“Persecución y criminalización”, la respuesta del gobierno de AMLO a crisis en frontera sur: ONG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de 200 organizaciones de la sociedad civil condenaron “categóricamente” la redada contra migrantes en Chiapas, el pasado lunes 22, y criticaron la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) hicieron esa declaración un día después del operativo instrumentado por el Instituto Nacional de Migración (INM) para capturar a cientos de migrantes que ayer escaparon de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula.

El gobierno federal, subrayaron, responde a la crisis humanitaria en su frontera sur mediante la “persecución y la criminalización”, además de que, lamentaron, está cometiendo “graves violaciones a los derechos humanos” mediante la detención de niños.

También manifestaron sus dudas sobre la pretensión de López Obrador de impulsar proyectos de “desarrollo” en Centroamérica para evitar la salida de personas, pues –recalcaron– los convenios “bajo ninguna circunstancia han sido consultados a la población”.

Añadieron: “Muchos de los proyectos de desarrollo y megaproyectos que hoy se realizan en Honduras, El Salvador y Guatemala han generado despojo de tierras y bienes, ocasionando el desplazamiento forzado interno e internacional de comunidades enteras, al asesinato de personas defensoras de tierra, territorio y recursos naturales, y presionando a las personas a huir, en muchos casos a otros países ante las amenazas de que son objeto”.

Prosiguieron: “Sería muy lamentable que México, con su intervención, impulsara este tipo de hechos”.

En un comunicado, las organizaciones mexicanas, centroamericanas y estadunidenses recordaron que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y Tonatiuh Guillén, comisionado del INM, manifestaron que la “nueva” política migratoria mexicana estará basada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Sin embargo, “lo que vimos el pasado 22 de abril y lo que hemos estado documentando desde el pasado 23 de marzo, nada tiene que ver con la protección de derechos humanos”, ya que el gobierno federal, sostuvieron, mantiene la migración bajo el enfoque de “seguridad nacional”, lo cual “favorece la persecución y criminalización de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional”.

El boletín fue firmado por 13 redes y colectivos mexicanos, así como 33 organizaciones, cuatro universidades, 37 académicos y 12 defensores de derechos humanos; en Centroamérica suscribió una red conformada por 42 organizaciones, y al reclamo se unieron cinco colectivos estadunidenses.

Una política basada en los derechos humanos, manifestaron, “implicaría el despliegue inmediato y coordinado de asistencia humanitaria, sin llegar a los lamentables casos de personas, entre ellas niños y niñas, que pasaron días sin comer y beber agua, hasta que su salud se vio comprometida”.

Las organizaciones también desmintieron a Sánchez Cordero, Guillén y Encinas, quienes el pasado miércoles 24 afirmaron que las 371 personas migrantes detenidas durante la redada del 22 de abril –mientras descansaban de una caminata de siete horas– se habían rehusado a su registro.

“Muchas de ellas habían iniciado sus trámites de regularización y solicitud de asilo en Tapachula y se vieron afectadas por el cierre de la oficina de regularización del INM y por el colapso de la atención en la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (…) Ante el cierre de las oficinas, la falta de claridad en los trámites y la ausencia de atención humanitaria integral, la desesperación obligó a las personas a reiniciar el tránsito por la costa de Chiapas”, afirmaron.

Finalmente plantearon que, contrario a las declaraciones de Encinas –quien viajó a Chiapas ayer–, la Feria Mesoamericana que habilitaron las autoridades no es un “albergue”, sino una “extensión de la Estación Migratoria Siglo XXI”, que en realidad es un centro de detención.

Y también criticaron la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que, según las organizaciones, “sobrepone una situación de relación económica sobre una de respeto, protección y garantía de derechos humanos”.

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