BOGOTÁ (proceso.com.mx).- Colombia, el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica en materia de seguridad y lucha antidrogas, se ha visto forzada por estos días a entender que con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca no hay amistades que valgan. Sin importar que Colombia, como ningún otro país en la región, ha respaldado las políticas de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro y las cuestionadas estrategias de la administración Trump contra las drogas, lo que ha recibido el presidente colombiano Iván Duque de su supuesto aliado en las últimas semanas son durísimos cuestionamientos que, además, carecen de sustento. Primero Trump aseguró que Duque “no ha hecho nada” para reducir la cantidad de droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos. “Colombia tiene un nuevo presidente –afirmó Trump el 29 de marzo en un acto en Florida–, es realmente un buen tipo. Yo lo conocí, vino a la Casa Blanca. Él dijo que iba a detener las drogas (…) pero hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que fuera presidente”. Y eso que Duque ha gastado capital político en buscar que la Corte Constitucional de Colombia levante la prohibición que impuso al uso del glifosato –herbicida considerado potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS)– para fumigar los plantíos de hoja de coca. Esa modalidad de erradicación de cultivos ilícitos fue suspendida por Colombia hace cuatro años en medio de fuertes presiones de Estados Unidos, que hasta la fecha insiste, en contravía de los estudios de la OMS, en que el uso de glifosato es “seguro” para la salud humana. Duque no solo ha asumido como propio ese argumento, sino que desde su llegada a la Presidencia, en agosto pasado, se ha tratado de alinear con la reeditada “guerra contra las drogas” que impulsa la administración Trump y la cual privilegia las fracasadas medidas represivas para atacar el fenómeno, en vez de la prevención. En esa línea, la dimensión social y de salud pública que tiene el problema de las drogas se diluye y la tendencia es a criminalizar al adicto y a los campesinos pobres que siembran mariguana, hoja de coca o amapola. Una de las primeras medidas de Duque como presidente fue la derogación de una norma que permitía a los adictos portar una dosis de droga para uso personal. El mandatario colombiano ha buscado afanosamente ser el principal aliado de Washington en la región en la lucha antidrogas y en las medidas de presión al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero eso no ha sido suficiente para obtener la aprobación de Trump. El pasado 10 de abril, el gobernante estadounidense volvió a arremeter contra Colombia al afirmar que “desafortunadamente” el negocio de las drogas ha crecido un 50 por ciento desde que Duque es presidente. En un acto de recaudación de fondos para su campaña electoral en San Antonio, Texas, Trump no sólo volvió a poner a Duque en el banquillo de los acusados, sino que dijo que Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador están enviando “criminales” a Estados Unidos. “Están mandando a verdaderos asesinos porque no quieren a las pandillas, así que las envían a nuestro país”, aseguró el presidente estadounidense. En una reacción inusual, Duque afirmó que al único que rinde cuentas es al pueblo colombiano y dijo que la lucha contra las drogas requiere un trabajo compartido y que los países con altos niveles de consumo de estupefacientes deben “enfrentar” ese fenómeno. La revista Semana publicó un sugerente titular en su portada: “Con amigos así…”, acompañado de fotos de Duque y Trump. Y el diario El Tiempo publicó el jueves 25 un reportaje en el que constató que no existe ningún dato que demuestre que el tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos ha aumentado desde que Duque asumió la Presidencia, en agosto pasado. Ataques gratuitos Colombia ha sido el principal productor mundial de cocaína y desde el 2013 los cultivos de hoja de coca en el país han registrado un notable incremento. Desde entonces, se han quintuplicado. Según proyecciones de expertos de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, el año pasado los sembradíos de hoja de coca superaron las 206 mil hectáreas, pero los expertos coinciden en que ese aumento no necesariamente se ha traducido en un aumento en el tráfico de cocaína. Tampoco, indican, hay elementos que permitan afirmar que desde agosto pasado el negocio de las drogas ha crecido en un 50 por ciento, como afirmó Trump. El jefe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, Leonardo Correa, dijo que hablar de un aumento en los envíos de cocaína colombiana hacia Estados Unidos “es una especulación”. Y el