TOLUCA, Edomex (apro).-  Dos custodios del centro penitenciario Sergio Ramírez García, ubicado en Chiconautla, Ecatepec, fueron puestos a disposición de la autoridad para que se investigue su posible participación en la muerte de un joven privado de su libertad, ocurrida este lunes en ese centro penitenciario. Adicionalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la Recomendación 4/2019, dirigida a la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes; al subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel; y al director general de Prevención y Reinserción Social, Jaime Echartea Mojica, por la muerte de dos internos en el mismo penal. Lo anterior, después de que familiares del joven muerto este lunes a los 23 años edad (a quien tras cuatro años de reclusión faltaban dos para cumplir su sentencia), interceptaran el vehículo en que era trasladado el cadáver y denunciaran, a través de redes sociales, que el cuerpo presentaba señales de tortura y marcas en cuello. Sobre este deceso, se había emitido un comunicado para indicar que tuvo su origen en una sobredosis; no obstante, este martes Cervantes Guerrero confirmó la detención de dos elementos, y reconoció que el cuerpo sí presentaba contusiones. “Anoche mismo pusimos a disposición a dos custodios, quienes de acuerdo con el peritaje que ya realizó la Fiscalía, pues sí presuntamente participaron de alguna manera, pues al parecer alguna agresión o golpes. Todavía no tenemos el peritaje o el resultado del peritaje, sin embargo, si se encontraron me parece que algunos golpes, contusiones”, dijo. Por su parte, la Codhem precisó que la Recomendación responde a la muerte de dos internos en la misma cárcel estatal: La primera, registrada el pasado 13 de abril tras la desaparición de un joven de 22 años al interior del penal que luego fue hallado sin vida; la segunda se basó en una publicación difundida en redes sociales por los familiares del joven fallecido este lunes, en la que se dice que la muerte no fue ocasionada por intoxicación por consumo de sustancias ilícitas sino por “tortura”, presuntamente cometida por personal de custodia del penal. La Defensoría de Habitantes consideró que ambos hechos revelan “el elevado grado de riesgo e inseguridad que prevalece al interior del centro penitenciario”, por falta de acciones efectivas para evitarlos e inadecuada gestión penitenciaria al no prevenir ni mantener el orden y control. Por tanto, da un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la aceptación de la Recomendación, para documentar las gestiones con las que se garantice la rehabilitación, la compensación a los familiares de las víctimas. En el mismo plazo, las dependencias involucradas deben agregar copias de la resolución de ambos casos a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia estatal, y a los expedientes administrativos de los órganos internos de control para identificar las responsabilidades por la tolerancia, acción y omisión del personal penitenciario. En un plazo de 30 días también deberá instruirse al personal directivo y administrativo que bajo ninguna circunstancia puede descuidar la seguridad personal de los internos; ponderar la incorporación de más recursos humanos; e implementar medidas para abatir el hacinamiento y la sobrepoblación con pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos. Sin afectar las visitas de sus familiares, además la autoridad recomendada deberá realizar la reubicación de los internos bajo los criterios de selección con enfoque garantista y protector, a partir de un diagnóstico derivado de la realización de un censo, e impartir cursos de capacitación en derechos humanos al personal del centro penitenciario. “Al documentar actos violentos que culminaron en la muerte de dos personas en circunstancias reprensibles ante la falta de seguridad al interior del establecimiento carcelario”, la Codhem también resolvió que las autoridades deben compensar a los familiares de las víctimas, brindarles atención médica, psicológica o tanatológica y procurar la máxima protección, trato digno y no revictimización. De igual manera, deben ponderar la incorporación de recursos humanos e implementar medidas para evitar el hacinamiento y la sobrepoblación, a fin de que no vuelva a afectarse el derecho de las personas privadas de libertad a una estancia digna y segura. La Codhem ya había emitido la Recomendación 2/2018 para que la autoridad responsable retomara el control efectivo de los centros penitenciarios a fin de “prevenir cualquier riesgo a la seguridad e integridad de la población carcelaria.” Los penales estatales de Chiconautla y Chalco, reconoció el ombudsman mexiquense, Jorge Olvera, son de los que más quejas reciben por presuntas violaciones a los derechos humanos, aunque los de Nezahualcóyotl y Almoloya de Juárez también son de los más conflictivos.