Activistas alertan a Bachelet: AMLO, sin política contra violadores de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A un mes de la visita a México de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, organizaciones sociales, activistas y académicos solicitaron la participación de su oficina en México para extender su asistencia técnica para esclarecer y sancionar crímenes de lesa humanidad así como para “construir una verdad real que permita dignificar a las víctimas”.

En una carta fechada este lunes, unas 50 organizaciones y colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, 55 defensores de derechos humanos y activistas, respaldados por una docena de organizaciones internacionales, advirtieron de su preocupación por que hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no “ha presentado con claridad alguna política integral” para investigar y sancionar los delitos y reparar a las víctimas en México de “violaciones graves a derechos humanos y crímenes atroces”,  y que, por el contrario, “la situación de violencia e inseguridad se sigue agravando en el país”.

Los firmantes reprocharon a la alta comisionada de la ONU no considerar su opinión en el diseño del acuerdo entre el gobierno de López Obrador y su oficina en México, ONU-DH para brindar asesoría y asistencia técnica en materia de derechos humanos a los integrantes de la Guardia Nacional, sobre todo cuando existe un “rechazo a la participación de militares en la conformación de dicha guardia” por parte de organismos públicos y civiles de derechos humanos, y especialistas, siendo el aspecto castrense “uno de los más controversiales de la agenda de derechos humanos” en México.

En espera de que la ONU-DH mantenga informada a la ciudadanía “con indicadores claros y medibles sobres esas actividades de asesoría y asistencia técnica”, las organizaciones y activistas firmantes llamaron a Bachelet a preparar y presentar “un informe de hallazgos de su reciente visita a México”, con recomendaciones puntuales para “revertir los problemas estructurales (que) promueven la repetición de violaciones a derechos humanos”.

Al recordar que siguen vigentes y sin atenderse buena parte de las recomendaciones que formuló el antecesor de Bachelet, tras su visita a México en 2015, los remitentes de la carta solicitaron a Bachelet que en su próximo informe de país tome en cuenta algunas consideraciones de la sociedad civil.

Sugirieron que a través de la ONU-DH se extienda el acompañamiento y cooperación técnica con el Estado mexicano para “esclarecer y reconocer graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, empresas privadas, organizaciones del crimen organizado y otros grupos armados, ya sea de manera independiente o en colusión”.

Pidieron la colaboración del organismo internacional para “construir una verdad real que permita dignificar a las víctimas”, así como para “perseguir penalmente a los perpetradores a través de una Comisión de la Verdad y el establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México con la participación de la sociedad civil”.

Urgieron a Bachelet a “asumir una posición proactiva en el monitoreo de las violaciones de derechos humanos en integralidad e interdependencia y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia –incluyendo la obligación de proteger a nivel nacional y extraterritorial frente a acciones y omisiones de empresas públicas y privadas que vulneran los derechos humanos y proporcionar justicia por las afectaciones– y elabore un informe público sobre la situación de los derechos humanos en México, para ser presentado ante los poderes del Estado, así como ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de forma anual”.

Sobre dicho informe, los firmantes consideran que “debiera contener mecanismos adecuados para evaluar, entre otros, los avances y retrocesos en las medidas implementadas por el Estado mexicano en cuanto a la investigación, procesamiento, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos en el país”.

Los remitentes sugirieron a Bachelet que recomiende al Estado mexicano, “la necesidad de adoptar medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de propiciar un ambiente favorable que les permita llevar a cabo su labor libre de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias”.

Al aceptar que no confían en el sistema de justicia, y que coinciden con Bachelet en que la “impunidad crónica y generalizada no puede seguir siendo una opción”, los firmantes resaltaron que en el último mes han sido asesinados cinco defensores, uno de ellos, Telésforo Santiago, además fundador de una radio comunitaria en Oaxaca.

Lamentaron que “han persistido mensajes provenientes del presidente de la República en franco retroceso con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión”, de ahí que celebra la decisión de que la oficina de Bachelet en México, ONU-DH, tenga entre sus proyectos presentar propuestas para fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Tras manifestar estar de acuerdo con la expresidenta chilena de que la Guardia Nacional “debe asegurar su carácter civil y regir su actuación” bajo estándares internacionales, los activistas, manifestaron su preocupación por “cada vez más contundentes intentos del Ejecutivo por integrar y subordinar a nueva institución encargada de la seguridad pública del país a las fuerzas castrenses”.

Lamentaron que al intento de militarizar la seguridad se sume “la inaceptable práctica del presidente de la República de atacar a las organizaciones de la sociedad civil mediante descalificaciones, lo cual se ha traducido en cerrar los espacios de diálogo sociedad civil-gobierno, así como negar el derecho de la ciudadanía de participar en la construcción de políticas públicas, incluidas y principalmente las de seguridad”.

Entre las organizaciones que firman al misiva destacan Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comisión e Información de la Mujer, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Oficina por los Derechos de la Infancia (ODI) y Sabuesos Guerreras, entre otras.

Entre los defensores signan Alberto Athié, Daniel Vázquez, Eliana García Laguna, Jacobo Dayán, Javier Sicilia, Humberto Zazueta, José Antonio Guevara Bermúdez, María Elena Morera, Mariclaire Acosta Urquidi, Raúl Ramírez Baena, Luis González Placencia y Tita Radilla Martínez.

Acompañan la iniciativa de emplazar a Michelle Bachelet, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia, entre otras organizaciones.

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