director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, señaló que así como han crecido los plantíos de hoja de coca y la capacidad de producción de cocaína también se han incrementado de manera notable los decomisos de droga. En el 2017, por ejemplo, el potencial de cocaína producida en Colombia fue, según la ONU, de mil 379 toneladas, y ese año los decomisos de esa droga llegaron a 435 toneladas, equivalentes a la tercera parte. Para Zuleta, “no hay datos que demuestren que es cierto lo que afirma Trump” respecto al aumento del tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos, como tampoco se conoce ninguna investigación que señale que el negocio de las drogas se ha disparado “en 50 por ciento” desde que Duque es presidente. El internacionalista Gustavo Daniel Jaramillo considera que los ataques de Trump al presidente colombiano y a su política antidrogas deben ser vistos en el contexto del inicio de las precampañas electorales en Estados Unidos. Trump, señala, buscará su reelección el año próximo y ya perfila los que serán sus temas “de batalla” para aglutinar al electorado conservador: migración, drogas y lucha contra el crimen. “Sus blancos favoritos han sido México y los países centroamericanos –indica Jaramillo--, y ahora está agregando a Colombia a ese discurso”. De acuerdo con el experto, aunque no es novedoso que sectores políticos de Estados Unidos responsabilicen a naciones productoras y de tránsito de drogas, como Colombia y México, del grave problema de consumo de drogas que tienen en casa, con Trump en la Casa Blanca esa tendencia se ha acentuado. “En el discurso maniqueo de Trump, todo lo malo viene de fuera: los inmigrantes, los criminales, los terroristas, hasta el comercio… y ahí entran también las drogas, pese a que Estados Unidos se ha convertido en un gran productor de mariguana legal e ilegal”, asegura. Jaramillo considera que los ataques de Trump seguirán al menos durante el año y medio que resta de campaña. Para la internacionalista Sandra Borda, el problema para el gobierno colombiano es que a pesar de su empeño en seguir al pie de la letra las recetas antidrogas de Estados Unidos eso no le garantiza que habrá una reducción de las drogas ilícitas disponibles en el mercado estadunidense. “De hecho, esa es una característica de la viejísima guerra contra las drogas como la conocemos hoy: simplemente no funciona”, plantea. La profesora de la Universidad de los Andes considera que, por ello, “es un error pensar que es una buena estrategia internacional adherirnos acríticamente a la política antidrogas en su versión más prohibicionista”. Al principio, dice, “podemos obtener aplausos por la lealtad, pero inevitablemente quedamos atrapados porque nunca logramos satisfacer las expectativas de desempeño que tienen en Washington”. De acuerdo con Borda, el gobierno de Duque quiere que le funcione una estrategia “que ha fracasado una y mil veces en el pasado” y pasa por alto que acercarse a Washington sin poder mostrar resultados contantes y sonantes en el frente antidrogas no contribuye a ablandar sus demandas. “Que digan que somos sus aliados, que somos unos buenos tipos y que tenemos una relación especial, para ellos no entra en contradicción cuando se trata de torcernos el brazo por no cumplir con las metas de reducción de producción y tráfico de drogas”, asegura. Con esta sucesión de ataques de Trump a Duque muchos congresistas colombianos de oposición se preguntan si Colombia debe seguir respaldando la estrategia de Washington frente a Venezuela cuando esta no ha producido la salida de Maduro del poder y a pesar de que los halcones de la Casa Blanca mantienen “todas las opciones sobre la mesa” para lograr ese propósito, incluida la militar. El senador izquierdista Jorge Robledo señala que la crisis en Venezuela afecta a Colombia por varias vías, en especial por la oleada migratoria procedente del vecino país, que suma ya dos millones de personas. “Si por cualquier detonante, que ojalá no suceda, Venezuela se llega a incendiar, el riesgo de que Colombia también se incendie es muy alto. Por eso debemos promover una solución pacífica de esa crisis. Es una irresponsabilidad absoluta azuzar o promover soluciones de fuerza, soluciones violentas”, asegura. Y dice que, en este sentido, “resulta inaceptable” la posición de Trump, quien ha insistido en que Estados Unidos no descarta utilizar la violencia y volcar su fuerza militar “para imponer una determinada situación en Venezuela”. Colombia, sostiene el senador, “no puede ser parte de eso” y el presidente Duque “debe dejarlo claro y debe también dejar perfectamente en claro que el territorio de Colombia no será usado como una especie de portaaviones para agredir a Venezuela ni a ningún otro país”.