CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El grupo Fibra Uno, constructor del desarrollo Mítikah, defendió la “remoción” de más de 54 árboles en el pueblo de Xoco y anunció que sus nueve empleados detenidos el sábado pasado quedaron libres; en tanto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) adelantó que apelará la decisión del juez. Después de cuatro días de la tala de árboles en la calle Real de Mayorazgo, en la alcaldía Benito Juárez, el “primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México” emitió un comunicado en el que informó que Mítikah “cuenta con los permisos necesarios para la construcción de las obras del plan maestro autorizado, inclusive las ambientales, y realizará las medidas de mitigación correspondientes, con estricto apego y cumplimiento a la normatividad vigente”. En el documento, aclaró que “la remoción autorizada” de árboles tuvo como medida de mitigación la limpieza y saneamiento de más de 700 árboles en Xoco. Incluso, agregó que “cualquier árbol removido será restituido por tres árboles nuevos”. Fibra Uno añadió que seguirá trabajando “con su compromiso social, ambiental y de movilidad a efecto de hacer de esta ciudad y su país un lugar seguro para inversión institucional nacional y extranjera”. Incluso, reafirmó su disposición de “mantener un diálogo franco, abierto y respetuoso” con las autoridades, “como lo hemos hecho siempre”, en beneficio de los ciudadanos y sus inversionistas. De hecho, destacó que participa “constantemente” en programas sociales y medioambientales, entre ellos, la reforestación y mantenimiento de 250 árboles en Tarango en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Por último, informó que ayer la autoridad judicial determinó liberar a los nueve trabajadores detenidos el sábado pasado cuando subían los troncos talados a camionetas con placas del Estado de México “por no haber cometido conducta ilegal alguna”.   PGJ-CDMX apelará; talaron 13 más   En un comunicado por separado, la PGJ-CDMX informó que apelará el auto de no vinculación a proceso que determinó el juez de la causa, toda vez que el Ministerio Público aportó los datos de prueba suficientes contra los imputados por el presunto delito contra el ambiente en su modalidad de tala de árboles. Además, dijo que la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur) seguirá investigando el caso para determinar la responsabilidad penal “de la persona moral, señalar a otros probables participantes y, del mismo modo, llevarlos ante el juez de control”. La dependencia añadió que la Procuraduría del Medio Ambiente y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) denunció ante dicha Fiscalía la tala de 13 árboles más en la misma zona, por lo que ya se iniciaron las indagatorias correspondientes. En este sentido, Ricardo Ruiz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, presentó una denuncia de hechos en la PAOT, para solicitar que se inicie una investigación y se imponga una “sanción ejemplar” a los responsables de la tala de los casi 60 árboles. Por otro lado, en un comunicado conjunto, las secretarías del Medio Ambiente (Sedema), Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Movilidad (Semovi), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), así como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informaron que el pasado fin de semana los desarrolladores de la Torre Mítikah “rompieron el diálogo” que llevaban desde los primeros meses de la actual administración “al decidir, dolosamente, talar 54 árboles de un camellón en la calle Real de Mayorazgo, sin contar con autorización”. Esta acción, agregaron, “además de afectar los servicios ambientales que esa vegetación aportaba, vulnera las condiciones ciudadanas que permiten trabajar por una ciudad de derechos”. Y remataron: “la Ciudad de México merece un orden y condiciones de desarrollo basadas en el respeto a la legalidad y los derechos de las personas, por ello, el Gobierno de la Ciudad de México continuará trabajando coordinadamente y de forma transparente con los grupos de proyectistas y desarrolladores dispuestos a apegarse a la legalidad y a un modelo de desarrollo urbano sustentable”.