TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (Redias) exigió al gobierno estatal la instalación de una mesa permanente de diálogo interinstitucional con las organizaciones de la sociedad civil para la creación de rutas de atención a niñas, niños y adolescentes, en el marco de la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur con el éxodo migratorio. De igual, forman demandaron mayores garantías de protección a las niñas, niños y adolescentes en Chiapas, pues cuenta con la población infantil más numerosa del país, donde cuatro de cada diez personas tienen menos de 18 años, de las cuales 83.8% vive en pobreza. La Red conformada por Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C. y World Vision México dijo hoy que Chiapas sigue teniendo los mayores índices de pobreza y mortalidad  infantil, embarazo adolescente y rezago escolar a nivel nacional. https://twitter.com/REDIAS_CHIS/status/1123353339398381568 Expuso que sin política pública ni presupuesto será imposible revertir condiciones que sistemáticamente afectan el buen vivir de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en la entidad. Refirió que Chiapas tiene la población infantil más numerosa del país; cuatro de cada diez personas tienen menos de 18 años, de las cuales el 83.8 por ciento vive en pobreza. En regiones como Los Altos, niñas y niños indígenas siguen muriendo por causas prevenibles como enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, lo que sitúa al estado en el noveno lugar nacional en mortalidad infantil. Señaló que los proyectos escolares de miles de jóvenes se truncan en la secundaria. Solamente siete de cada diez adolescentes concluyen su educación básica, lo que coloca al estado con el segundo menor promedio de escolaridad a nivel nacional. La Red expuso que la violencia contra la infancia se refleja en los embarazos adolescentes de niñas de 10 a 14 años con la segunda tasa más alta del país y también en las desapariciones y feminicidios. En 2018 y lo que va de 2019 han desaparecido 146 niñas, niños y adolescentes, y 7 niñas y adolescentes fueron asesinadas. Asimismo, el contexto de violencia social e institucional que se vive en la entidad ha generado el desplazamiento forzado de más de tres mil niñas, niños y adolescentes en 2017 y 2018 que aún no pueden retornar a sus comunidades de origen. Miles más que vienen viajando de diferentes países de América Central son detenidos y sometidos a tratos crueles, humillantes y entornos torturantes, ya que los albergues destinados para la protección y atención integral terminan siendo anexos de las estaciones migratorias, privándoles de su libertad. En el 2018 fueron detenidos 31 mil 717 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 81.86 por ciento fueron deportados de forma inmediata sin garantizar el cumplimiento del debido proceso o de acceso a la protección internacional;  no existen datos desagregados sobre niños, niñas y adolescentes solos, no acompañados ni acompañados;  de enero a febrero del año 2019 han habido 5 mil 121 detenciones y 3 mil 692 deportaciones. Y que frente a estas graves situaciones, las organizaciones observan con preocupación que el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Proespinna) no esté claramente considerado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, lo que implicaría que los objetivos y estrategias en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes quedarían nuevamente fuera de la agenda estatal y con pocas o nulas posibilidades de contar con presupuesto. Ello representaría, señalaron, serias dificultades para detener y revertir condiciones que sistemáticamente afectan el buen vivir de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en la entidad. Llamaron al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que como presidente del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), instalado el pasado 16 de abril,  así como al Congreso y Ayuntamientos, a que en el marco de sus competencias garanticen la incorporación del Proespinna, aprobado en noviembre de 2018, en el Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo y asignar recursos para su adecuada implementación. Demandaron que se impulse la instalación y funcionamiento de los 124 Sistemas Municipales de Protección con la participación de actores de la sociedad civil y  que se fortalezcan las Procuradurías de Protección a nivel estatal y municipal, garantizando que cuenten con recursos técnicos, financieros y operativos y un adecuado seguimiento Exigieron al gobierno estatal que se observe y respete el principio del interés superior en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y en todas las decisiones y actuaciones del Estado. Pero, sobre todo, generar las condiciones, los espacios y los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes sean escuchados y tomados en cuenta para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afectan. Asimismo, ante el contexto en la frontera, solicitaron la instalación de una mesa permanente de diálogo interinstitucional con las organizaciones de la sociedad civil para la creación de rutas de atención a niñas, niños y adolescentes, reconociendo la crisis humanitaria presente.