Diputados aprueban Ley de Austeridad; sólo el PRI se abstuvo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por mayoría de votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, que prohíbe la creación de fideicomisos, la compra de vehículos de lujo y la contratación de seguros de ahorro para servidores públicos, y mantiene el sábado como día de asueto de la burocracia.

Luego de dos horas de discusión, con 387 votos la ley se avaló en lo general. No hubo votos en contra, pero sí 33 abstenciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El resto de los partidos (Morena, PAN, PRD, PVEM, MC, PT y PES) sufragaron a favor.

Las medidas de austeridad se enfocarán “en el gasto corriente no prioritario”, y se evitará “reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana”.

Todos los vehículos aéreos se utilizarán únicamente para actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea y protección civil, así como para el traslado de enfermos.

De acuerdo con el documento, las nuevas medidas se aplicarán a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal (APF), así como a los poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos.

El documento establece como premisa que el comportamiento de todo servidor público sea “austero y probo”, sujetándose a un pago adecuado conforme a sus responsabilidades.

Advierte: “Por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el presupuesto.
Por ningún motivo se autorizarán pensiones al titular del Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”.

Y en los artículos transitorios se insiste sobre la prohibición y cancelación de “cualquier otro tipo de pensión creada ex profeso para beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal (expresidentes de México).

Además, deberá haber una separación “categórica” entre la función pública y los intereses particulares.

El objetivo de la nueva ley es “establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano. Fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad y establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, entre otras”.

De acuerdo con el documento, al implementar los ahorros se abstendrán de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, y queda prohibida la duplicidad de funciones.

De igual manera, se prohíben las delegaciones de la administración públicas en el extranjero, debido a que la política exterior le corresponde sólo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para llevar a cabo todas estas medidas, se formará un Comité de Evaluación que promoverá y evaluará las políticas y medidas de austeridad republicana.

Y quien viole las disposiciones será sometido a los procedimientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Una vez aprobada la ley en el Senado de la República y luego de su entrada en vigor, se contará con 180 días para ajustar todos los marcos normativos y se realizarán las adaptaciones para hacer las compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública y servicios.

Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, dijo que el proyecto propone la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto público como política de Estado, con apego a principios de economía, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

“Se establece que todas las compras serán por licitación pública, no sólo el 70%, y las excepciones tienen que ser plenamente justificadas. Lo deseable es que no existan compras fuera de licitación pública”.

Durante la discusión, el morenista Pablo Gómez dijo que se hará “un llamado a todo el Estado nacional mexicano y a la sociedad mexicana para que cada cual ponga de su parte algo en la lucha contra la corrupción”.

El Partido del Trabajo (PT), a través de la legisladora Ana Carina Rojo Pimentel, aclaró: “No es un decreto presidencial, es un mandato del pueblo, lo exige. Se llegó el tiempo de dignificar la política en nuestro país. Se terminó el tiempo donde los representantes populares se hacían ricos con el erario público”.

El Partido Acción Nacional (PAN) alabó el dictamen, construido con la propuesta del Ejecutivo federal y los cambios de todos los partidos.

“Es adecuada esta ley con contrapesos y sanciones reales que constriñe afanosamente el problema del gasto superfluo”, puntualizó Sonia Rocha Acosta.

Y el morenista Humberto Pedrero se explayó detallando la norma:

“Impide que se expanda el gasto corriente, esto quiere decir que va a impulsar la inversión. Se prohíbe tener chofer o secretario particular a todos los funcionarios públicos, excepto los secretarios de Estado. Se limita la contratación de personal por honorarios, así como servicios de consultoría. Se restringe el gasto destinado a comunicación social. Se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo. Se prohíbe remodelar oficinas. Y se limita el uso de fideicomisos públicos”.

El perredista Antonio Ortega, aunque votó a favor en lo general, advirtió que la ley sólo generará amparos y suspensiones.

“Es un discurso de campaña, es un discurso de un símbolo más con el que se quiere retener la esperanza y la confianza, es una propuesta que va a repetir el camino de la ley de remuneraciones, amparos suspensiones y dificultad para su aplicación”, soltó.

El PRI, a través de Fernando Galindo, reclamó: “Lo único que tiene de bueno esta ley es su nombre, porque se llama Ley de Austeridad. ¿Qué tiene de nuevo? Absolutamente nada. Esta ley es una recopilación de lo que está establecido en la Ley Federal de Presupuesto, en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras Públicas”.

El morenista Benjamín Saúl Huerta Corona dio en el corazón de la ley al advertir: “No habrá yugo suave de la ley en este dictamen. Se regula. Servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y profesional conforme a sus responsabilidades”.

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