidente López Obrador, en la transparencia y en la distribución equitativa de la publicidad oficial entre los medios. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 y Fundar dudan que esa estrategia termine con las viciadas prácticas en la materia que se han realizado en el país, uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Como telón de fondo de esta política pública destacan, sin embargo, las frecuentes confrontaciones del mandatario con la prensa, a la que clasifica en prudente e imprudente, progresista y conservadora…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En medio de una confrontación con algunos medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado miércoles 17 los lineamientos de su política de comunicación social, a partir de los cuales –prometió– se dejarán de utilizar los recursos públicos para “premiar o castigar” a los medios.

En su conferencia de prensa de ese día, el presidente de la República anunció: “Vamos a que haya equidad. Que se distribuya este gasto, esta inversión, de manera horizontal, que no se concentre; que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes”.

Y prometió “no utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio, que no sea un mecanismo de coerción, de castigo. Al final de cuentas, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”.

Señaló también que el presupuesto destinado a la publicidad gubernamental se reducirá en 50% respecto al aprobado para 2018. 

Cinco días antes de este anuncio, el viernes 12, en su conferencia matutina, el mandatario sostuvo una polémica con el periodista de Univisión Jorge Ramos, quien entre otros temas lo confrontó por su actitud hacia los medios, concretamente por haber pedido al diario Reforma que revelara quién le filtró el borrador de la carta privada en la que el propio López Obrador solicita al rey de España que se disculpe por los abusos cometidos durante la Conquista.

Ramos le dijo que desacredita a los periodistas al pedirles que revelen sus fuentes. “No ayuda que usted desacredite a los periodistas. Eso es un ataque a la libertad de prensa”, le dijo. López Obrador le respondió que su administración respetará la libertad de expresión. Pero arremetió contra Reforma, tachándolo de ser un periódico “conservador” y aliado en un tiempo al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Dijo el tabasqueño: “En cuanto al Reforma, yo creo que garantizando la libertad de expresión y no como hacía antes, que protegía a Salinas y a todos. Incluso tengo pruebas que ayudó a legitimar el fraude electoral de 2006. Y apoyó mi desafuero porque es un periódico conservador. Pero nunca se les va a atentar su libertad”. 

Tres días después, el lunes 15, otra vez en su conferencia matutina, el mandatario recordó su discusión con Ramos: “El otro día vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No. Yo, con todo respeto, discrepo. Creo que ustedes no sólo son buenos periodistas; son prudentes porque aquí lo están viendo, y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”.

Indicó que no sería él, sino los ciudadanos, quienes censurarían su trabajo periodístico. “Pero no soy yo, sino la gente”, advirtió.

Polémicas declaraciones

Las afirmaciones del presidente López Obrador motivaron protestas de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras, que señaló: “En uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo como México, cualquier expresión que descalifique la labor de los periodistas puede agudizar las agresiones y la censura”.

Por cierto, esta organización internacional ha venido alertando sobre el peligro de ejercer el periodismo en México, donde existe 99% de impunidad en las muertes y ataques a comunicadores.

También Artículo 19 criticó los dichos del mandatario a través del encargado de su Programa de Defensa de Periodistas, Sebastián Salamanca, quien declaró: “El mensaje que está dando el presidente es una autorización y una instigación para realizar cualquier ataque u hostigamiento contra los periodistas”.

El mismo Jorge Ramos pidió a sus colegas mexicanos ser “imprudentes y desobedientes con el poder”, porque a “nosotros nos corresponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles”. Pero eso, puntualizó, “no lo parece tener muy claro el presidente mexicano”.

“Sería gravísimo que México resucitara algunas de las prácticas de la época –de 1929 a 2000– en que los presidentes dictaban qué publicar y qué no. Y la única manera de evitarlo es siendo imprudentes y desobedientes con el poder.”

Así, en este contexto de confrontación, López Obrador dio a conocer los “lineamientos” de su política de comunicación, contenidos en un “acuerdo” de 21 artículos publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo miércoles 17.

Ahí se estipula que la estrategia de comunicación social “deberá estar alineada con los tres principios básicos del actual gobierno: austeridad, honestidad y combate a la corrupción”.

Igualmente señala que la Presidencia de la República, a través de su Coordinación General de Comunicación Social, validará las “estrategias y campañas” de las dependencias federales, mientras que la Secretaría de Gobernación se encargará “de regular el gasto en materia de Comunicación Social”. Y este gasto en publicidad institucional –prosigue– no debe rebasar “en ningún ejercicio fiscal el 0.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Poder Legislativo”.

El artículo 7 señala: “Queda prohibido para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal hacer uso de propaganda gubernamental cuando tenga como fin:

“Presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación;

“Realizar erogaciones por concepto de notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos;

“Otorgar recursos públicos encubiertos que beneficien, directa o indirectamente, a los medios de comunicación;

“Recibir algún pago, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativos a las actividades de comunicación social, salvo lo previsto en la Ley General de Comunicación Social, y difundir publicidad con contenidos y demás fines prohibidos por las disposiciones jurídicas aplicables.”

