Juez ordena remover a Mario de la Madrid como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Colima

COLIMA, Col. (apro).- Un juez federal ordenó remover a Mario de la Madrid Andrade del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), como consecuencia de la concesión de un juicio de amparo a un servidor público de ese organismo.

El quejoso, protegido contra actos del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, del Congreso local y del STJE, argumentó que se violaron sus derechos al no contar con igualdad de condiciones para participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de magistrado en el máximo órgano judicial del estado.

Al resolver el juicio de amparo 598/218, el juez tercero de distrito en la entidad, Ignacio Beruben Villavicencio, determinó que debe reponerse el procedimiento para que el demandante pueda participar, sin que se limite el derecho de Mario de la Madrid de tomar parte nuevamente en el proceso de selección, aunque “el cargo que ocupó no le otorgará ventaja ni puntuación adicional alguna frente a otras personas que puedan intervenir en el concurso, como tampoco respecto del quejoso”.

El nombramiento de Mario de la Madrid como magistrado se produjo el 13 de julio de 2018. El juicio de amparo fue promovido el 20 de ese mismo mes, pero desechado días más tarde, por lo que fue presentada una queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, que el 17 de diciembre pasado determinó la admisión de la demanda.

En su sentencia, fechada este 30 de abril, el juez estableció que, al no haberse respetado el derecho de participación del quejoso, a través de una convocatoria para ocupar el cargo de magistrado, las autoridades responsables incumplieron con los estándares nacional e internacional de nombramiento de magistrado del citado tribunal local y, por tanto, de las disposiciones constitucionales y legales locales.

“Lo anterior es relevante porque la independencia de cualquier juzgador supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento y con una garantía contra presiones externas, pues se ha entendido como una consecuencia necesaria de la separación de los poderes, y si no se respetan ciertos parámetros básicos, el régimen de selección y nombramiento podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan en el proceso, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían necesariamente las más idóneas”, advirtió.

De igual manera, sostuvo que se debe implementar un procedimiento cuantitativamente idóneo y objetivo para elegir a las personas idóneas para desempeñar una función jurisdiccional, es decir que para elegir a los funcionarios judiciales deben utilizarse criterios iguales, lo cual significa que los aspirantes deben participar en igualdad de condiciones.

“Es relevante esa circunstancia, dado que la implementación de un mecanismo objetivo de selección permite garantizar que la sociedad cuente con funcionarios de excelencia, cuya elección se basa en un sistema riguroso que estudie la preparación de los aspirantes, así como el respeto que tenga la sociedad por quienes ostentan dichos cargos”.

En este caso, consideró el juez, el derecho a la libre participación para ocupar un cargo público no fue respetado por las autoridades responsables ante la ausencia de un proceso abierto de nombramiento de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, por no emitir convocatoria para la sociedad en general que permitiera a las personas interesadas poder participar en igualdad de condiciones, y así elegir a la persona que resultara idónea para ocupar dicho cargo, de acuerdo con sus méritos personales y capacidad profesional.

Por lo anterior, ordenó dejar sin efectos el acuerdo 84 del 13 de julio de 2018 y respetar el derecho del quejoso a participar en igualdad de condiciones en el proceso de selección y nombramiento de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Colima, y cumplir lo que el mismo derecho exija de acuerdo con las consideraciones sostenidas en el fallo.

Precisó que en un periodo razonable y debidamente justificado debe realizarse el proceso de nombramiento de magistrado del STJE, conforme a los estándares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“En ese cometido, las autoridades responsables tienen libertad de actuación para establecer las reglas del concurso de oposición al que deben convocar y establecer de qué manera van a operar, pero obviamente respetando el consabido derecho a la igualdad”.

En ese sentido, el gobernador y el Congreso local están obligados a preestablecer las reglas, normas y mecanismos del certamen, con el objeto de dotar de certeza al proceso de selección, de modo que todos los participantes conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las cuales está sujeta su actuación, cuidando en todo momento la transparencia y evitar prácticas desleales.

Por otro lado, “una vez que expidan las reglas, están obligados a acatarlas rigurosamente, para evitar confusiones en su aplicación, parcialidad, demérito o inequidad entre los participantes, respecto de la certeza bajo las condiciones en las cuales se desarrollará el proceso de selección y designación, lo cual también exige absoluta secrecía para evitar que los participantes conozcan antes las preguntas o reactivos de los exámenes”.

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