La absurda iniciativa del senador Monreal

Ricardo Monreal en el Senado. Foto: Eduardo Miranda Ricardo Monreal en el Senado. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa. Propone reformar la Constitución Política para crear una nueva sala para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una novedad. La materia, como tal, no formó parte del programa de la Cuarta Transformación; no se insinuó durante la campaña política; tampoco fue parte del discurso de toma de posesión del actual presidente de la República. 

Para algunos la propuesta es una sorpresa; para otros un albazo. Para los menos, los más enterados, un golpe de Estado contra la Suprema Corte y un atentado contra el estado de derecho. En el fondo es algo más: un acto de soberbia. Como dice el corrido: “Nomás porque las podía.”

La propuesta es absurda. Por ley existen autoridades jurisdiccionales a las que se ha conferido competencia para conocer actos de corrupción; en teoría debe estar integrada por magistrados. Éstos no han sido nombrados ni han comenzado a realizar sus funciones. No se sabe si funcionarán o no. A pesar de ello ya se propone un nuevo sistema. 

De aprobarse la iniciativa, el número de ministros pasaría de 11 a 16; la nueva sala se dedicaría, preferentemente, a conocer y resolver asuntos relacionados con el combate a la corrupción. Materia, a todas luces, ajena a las funciones que son propias de un alto tribunal. Los nuevos ministros, como parte del pleno de la Corte, también conocerán y resolverán materias de constitucionalidad y amparo.

Por más que lo pienso no alcanzo a percibir cómo una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad o un amparo, directo o indirecto, pueden tener como materia actos o leyes relacionados con actos de corrupción que, en los más de los casos, son de naturaleza particular. Finalmente, en los supuestos de que se finque responsabilidad a un servidor público, se estará frente a actos concretos y resoluciones o sentencias emitidas por autoridades administrativas o jurisdiccionales que no necesariamente deben llegar a la Corte. 

En el mejor de los casos, pudiera tratarse de amparos en los que se impugne de inconstitucional una ley en la que se funde una sentencia derivada de un juicio seguido a alguien por corrupción. Esa circunstancia no justifica la existencia de la sala especializada; tampoco a dar lugar a un procedimiento que deba ventilarse ante el más alto tribunal. 

La designación escalonada de los ministros de la Corte es un acierto. Ningún presidente de la República, durante su sexenio, puede hacer más de cuatro nombramientos; ello implica que, por más que quiera imponer su sello, conservador o liberal, al alto tribunal, no lo puede hacer. A lo que más puede aspirar es a reunir votos que impidan, pero no resuelvan, cuestiones trascendentes.

De aprobarse la iniciativa, los nuevos ministros serían parte del pleno de la Corte y, como en muchas cosas malas que parecen buenas, venenum cauda, lo que quiere decir que en la reforma, como en los alacranes, el veneno está en la cola, en la modificación, al parecer insignificante, que se propone hacer al artículo 105 constitucional:

“Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fuesen aprobadas por una mayoría de cuando menos once votos.” (El resaltado aparece en la iniciativa).

Con la reforma se correría el riesgo de que los cinco nuevos ministros, sumados a los dos que han sido nombrados durante la administración que apenas comienza y otros que se pudieran agregar, sean suficientes para imponer nuevos criterios. En el mejor de los casos, los siete nuevos ministros, si bien, por sí, no pueden imponer un criterio, sí tendrían capacidad para neutralizar la emisión de juicios de inconstitucionalidad de leyes federales. En técnica del poder existe una máxima de valor universal: jamás se debe conceder a corto número de ciudadanos el ejercicio de las funciones que ordinariamente necesita para su existencia (Maquiavelo).

El riesgo es mayor si se ve a distancia: dentro de siete y 12 años, sea quien sea el presidente de la República (en 2024 y 2030), de derecha, izquierda o centro, tendrá la posibilidad de nombrar los tres o cuatro ministros que por turno le corresponde, más los dos que sustituyan a los que pudieran nombrarse de ser aprobada la reforma, lo que implicaría un grave riesgo para las instituciones y libertades por la misma razón: su posibilidad de impedir.

