Edison Lanza, relator de la CIDH: “Las conferencias valen la pena sólo si hay libertad para preguntar”

Edison Lanza. Señalamientos. Foto: Benjamín Flores Edison Lanza. Señalamientos. Foto: Benjamín Flores

Relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, muestra su preocupación por el trato ríspido del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus críticos. En entrevista con Proceso, sostiene que la obligación de un jefe de Estado es comportarse con rigor y prudencia, mientras que la tarea de la prensa es ser inquisitiva y hacer preguntas sobre cómo se administra el poder.

WASHINGTON (Proceso).- Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es directo cuando se refiere a las descalificaciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la prensa porque, dice, éstas ponen en riesgo el trabajo de los periodistas.

“El papel del periodista es preguntar, ser inquisitivo, hacer preguntas sobre cómo se administra el poder”, expone Lanza a Proceso, y se dice extrañado por la intolerancia del mandatario hacia los medios de comunicación y a los reporteros que critican su gobierno.

De acuerdo con el encargado de velar por el respeto e integridad de la prensa en el hemisferio en la Organización de los Estados Americanos (OEA), “el periodista debe preguntarle a un presidente –por suerte Andrés Manuel López Obrador da muchas conferencias de prensa–”, pero, aclara, “las conferencias valen la pena sólo si hay libertad para preguntar”.

Enterado de la manera en que el mandatario desdeña a medios de comunicación que ponen en duda su gestión y califica de “fifís” o “conservadores” a quienes le recuerdan el incumplimiento de sus promesas de campaña, Lanza hace un llamado a López Obrador: “No debe avivar u hostigar a los medios por las preguntas que hacen los periodistas o por el hecho de que sean temas de una línea crítica”.

Los medios de comunicación profesionales, dice, deben ser neutrales porque enriquecen a la sociedad democrática; por lo tanto, la obligación de un jefe de Estado es respetar todas las ideas y opiniones.

Lanza recuerda que, como opositor, AMLO incluso condescendía con los críticos de los anteriores gobiernos; por eso, afirma, le sorprende que ahora, como presidente, los descalifique, en particular al periódico Reforma. Y enciende la luz de alerta:

“López Obrador tiene la suficiente popularidad, seguidores y legitimidad para mandar un mensaje poderoso de que él respeta el papel de la prensa y a los periodistas, y de que no considera que ellos sean una basura… porque eso los pone en mayor riesgo, y eso se nota en las redes sociales.”

El relator de la CIDH compara la posición de AMLO con la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante algunos de los medios de comunicación de su país, y con las del venezolano Nicolás Maduro y de Rafael Correa cuando fue mandatario de Ecuador.

Intimidaciones

La responsabilidad de un funcionario es distinta a la de un ciudadano común, dice Lanza. Y agrega: “Por supuesto que aquel tiene derecho a expresarse –y vaya si lo hacen los presidentes y los líderes del mundo–, pero cuando ocupa la jefatura de Estado su obligación es comportarse con rigor y prudencia”.

Con respecto a México, el caso es muy especial para la CIDH por la violencia estructural que azota a la nación. Lanza manifiesta su preocupación por las recriminaciones casi cotidianas de AMLO a los medios que no se comportan como él quisiera. 

“Ante la violencia estructural tan grave como la de México, hay tres obligaciones que los Estados deben cumplir para terminar con lo que no sólo atenta contra la profesión sino contra la democracia mexicana: prevenir la violencia contra periodistas, proteger a los que están en riesgo y luchar adecuadamente contra la impunidad de los crímenes contra el gremio”, enfatiza el relator especial de la OEA.

Dice preocuparle que cuando López Obrador ataca a los medios de comunicación, sus huestes de fanáticos puedan malinterpretar el discurso e intentar actuar en consecuencia; es decir, atacar a los críticos.

Y pone como ejemplo lo que pasó el 28 de junio del año pasado en Estados Unidos, cuando Jarrold Ramos, un fanático azuzado por los discursos de Trump, entró a la redacción de Capital Gazette, en Annapolis, Maryland, y disparó contra los periodistas. Mató a cinco e hirió a otros dos. Ramos admitió tener diferencias personales con Capital Gazette por el trato editorial que da a las autoridades de su país, incluido el presidente Trump.

“No digo que sea siempre tan directa la relación, pero sí que muchas veces puede ser mal interpretado el presidente por los fanáticos, o por alguien que entienda que él está dando una orden de hostigar cuando dice: el problema no es conmigo, es con los ciudadanos”, aclara Lanza.

Sobre el caso de México, el relator especial evita señalamientos específicos, pero insiste en que la actitud de AMLO ante las críticas y denuncias de los medios de comunicación va contra el derecho a la libertad de expresión. “Pretender que los medios de comunicación sólo digan cosas buenas de uno es propaganda”, resalta.

