CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 30 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En internet pueden consultarse dos documentos distintos. Uno de 64 páginas  en cuya página 46 se resume el apartado “Cultura para la paz, para el bienestar y para todos”. Parte de la conceptualización de que todos los individuos poseen y crean cultura: “viven en sistemas culturales que van desde el lenguaje hasta las celebraciones y conmemoraciones, desde los patrones de comportamiento hasta la alimentación, desde el universo simbólico que cada persona construye hasta el disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados culturales, como la música, las artes plásticas, las letras y las artes escénicas”. Como el resto del documento, contiene más promesas que planes y programas concretos. Por ejemplo: “Nadie debe ser excluido de las actividades y circuitos de la cultura”; se “priorizarán las necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depauperados” y “se impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país”; se trabajará con “las poblaciones para conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones en materia cultural”. Afirma también que la cultura “debe poblar los barrios y las comunidades y hacerse presente allí en donde es más necesaria, que son los entornos sociales más afectados por la pobreza, la desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva”. Esto último, parece contradecir la frase en la cual se afirma que “todos los individuos son poseedores y generadores de cultura”. ¿Por qué suponer entonces que no la hay en los barrios y comunidades afectados por la pobreza o la desintegración familiar? Especialmente porque no se ofrecen cifras o datos para tal afirmación. Disminuir el recorrido  En la Gaceta de la Cámara de Diputados se presenta un documento de 228 páginas. Lo correspondiente a cultura cruza diversos apartados, por ejemplo, el de política social, que se propone dar cumplimiento a los derechos colectivos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, o el referente a los pueblos indígenas. En la página 119 se refiere ya a la acción del Estado en materia de cultura, que se fundamenta --dice-- en el artículo 4º constitucional referido al derecho al acceso a la cultura y los bienes y servicios que presta el Estado. Un breve diagnóstico, con apenas algunas cifras, da el panorama actual del ámbito cultural, según el PND: Inexistencia de esquemas de participación ciudadana y comunitaria en los procesos de planeación, centralismo en la aplicación de planes, programas y recursos económicos, inequitativa distribución de los bienes y servicios e infraestructura cultural en los estados, el patrimonio cultural inmaterial no ha recibido “la atención prioritaria que merece”, amplia brecha entre los procesos de iniciación artística  y procesos de educación formal. Según el INEGI, el 58% de la población asistió a una obra de teatro, concierto o presentaciones de música en vivo, exposiciones, espectáculos de danza y cine en los últimos 12 meses, y sólo 5% de mexicanos de 12 años o más realizó alguna actividad artística o cultural. Por lo tanto, “se considera necesaria una política cultural de inclusión que privilegie el desarrollo de acciones orientadas a promover y fortalecer el diálogo y la gestión conjunta con los distintos grupos y actores involucrados en las manifestaciones y creaciones artísticas y culturales; y que fortalezca la articulación entre la cultura y el desarrollo social, urbano y económico, así como la pertinencia de la transversalidad de las políticas culturales locales”. El compromiso del gobierno, dice el documento, es disminuir la desigualdad social y fortalecer la democracia, para lo cual se busca el desarrollo de un programa cultural cuya atención se focalice en la contribución a la construcción de ciudadanías desde y en el ámbito del arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, así como la preservación del patrimonio, desde una perspectiva plural e incluyente, que sume a la justicia social que demanda nuestro país”. Se busca garantizar el acceso a la cultura y los derechos culturales. Y uno de los factores que plantea el PND es la medición de la distancia promedio que la población debe recorrer para tener acceso a las actividades que organiza la Secretaría de Cultura: el promedio es 50 kilómetros, afirma, y se proponen que para 2024 sea sólo de 5 kilómetros. Entre las “estrategias” que plantea el PND para lograr el objetivo, están promover la redistribución de la riqueza cultural, impulsar la formación y profesionalización artística y cultural, ampliar la oferta cultural a lo largo del territorio, salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de México, fortalecer las industrias culturales y empresas creativas, optimizar el uso de la infraestructura, reconocer y estimular la diversidad cultural. Es de esperarse que en breve la Secretaría de Cultura presente su programa sectorial para el periodo 2019-2024, un documento más detallado en el cual desarrolle los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción de la política cultural de la llamada Cuarta Transformación. Pues según el Reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2018, la política cultural del gobierno federal debe preverse en el Plan Nacional de Desarrollo, así como “los programas que del mismo deriven y los instrumentos de planeación procedentes”.