Las acotaciones

Para evitar la enorme concentración de recursos destinados a unos pocos medios, el artículo 12 estipula: “Queda prohibido que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor al 25% de la totalidad de la pauta publicitaria que se encuentre en una campaña particular a cargo de una dependencia o entidad de la administración pública federal, salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar o, en su caso, se justifique la imposibilidad de distribuir esa pauta en atención al objetivo previsto en la campaña específica”.

Y con objeto de transparentar los recursos destinados a los medios, señala el artículo 20: “Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán publicar en sus portales de Transparencia la información relativa al gasto de campañas de comunicación social, misma que deberá contemplar la información por campaña, proveedor, tipo de medio o servicio, contrato, factura, entidad o dependencia y estar disponible en formatos abiertos para su utilización, conforme a las disposiciones en materia de datos abiertos aplicables al gobierno federal”.

A la presentación de estos lineamientos asistió el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien mostró gráficas que revelan el incremento anual del gasto publicitario, en el que, además, siempre hubo un sobrejercicio de recursos. Indicó que en 2013, el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, se tuvo un presupuesto de 9 mil 239 millones de pesos, pero en 2016 se alcanzó el máximo con 11 mil 906 millones.

Para este 2019 –dijo el vocero de Presidencia– se asignó un presupuesto de 4 mil 711 millones de pesos, el cual “no se va a mover, no se va a pedir ninguna ampliación y se va a mantener, por primera vez, lo aprobado en el Congreso”. 

  Reconoció que se “requiere tener un padrón único de medios de comunicación, que no existe en el país”. Pese a que no lo hay, dijo, se tiene la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual ha contabilizado 2 mil 52 estaciones de radio y 665 televisoras en el país. Mientras que el único registro de medios impresos lo tiene la Secretaría de Gobernación, que reporta mil 590.

Sin embargo, las organizaciones Artículo 19 y Fundar consideran que esta nueva política de comunicación social “tendrá efectos limitados”, pues para que “haya un cambio real en la relación entre medios y gobierno debe pasar por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales”.

En un comunicado de prensa conjunto, emitido el jueves 18, ambas organizaciones recalcan que, aunque tiene “avances importantes”, esta nueva política “no garantiza el final de una relación viciada entre medios y gobierno”.

Y se quejan de que no se establecen “topes presupuestarios”, y pese a prohibir que un solo medio reciba más de 25% del gasto, “esta medida de avanzada está acompañada de excepciones”.

Igual señala que se “hace caso omiso de las concesiones de uso social comunitarias e indígenas. Con el marco legal actual los medios comunitarios tienen acceso limitado a la publicidad oficial, y se podría garantizar el destino de un porcentaje del presupuesto a estos medios”.

La queja de Proceso

Desde su fundación, en 1976, Proceso ha dado cuenta del uso arbitrario de la publicidad oficial por los gobiernos en turno, el cual quedó resumido en la famosa frase de José López Portillo de “no pago para que me peguen”.

En abril de 2009, el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó incluso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el argumento de que esa discrecionalidad atenta contra los derechos de libertad de expresión e información del semanario, salvaguardados por la Constitución y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte.

Asentó Rodríguez Castañeda en su queja: “Desde 1976, cuando se fundó la revista Proceso, advertimos que el gobierno federal asigna de manera arbitraria la publicidad de sus dependencias destinada a ser difundida por los medios de comunicación. En ocasiones, la utiliza como mecanismo para premiarlos o castigarlos de acuerdo con su línea editorial”.

Esta circunstancia “fue particularmente grave durante el gobierno de Vicente Fox, que restringió a su arbitrio la publicidad destinada a las páginas del semanario, conforme le molestaba a él y a sus colaboradores la información que difundíamos”. Y respecto al gobierno de su sucesor, Felipe Calderón, “la situación empeoró” y “prácticamente la publicidad del gobierno federal en Proceso se redujo a cero”. Fue el mismo caso en la administración peñanietista.

Continuó: “La asignación discriminatoria de publicidad puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, además de que puede ser considerada como un medio indirecto de presión o censura en contra de la línea crítica que maneja la revista Proceso, circunstancia que contraviene el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En agosto de 2012, tres años después de recibir la queja, la CNDH le dio la razón a este semanario. En su recomendación 35/2012 determinó que el gobierno de Calderón censuró y castigó a la revista por su línea editorial, al excluirla de manera arbitraria de la publicidad oficial, con el propósito de causarle daño económico (Proceso 1873). Pese a esta recomendación, el boicot de facto se mantuvo a lo largo del gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

En una sentencia de noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, por su parte, que hay una “omisión legislativa” para regular la publicidad oficial.

Ahora, López Obrador promete acabar por fin con estas viejas prácticas de los gobiernos anteriores.  

Este reportaje se publicó el 21 de abril de 2019 en la edición 2216 de la revista Proceso

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