SLP: Ejidatarios denuncian contaminación de un arroyo por obras con explosivos en presa La Maroma

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- A pesar del juicio de amparo que se desahoga en contra de la construcción de la presa La Maroma en el municipio de Villa de Guadalupe –interpuesto por habitantes del Ejido La Presa que ven afectada la dotación presidencial de agua- la Comisión Nacional del Agua ( Conagua) continúa con los trabajos y durante abril se han realizado varias detonaciones que están arrojando material al arroyo El Jordán, del que se abastecen las comunidades de la zona.

Esto fue denunciado por ejidatarios que a través de la asesoría jurídica que reciben, solicitaron al Juez Cuarto de Distrito de San Luis Potosí que lleva el juicio, que ordene a la Conagua exhibir los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el uso de explosivos en esa zona, que es un requisito indispensable para las detonaciones que se realizan.

Daniel Jacobo Marín, asesor jurídico de los ejidatarios, explicó que aunque se les ha impedido el acceso a la zona donde realizan los trabajos relacionados con la construcción de la presa La Maroma, ejidatarios y pobladores han podido registrar los impactos de las detonaciones que han provocado el arrastre de material hacia el arroyo El Jordán, afectando la calidad del agua que el ejido La Presa y los poblados aledaños utilizan para su consumo.

Las detonaciones se realizan en un tramo del camino de Los Chilares a La Maroma, en la Sierra de Catorce, para habilitar un camino que conduciría al sitio donde se pretende levantar la cortina de la presa a la que se opone la población de la zona, que cuenta con una dotación por decreto presidencial.

Por esto, se ha solicitado al Juez Cuarto de distrito dentro del juicio de amparo que se sigue en contra de la construcción de la presa que se resuelva la suspensión definitiva, puesto que la detonación de explosivos y la extracción de materiales pétreos del arroyo deben contar con sus permisos, independientemente de la resolución de la Secretaría del Medio Ambiente sobre la propia presa, lo que no ha sido demostrado por la Conagua.

Además de la petición presentada al Juez de Distrito, en mayo próximo se celebrará una audiencia en el tribunal Unitario Agrario, donde se busca anular un acta de asamblea ilegal promovida por funcionarios de la Conagua en el estado que se presentó para supuestamente probar la autorización del ejido para la explotación de las tierras para esta obra.

“Los actos que se realizan son de imposible reparación para las comunidades agrarias y para el medio ambiente; además, se prosiguen en perjuicio del principio de legalidad y de precaución ambiental”, expuso el asesor jurídico.

Explicó que en el juicio de amparo se propusieron: un peritaje en hidrología ambiental y otro en antropología social “para identificar las afectaciones ambientales en términos hídricos y a la salud y vida comunitarias”.

Por ahora, el impacto de las detonaciones y el material derramado hacia el arroyo modifica la calidad del agua que es aprovechada por los pobladores para el riego y uso doméstico.

Sobre todo, explicó Jacobo Marín, porque las aguas del arroyo “provienen de los manantiales que afloran en la Sierra, es agua de mejor calidad que la que se podría obtener con pozos”.

Los asesores jurídicos buscan obtener la suspensión vía judicial de las obras.

 

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