En cuanto a Trump, dice, él sí atenta abiertamente contra la libertad de expresión, pues cuando sostiene que los periodistas son los verdaderos enemigos del pueblo alienta a la población a que descalifique a la prensa.

“Las preguntas –puntualiza– no son enemigas del pueblo. Las preguntas que hacen los periodistas, las opiniones, son parte del debate público. Y el presidente tiene la obligación de responderlas.”

Afirmaciones preocupantes

Prosigue Lanza: En Ecuador, durante el régimen de Rafael Correa, el mandatario decía que la prensa era corrupta, deshonesta, pero “la gente terminó sacándolo del poder; mediante el voto, por suerte. El parlamento ecuatoriano terminó reformando las leyes; todo mundo terminó muy cansado por los discursos confrontativos con los medios”.

–AMLO ha recomendado a los reporteros y a los medios de comunicación del país que sean prudentes. ¿Qué opinión le merece esta posición del presidente? –se le inquiere al relator de la OEA.

–Cada periodista tiene su estilo y ese tipo de afirmaciones (de López Obrador) son preocupantes. En vez de decir: yo, como presidente, respeto todas las preguntas y voy a responder las que considere (pertinentes).

Y se pregunta: “¿Cuál es la prudencia de un periodista? ¿Que no pregunte? ¿Que no haga preguntas difíciles, complejas? ¿Que no haga las preguntas que muchos ciudadanos quieren hacer? Creo que un periodista es sus preguntas; en buena medida un periodista que no tiene buenas preguntas no es un buen periodista”.

–Por naturaleza, la prensa debe ser imprudente, ¿no? –insiste el corresponsal.

–No entiendo lo de la prudencia. Un periodista que no va informado a una conferencia de prensa, y que no es capaz de ir más allá del discurso oficial, no es un periodista. Un periodista que (sólo) toma nota de lo que dijo el presidente es un “periodista del dijo dijo”. Un periodista tiene que cuestionar, y si al funcionario no le gustan las preguntas, que no responda. La gente (es la que) va a juzgar. 

Sobre los ataques a la prensa ocurridos en México a partir del 1 de diciembre, cuando AMLO llegó a Los Pinos, recomienda al presidente aprovechar sus conferencias matutinas para hacer condenas enérgicas de esos hechos.

También le pide a la nueva administración reforzar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) para que México disponga de un ente poderoso que identifique y sancione a quienes atentan contra los informadores. 

–¿Ha mejorado la situación de la prensa con AMLO? 

–Estamos ante un gobierno al que no se le pueden exigir resultados inmediatos, pero sí hay cosas concretas, como la necesidad de mejorar la eficacia de las medidas de protección a periodistas, una mejor coordinación con los gobiernos locales, así como un buen monitoreo de las regiones.

“Reforzar también la fiscalía especializada; poner allí a un fiscal experto y tal vez una cooperación internacional para resolver los casos emblemáticos –como los de Javier Valdez y Miroslava Breach– y los de decenas de comunicadores asesinados en los últimos 10 años.” 

–¿Sigue siendo México el país más peligroso del hemisferio para ejercer el periodismo?

–Sin duda. Colombia ya reforzó su mecanismo de protección de periodistas; gasta 7 millones de dólares por año en ese rubro. Hoy la tasa de periodistas asesinados es prácticamente de 0%. 

–¿Cuánto gasta México en ese rubro?

–La cifra es bastante menor. Desde hace dos o tres años el mecanismo protege a más 50 periodistas y defensores de derechos humanos; un avance importante, sin duda. Pero el informe que hicimos con el relator de Naciones Unidas exige profundizar ese mecanismo; tener más y mejores analistas de riesgo en todo el país y asumir que (la administración de López Obrador) tiene que gastar una cifra importante para que no le sigan asesinando periodistas. Son decisiones políticas de fondo que, esperamos, sean abordadas. 

Lanza también habla de la desmesurada publicidad oficial en los medios de comunicación desplegada durante los gobiernos anteriores, en particular el de Enrique Peña Nieto, quien erogó más de 100 millones de dólares por año durante su gestión para favorecer sólo a algunos de ellos.

“Es escandalosa esta relación entre el poder político y la prensa –dice–. Sería bueno que López Obrador no sólo redujera la publicidad oficial; lo deseable es que también establezca reglas objetivas mediante un órgano independiente externo que vigile cómo se asigna la publicidad. Si hiciera una buena ley que se ajuste a los estándares internacionales, empezaría a cambiar esa relación.”  

Esta entrevista se publicó el 28 de abril de 2019 en la edición 2217 de la revista Proceso

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