Inai ordena a la FGR revele quiénes han declarado en torno al caso Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó de nuevo hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) que revele los nombres de los funcionarios y exservidores públicos quienes declararon en el marco de la investigación sobre los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en México.

El único nombre que la FGR no dará a conocer será el de Emilio Lozoya Austin quien, mediante el juicio de amparo 1336/2018, obtuvo que las autoridades no proporcionaran sus datos personales.

Exdirectivos de Odebrecht afirmaron, ante la justicia de Brasil, que entregaron 10.5 millones de dólares de sobornos a Lozoya, primero como coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego como director general de Pemex.

La investigación penal arrancó en enero de 2017 y, más de 28 meses después, México permanece como uno de los pocos países de América Latina en el que ningún personaje involucrado en los sobornos de Odebrecht ha sido condenado.

En agosto de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que contaba con las declaraciones de 10 servidores públicos, 9 exfuncionarios de Pemex y de tres directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía Odebrecht, su expresidente.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró el pasado 6 de mayo que la FGR judicializaría su carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 a más tardar en 60 días.

El pasado 2 de octubre, el INAI ya había ordenado a la FGR que revelara los nombres de los declarantes, pero la institución se negó, y el pasado 14 de febrero obtuvo un amparo contra el INAI, el cual prohibió al organismo autónomo que exija el cumplimiento de su resolución.

Durante la sesión de hoy, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos afirmó que este amparo sólo suspendía la decisión de octubre y no aplica para la actual, que deriva de la negativa de la FGR a dar respuesta a una nueva solicitud de información, interpuesta por un ciudadano.

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