Gertz rinde informe de 100 días en FGR: aborda Odebrecht, Ayotzinapa, Tlahuelilpan, Estafa Maestra…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), anunció que en el caso conocido como la Estafa Maestra se restructurará la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, para enfocarlo como un posible delito de Estado.

Anunció que en un plazo que no debe pasar de 60 días se empezará a judicializar el caso Odebrecht bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada, y que en el caso Tlahuelilpan, la fiscalía sabe quiénes convocaron a la población al sitio del siniestro y quienes provocaron el incendio del ducto que ocasionó la muerte de 135 personas.

En el informe que rindió sobre los primeros cien días de gestión frente a la FGR, Gertz Manero dio a conocer “dentro de las acciones emprendidas a futuro” que se debe generar una nueva y sólida normatividad en materia de justicia inmediata, a través de la Nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fundamentalmente con un proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica inmediata de carácter nacional y de aplicación local.

La iniciativa al respecto está prácticamente terminada y se está poniendo a prueba, en simulaciones y prácticas diversas, con objeto de poder resolver más del 70% de la crisis de injusticia cotidiana que se padece en todo el país.

Gertz Manero anunció también que se está llevando a cabo un proyecto legislativo con objeto de reformar el Código Único de Procedimientos Penales para que se termine en forma definitiva con el fenómeno criminal, así como con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público.

Se está trabajando en un nuevo Código Penal que contenga todos los delitos y agravantes ya incluidos en diversas leyes, priorizando la reparación del daño; y en la imprescriptibilidad de todos los delitos graves, para que con ello se termine en forma definitiva con el fenómeno criminal que estamos padeciendo y acabando también con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, en los delitos que afecten directamente a la población.

Asimismo, se está llevando a cabo un proyecto legislativo con objeto de reformar el Código Único de Procedimientos Penales, fortaleciendo los derechos de las víctimas, combatiendo la reincidencia y compactando efectivamente los tiempos procesales.

Sobre los casos relevantes, en primer término se refirió a Ayotzinapa: “la Fiscalía propuso al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoyarse en su investigación sobre el caso, de manera conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento”, sostuvo Gertz Manero.

Sobre el caso Odebrecht, que catalogó como un “caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza”, recordó que lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de 2017 sin resultado alguno.

Por tal razón, la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada.

En lo que se refiere al caso Tlahuelilpan, la FGR ha realizado, junto con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.

En este asunto existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de Pemex en la atención a la fuga de combustible, ya que hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió; por lo que se ha solicitado y se ha obtenido la próxima presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados.

Y adelantó que la audiencia correspondiente a la Subdirección de Protección y Seguridad de Pemex, en que el general Eduardo León Trawitz es uno de los probables indiciados, se llevará a cabo el día 17 de mayo.

Sobre la Estafa Maestra”, con base en dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República, en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido cinco vinculaciones a proceso. Se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en dos de esas cinco carpetas de investigación, respecto a cinco ex servidores públicos de ambas Secretarías.

Bajo ese mismo esquema, en 2017 y 2018, la PGR inició dos carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de Sagarpa y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un particular, mediante procedimiento abreviado.

En relación con este tema, explicó que la FGR está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público.

Ello, ya que los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario restructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados.

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