Con la integración de la Corte que pudiera resultar de la reforma, ante la imposibilidad de reunir 11 votos para declarar inconstitucional una ley, se correría el riesgo de que una administración pública gobierne al margen o en contra de la Constitución de manera permanente: no habría declaraciones de inconstitucionalidad de leyes federales.

Lo anterior acabaría con el estado de derecho; los medios de control de la constitucionalidad dejarían de serlo; la profesión de abogado carecería de objeto; se llegaría al extremo de que los mexicanos seríamos gobernados por una camarilla irresponsable y sin frenos.

La Suprema Corte, ante una actuación exitosa de la Sala Anticorrupción, no ganaría crédito; en cambio sí perdería ascendiente en el foro y autoridad ante la ciudadanía, para el caso de que su funcionamiento sea deficiente.

Quien presentó la iniciativa lo hizo atentando contra el principio de seguridad que debe regir los actos de un gobernante. Tiene dos manifestaciones; la primera: nunca se debe intentar una novedad cuando el triunfo es dudoso y el fracaso seguro (Maquiavelo, Istorie fiorentini, libro III, 26). La segunda: donde hay un bien cierto y un mal incierto, no se debe jamás dejar el bien por miedo del mal (Maquiavelo, Mandragola, acto III, escena undécima).

Nada le garantiza al senador Monreal que su partido gane las próximas elecciones. Es irresponsable su propuesta y peligroso el estado de cosas que pudiera derivar de su adopción. Por remediar una situación pasajera, como lo es la lucha contra la corrupción (que se entiende se ganará durante este sexenio), se echaría a perder de manera permanente todo el sistema de pesos y contrapesos que existe.

Si el senador presentó la iniciativa con vistas a controlar la Corte, en la idea de que la artimaña no sería percibida por la ciudadanía, pecó de ingenuo o ignorante; también denota soberbia. Si no alcanzó a percibir los alcances de su propuesta, es un irresponsable, no merece tener el cargo que ostenta. 

De la irresponsabilidad deriva otro riesgo: de aprobarse la reforma el país se encaminaría a constituirse en una semidictadura. No es una exageración. Una minoría, como se ha dicho, paralizaría los sistemas de control constitucional que existen. 

Con vista al actual el estado de cosas políticas, nada garantiza a los gobernantes en ejercicio que retendrán el poder en las elecciones parciales del año 2021 y, mucho menos, en las elecciones generales de 2024. Todo indica que sufrirá un descalabro. Ello implicaría que quienes los sustituyan heredarán una organización cuasi dictatorial y militarizada, sin tener que afrontar el peso político de haberla creado. Se limitarán a administrar y gozar lo hecho por ignorantes de la técnica del poder. No se verían en la necesidad de justificar sus excesos; los desplazados no tendrían cara para reclamarlos.

El que lo haya hecho es suficiente para que la ciudadanía se ponga en sobre aviso respecto de todo lo que provenga de ese legislador y, al fin de cuentas, de lo que presente su bancada. Todo o mucho, en lo sucesivo, será visto con recelo, desconfianza.

Si el senador lo hizo suponiendo que puede manipular los votos de los diputados y senadores al Congreso de la Unión, con vista a obtener la mayoría reforzada de las dos terceras partes de los presentes en ambas Cámaras, es atentatorio del sistema de división de poderes; es riesgoso para las instituciones públicas, en especial para la Suprema Corte y los tribunales y, en general, peligroso para la ciudadanía. 

Si el señor senador Monreal no tiene nada que hacer, para que deje de estar ideando tonterías, por qué no lo ponen a hacer algo; por ejemplo: empujar una piedra a lo largo del edificio de su Cámara.

La propuesta, aunada a otras igualmente absurdas, lleva a tener que examinar el alcance y los límites de la representación que recae en los legisladores.  

Este análisis se publicó el 28 de abril de 2019 en la edición 2217 de la revista Proceso

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