CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez García, reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador la falta de cumplimiento a su palabra, empeñada hace un año como candidato, para priorizar los derechos de 40 millones de personas menores de 18 años. Al presentar un informe sobre la incidencia delictiva en los últimos cuatro años, que ha cobrado la vida de 4 mil 299 niñas, niños y adolescentes, Pérez García recordó que el 30 de abril del año pasado, siendo candidato, el tabasqueño se comprometió a ser garante de los derechos de la infancia en caso de ser electo presidente, situación que no tomó en cuenta al continuar la estrategia de seguridad pública militarizada seguida por sus antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ahora con la figura de la Guardia Nacional. “No vemos ninguna diferencia en la estrategia de seguridad de Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel, es la misma continuidad (basada en) militarización, centralismo desde lo federal, no se fortalece lo municipal ni lo estatal. Más efectivos en territorio, muy poquitas carpetas de investigación y casi nadie sentenciado”, explicó. Tras urgir al gobierno federal a atender las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en el sentido de modificar la estrategia militarista de combate al crimen organizado, el defensor destacó que en el primer trimestre de este año ocurrieron 285 homicidios dolosos contra población de cero a 17 años. Tomando como base datos desagregados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Redim resaltó que “diariamente tres niñas, niños y adolescentes habrían perdido la vida, siendo Guanajuato la entidad más violenta, en donde nueve de cada 10 asesinatos afectaron a niños y adolescentes”. Juan Martín Pérez presentó datos oficiales que hablan del incremento alarmante de la violencia hacia menores de edad, en regiones donde ha habido despliegue de tropas militares y navales, lo que cuestiona la efectividad de la estrategia de seguridad seguida por el presidente López Obrador. Criticó que la contraparte del despliegue de la Guardia Nacional sea la entrega de recursos económicos sin un planteamiento integral, que tendría que estar acompañado de otras acciones para la reconstrucción del tejido social y, de manera particular, el abatimiento de la impunidad. “Sin carpetas de investigación no sirve hablar de corrupción, necesitamos a personas procesadas por corrupción y por la impunidad; necesitamos ubicación estratégica del presupuesto, y eso es lo que va a cambiar las cifras. Si no atendemos la evidencia que son los datos públicos, todo lo demás no tiene impacto”, consideró el defensor tras destacar que el próximo martes 30 entregarán el informe a López Obrador, en la sesión del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que preside el Ejecutivo. De igual manera, urgió a diseñar “una estrategia para frenar la violencia, que siendo realista no se va a detener en seis meses, con base en la evidencia”. Detalló que de las 2 mil 987 personas asesinadas entre 2015 y 2019, 284 de las víctimas eran menores de edad. Y en materia de desaparición de personas, abundó, hasta abril de 2018, de los 37 mil 487 desaparecidos, 6 mil 614 eran menores de edad, de los cuales ocho de cada 10 tenían entre 13 y 17 años. Sobre este último dato, Pérez García destacó que “resulta ofensivo” que, habiendo tal cantidad de menores desaparecidos, “existan sólo 454 carpetas de investigación por trata de personas, y de esa sólo 78 se refieran a niñas, niños y adolescentes”. Y recordó que el año pasado, uno de los compromisos que firmó López Obrador se refiere al fortalecimiento del SIPINNA, instancia encargada de coordinar las políticas públicas a favor de la infancia. Sin embargo, no sólo para la creación de la Guardia Nacional el mecanismo no fue tomado en cuenta, sino que “no ha pasado el tema de las instancias infantiles, que significó cortar de 4 mil a 2 mil millones de pesos un programa que tenía una buena evaluación por Coneval, que afecta a 300 mil niños de cero a cuatro años, particularmente a niños pobres. Eso ya es violatorio de la Constitución y significa que no se está priorizando a la niñez”. Otra medida que emprendió el gobierno de López Obrador en contra de la niñez, añadió, es el cierre de los comedores populares, “donde un número importante de los usuarios eran niñas y niños pobres. Y la reforma educativa se hizo sin escuchar a niñas, niños y adolescentes y nunca fueron motivo de discusión”. Durante este gobierno, dijo, “se cerró el programa de jornaleros agrícolas, que atendía a niñas y niños que acompañaban a sus familias en las temporadas de cosecha; se cerraron los recursos para los albergues de las mujeres que son víctimas de violencia, que no van solas, casi siempre van acompañadas de dos o tres hijos, y de los 80 (refugios) sólo 20 o 40 alcanzarán recursos”. Con un impacto directo a la niñez, “se recortó en 16% el presupuesto del DIF nacional, pegando directamente a las procuradurías de protección de la niñez, además de que se nos dedica una carta de amor el 14 de febrero, diciendo, contra lo que indica el Presupuesto de Egresos de la Federación, que no se dé dinero a las organizaciones de la sociedad civil”. Luego de señalar que, a excepción del 30 de abril del año pasado, López Obrador no ha abordado los problemas de la infancia, exigió que en apego a su responsabilidad constitucional tome en cuenta a la niñez en cada toma de decisión. “El 30 de abril del año pasado (López Obrador) era otra persona. Hubo una trasfiguración el primero de diciembre, pero hay marcos de ley que se tienen que respetar y son de obligado cumplimiento, de ahí la exigencia para que los derechos de niñas, niños y adolescentes se atiendan en función de que es el presidente del Sistema Nacional (SIPINNA), que impacta a 40 millones de personas menores de edad, 22 millones d ellos cuales están en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema”.