Los migrantes mexicanos buscan una voz en el Congreso

El Instituto Nacional Electoral impulsa la figura de acción afirmativa mediante la cual la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos –alrededor de 12 millones– podrá incursionar en el Poder Legislativo a partir de 2021. Y aunque nada está escrito, es factible que logre su cometido, lo que le permitirá tener una voz en el Congreso. 

NUEVA YORK (Proceso).- Gran parte de los inmigrantes mexicanos huyeron de su país debido a la discriminación sistemática y a la falta de oportunidades. Y aunque en Estados Unidos encontraron trabajo, la mayoría son explotados y segregados.

Hoy, pese a que las remesas que envían a sus familiares en México constituyen el principal ingreso de la economía mexicana, ellos no gozan de uno de los derechos básicos que les otorga la Constitución: ser votados.

Para resarcir la segregación histórica de la población migrante en el sistema político mexicano, el Instituto Nacional Electoral (INE) impulsa una figura de acción afirmativa cuyo propósito es incluir en los comicios de 2021 a representantes de esa comunidad en las diputaciones plurinominales.

De aprobarse esa norma, los mexicanos avecindados en Estados Unidos tendrían presencia el Congreso por primera vez en la historia. El gran reto es que, como diputados, representen los intereses reales de la comunidad migrante –alrededor de 12 millones– y no a los intereses de los partidos que los postulen. Ellos darían voz a los paisanos residentes en el país vecino.

Enrique Andrade, consejero del INE que preside la comisión de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero, comenta a Proceso que la intención es diseñar “instrumentos de acción afirmativa para poder apoyar a este grupo que consideramos políticamente subrrepresentado para que tenga mayor representación en el Congreso federal y en la Cámara de Diputados a partir de 2021”.

Esa medida constituiría la tercera figura de acción afirmativa en la historia de la representación política en México –las anteriores son la cuota de mujeres y la de representación de las comunidades indígenas; ahora se trata de reivindicar a los migrantes, otro de los grupos marginados en las leyes mexicanas.

Hasta el momento, dice Andrade, no ha habido resistencias de parte de los partidos políticos con respecto a la figura de acción afirmativa para diputados migrantes. En principio, explica, se plantea que tengan 10 escaños. El tema será abordado en el seno del INE luego de las elecciones extraordinarias en Puebla, programadas para el 2 de junio próximo.

“Hay elecciones en 2021, y la idea es que por lo menos tengamos ya algunos diputados federales impulsados por la propia comunidad migrante para acceder al Congreso”, según Andrade.

Nueva estrategia 

Para establecer los mecanismos de representación, el INE espera los resultados de una serie de foros impulsados en Estados Unidos por Fuerza Migrante, agrupación política creada en Nueva York por Jaime Lucero, un poblano que emigró sin documentos y que ahora, respaldado por su éxito empresarial, es uno de los más activos filántropos de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Los foros, el primero de los cuales fue celebrado a finales de marzo en Nueva York, seguirán durante la primavera en California, Texas e Illinois.

La iniciativa de Lucero se deriva de su frustración con los gobiernos de México. “Cada seis años hay ese ejercicio de empezar de cero”, declaró en el foro de Nueva York. Y añadió: “Como comunidad hemos invertido mucho esfuerzo y mucho tiempo. Tenemos que cambiar de estrategia y acceder a un nivel en que podamos establecer una agenda del migrante”.

Miguel Ángel Pérez, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (Cofem), organismo que aglutina a más de un millón de mexicanos de más una docena de representaciones estatales de México en Estados Unidos, subraya la necesidad de elevar la voz de los exiliados.

“Honestamente –comenta a Proceso– te voy a decir que no tenemos nada. Cualquier iniciativa, de donde venga, es bienvenida. Tenemos que empezar primero con acciones afirmativas y luego quizá con un partido político.”

El representante expresa así el olvido político experimentado por la diáspora, que envió a México 33 mil millones de dólares en remesas en 2018, más de lo que el país recibió como inversión extranjera directa (32 mil millones) o por turismo internacional (22 mil millones). Pese a ello, esa comunidad ha sido ignorada; peor aún, insultada por la clase política.

Esta desconexión fue ilustrada en febrero pasado en un foro organizado por el Morena en Nueva York, en el cual participó el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, que respaldó el movimiento que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Fernández Noroña cuestionó el derecho de los migrantes a que se repatrien a México los restos de sus familiares, un gasto que históricamente han asumido, al menos de manera parcial, los consulados mexicanos. Cuando no son repatriados, los restos de un migrante indocumentado son enterrados en Estados Unidos en fosas comunes, sin registro y sin dignidad.

“Si quieren regresar a México en cadáver, pues dejen su pinche ahorro para que los lleven en cadáver a México”, expuso Fernández Noroña.

En otra declaración, Fernández Noroña instó a los migrantes a suspender la demanda de sus derechos al nuevo gobierno de México, y los retó: “Así como se ponen bravos con los consulados se tienen que poner bravos con las autoridades de este lugar”.

