El PAN de Baja California acusa a Morena de sumar a personas vinculadas al crimen organizado

Jaime Bonilla Valdez, candidato a la gubernatura por la coalición que integran Morena, PT, PVEM y el local Transformemos. Foto: Tomada de Facebook Jaime Bonilla Valdez, candidato a la gubernatura por la coalición que integran Morena, PT, PVEM y el local Transformemos. Foto: Tomada de Facebook
José Luis Ovando Patrón, líder del PAN en Baja California. Foto: Tomada de Facebook
José Luis Ovando Patrón, líder del PAN en Baja California. Foto: Tomada de Facebook

ENSENADA, B.C. (apro).– José Luis Ovando Patrón, presidente del Comité irectivo Estatal del PAN, denunció que la coalición Juntos Haremos Historia incluyó en su campaña a la gubernatura a personas “vinculadas con la delincuencia”.

Dio dos nombres: el abogado Humberto El Pato Valdez Ramos y el empresario Amado Cruz Anguiano, ambos de Tijuana.

Del primero dijo que trabajó para el Cártel de Sinaloa y, del segundo, afirmó que laboraba en el Cártel de Tijuana.

En conferencia de prensa, el dirigente panista agregó:

“A lo mejor hay habitantes del estado que todavía no conocen esa información, (pero) Jaime Bonilla (Valdez, candidato a la gubernatura de la coalición que integran los partidos Morena, PT, PVEM y el local Transformemos) no nada más se está llevando a Morena a la basura política; se está llevando a Morena a gente vinculada con la delincuencia. No es cosa menor el tema.”

Ovando Patrón se refirió a las dos personas porque en abril y mayo del 2007, en el caso de Humberto Valdez, y en marzo de 1998, en el de Amado Cruz, se vincularon en escándalos públicos y jurídicos por su presunta participación en hechos delictivos.

 

Humberto Valdez, señalado en videos

Humberto Valdez fue citado en dos videograbaciones como integrante de un grupo especial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que daba “protección” en Baja California al Cártel de Sinaloa.

José Ramón Velásquez Molina, excomandante de la Policía Ministerial del estado y guardaespaldas de Ernesto Ruffo Appel cuando éste era gobernador de la entidad, fue privado de su libertad y torturado por presuntos sicarios al servicio de los hermanos Arellano Félix.

Lo videograbaron antes de asesinarlo. En el interrogatorio filmado que se entregó a medios de comunicación locales, Velásquez afirmó que el procurador general de Justicia en el sexenio del panista Eugenio Elorduy Walther, Antonio Martínez Luna daba protección a El Chapo Guzmán y al Mayo Zambada, y que él trabajaba en Mexicali para el Cártel de Sinaloa junto a Humberto El Pato Valdez.

Martínez Luna, que localizó el cadáver de José Ramón Velázquez enfrente de la casa de su novia, negó conocer a Valdez, pero días después se dio a conocer otro video en donde el abogado, en charla con el secretario particular del procurador, Julio Lamas, y el titular de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, Víctor Felipe de la Garza Herrada, presentaba una estrategia para detener a un integrante del grupo de los Arellano y pedía la entrega de “viáticos” para montar el operativo.

 

Amado Cruz, acusado por el FBI

El caso de Amado Cruz Anguiano estalló públicamente el 11 de marzo de 1998. Ese día, agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR) lo detuvieron en Tijuana y lo trasladaron a la Ciudad de México acusado de “lavar dinero” para el grupo de los Arellano Félix.

Cruz Anguiano, excomandante de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), estaba en una lista de 30 personas que, según la Oficina Federal de Investigaciones​ (FBI, por sus siglas en inglés) “lavaban dinero” para el cártel.

Estuvo preso en el penal de alta seguridad La Palma, Estado de México, y el 19 de enero del 2002 el Juzgado Primero de Distrito con sede en Toluca lo sentenció a tres años 11 meses de prisión por el delito de lavado de dinero.

Salió de la cárcel porque la pena se pagó con el decomiso del restaurante D’Carlos, en Tijuana, establecimiento que según estableció la PGR, lo compró con dinero de procedencia ilícita.

Antes, el empresario tijuanense fue detenido en 1990 por delitos fiscales, y seis años después el entonces subdelegado de la PGR en Tijuana, Ernesto Ibarra Santés, lo identificó públicamente como uno de los encargados financieros de los Arellano en Baja California.

El 14 de septiembre de 1996, el funcionario federal fue asesinado a tiros en la Ciudad de México por un comando de sicarios presuntamente encabezados por Alfredo Miguel Hodoyán Palacios, alias El Lobo, a quien la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR identificó como elemento de los “narcojuniors” del Cártel de Tijuana.

Hodoyán obtuvo su libertad en enero del 2017 cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca le concedió un amparo directo que canceló una sentencia de 50 años de prisión que se le dictó por el asesinato de Ibarra Santés.

Comentarios

Load More