El legislador parecía ignorar que el resentimiento contra los mexicanos en Estados Unidos se encuentra en su máximo nivel en la historia moderna de este país. El presidente Donald Trump ha hecho de la desconfianza a esta comunidad el tema central de su plataforma política y, previsiblemente, de su campaña de reelección.

La visión de Fernández Noroña, identificado con una izquierda supuestamente progresista, pasó por alto una vez más que los mexicanos, independientemente de su lugar de residencia, cuentan con derechos consagrados en la Constitución. Eso incluye derechos políticos, entre ellos votar y ser votados.

“De hecho, se violan los derechos de los migrantes no sólo porque no pueden ser votados sino porque existen restricciones a su participación política en varios sentidos. Uno muy grave es que se violan sus derechos como militantes de un partido”, dice en entrevista con Proceso Daniel Tacher, especialista en migración de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Sin garantías

La lucha de los migrantes mexicanos por acceder a la representación política es relativamente reciente, pese a que México ha sido al menos desde hace tres décadas uno de los países con el mayor número de ciudadanos en el exilio.

Andrés Bermúdez, El Rey del Tomate, fue el primer mexicano-estadunidense en acceder en 2006 a un puesto de elección popular en México, al ser electo por el PAN como diputado local en Zacatecas. El Congreso estatal tuvo que modificar sus leyes.

Para 2021, Jalisco y la Ciudad de México aceptarán también la participación de candidatos migrantes en sus Congresos locales.

En el mundo, sólo 12 de los 117 países que permiten a sus ciudadanos votar en el extranjero garantizan un espacio de representación legislativa para sus migrantes. En América Latina destacan Colombia y Panamá; en Europa, Francia e Italia.

Esta modalidad obedece a un nuevo sujeto social producto de la globalización: el ciudadano trasnacional que, según la literatura académica, obliga a redefinir tanto los derechos políticos de los individuos como nuevos límites para la responsabilidad del Estado.

En ese sentido, la representatividad parlamentaria de la diáspora en México significaría también una mayor sensibilidad desde el Congreso hacia los migrantes que, de manera creciente, México recibe en su territorio.

Salvador García, radicado en California y pionero en la Cámara de Diputados, a la cual llegó impulsado por Movimiento Ciudadano, promovió en su breve carrera legislativa una iniciativa para otorgar a centroamericanos el derecho a una representación legal en procesos migratorios en México.

Según García, la representación parlamentaria podría abordar no sólo preocupaciones sociales de los migrantes en general sino esquemas para multiplicar las inversiones de los mexicano-estadunidenses, así como reforzar desde las comunidades los lazos económicos binacionales.

“Si hubiera un legislador migrante podríamos, como comunidad, decir todo lo que necesitamos para que se nos faciliten las cosas, y para que México pueda ser más productivo”, dice García a Proceso.

Para el secretario general de Fuerza Migrante en México, Juan José Corrales, la representación legislativa migrante sería una manera de impulsar iniciativas para abatir “el dolor” que implica la migración misma y la separación de familias.

“Hemos sido segregados de toda decisión que nos afecta, lo que produce en buena medida el fenómeno migrante, que obedece a la necesidad de la gente de escapar de la pobreza, la marginación y la desigualdad”, comenta.

El primer paso, la acción afirmativa, garantizaría diputaciones plurinominales. El consejero Andrade indica que el INE estaría dispuesto a explorar otros mecanismos de representación como la elección directa, lo que implicaría crear nuevos distritos en Estados Unidos o añadir una circunscripción a las cinco que existen en el país.

Estas propuestas requerirían modificar varias leyes. Se deberá eliminar la prohibición de hacer campañas electorales en el extranjero, así como el veto para que personas con doble nacionalidad puedan ser votadas.

Pese a la inminencia de que diputados migrantes conformen un grupo en el Congreso, no existe una garantía de que estos legisladores atiendan una agenda consensuada por comunidades en el exterior.

Andrade asegura que uno de los requisitos de la postulación deberá ser que los candidatos sean avalados por una organización de mexicanos en el extranjero.

Y subraya: “Ese sería uno de los requisitos para asegurar que sea una representación verdadera de esa comunidad”.

De otro modo, los legisladores podrían operar, una vez asumido el cargo, de acuerdo con los intereses de los partidos políticos que los postulen.

Avelino Meza, coordinador binacional de Fuerza Migrante, admite que con la figura de las diputaciones plurinominales “no hay garantía” de que la voz de los mexicanos en el exterior sea realmente representada en el Congreso.

Es un riesgo que como migrantes están dispuestos a correr. Un segundo paso, adelanta Meza, sería la creación de un partido político. Por lo menos en Puebla, estado origen de la mayor parte de la migración a Nueva York, Fuerza Migrante busca registro como partido político local.

El académico Tacher resume los riesgos de las candidaturas partidistas, que a menudo no responden a los intereses de sus votantes: “Es una situación que se vive en todas las democracias; es problema de las democracias representativas en todo el mundo”.

Este reportaje se publicó el 28 de abril de 2019 en la edición 2217 de la revista Proceso

Comentarios