ENSENADA, B.C. (apro).– Al presentar la primera Recomendación General del año, dirigida al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) presentó el panorama “preocupante, desolador” que viven las niñas y mujeres en Baja California en materia de violencia de género y feminicidio. El documento del organismo destacó que de 1985 a 2016, Baja California sumó mil 642 asesinatos de mujeres, con un promedio de 53 muertes al año, cifra que representó el 3% del total de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio en el país –52 mil 210–. La titular de la CEDHBC, Melba Adriana Olvera Rodríguez, destacó que Tijuana ha figurado desde hace casi una década entre los primeros diez municipios con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres en el país, pues fue segundo lugar en 2010, octavo en 2012, quinto en 2013, cuarto en 2014, tercero en 2015 y segundo en 2016. Agregó que, en los últimos tres años, Tijuana se ha mantenido entre los diez municipios con mayor número de muertes violentas de mujeres, en tanto que el Estado tuvo el primer lugar en tasa de homicidios de mujeres en 2018.

“Tan sólo el año pasado se cometieron 250 asesinatos contra mujeres, lo cual es una cifra muy elevada considerando las tendencias recientes, así como el promedio anual de muertes de mujeres por causas externas (dolosas o no), que ha sido de 338 por año durante las últimas tres décadas.”

Reveló que, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJE), el estado registró al menos 44 casos de muertes violentas de mujeres durante los primeros tres meses de 2019, el 75% del promedio anual entre 1985 y 2016. Además, subrayó, “no solamente se ha evidenciado el incremento en feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, sino también de desapariciones.”

“Entre 2007 y 2017 había 414 mujeres vistas por última vez en Baja California, cuyo destino o paradero se desconoce, con un incremento de 100 veces el valor inicial.”

Además, informó que entre 2017 y 2018, la CEDHBC registró más de mil quejas por posibles violaciones a los derechos humanos de las mujeres, lo que equivalía a casi el 30 por ciento del total de las quejas ante la Comisión. “Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados son: la seguridad jurídica, la igualdad (que implica la no discriminación), el trato digno y la protección a la salud.” Y las principales autoridades señaladas fueron: la PGJE, la Oficialía del Registro Civil en Tijuana, el Sistema Educativo Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, con 29 quejas.   Violencia parece tolerada Melba Adriana Olvera enfatizó que la impunidad hace parte central de la violencia de género e implica responsabilidad del Estado, porque envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, favoreciendo con ello a su normalización, que agrava la inseguridad percibida y real de las mujeres y su desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia. Por ello, recomienda que en el diseño, implementación y evaluación de programas, planes de atención y reparación, campañas y demás actuaciones, las autoridades “deberán incorporar un enfoque diferencial y especializado en niñas, mujeres mayores, mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, migrantes, pertenecientes a pueblos indígenas, que no comprendan o hablen el idioma español, extranjeras, adultas mayores, que viven con VIH o Sida, que viven con adicciones, en situación de calle, con discapacidad, periodistas y defensoras de derechos humanos.” Por ello, emitió 23 Recomendaciones Generales para construir en Baja California una política integral de prevención, investigación, sanción y reparación integral por el daño provocado por la violencia contra las mujeres, particularmente el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Entre ellas destacan la creación de un sistema de información que recabe, analice y publique periódicamente datos estadísticos sobre la violencia de género y feminicidios. Al estado y a los cinco municipios les pide adoptar una metodología común de seguimiento y evaluación de avances en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, en especial del feminicidio, y adoptar un sistema de indicadores para fijar objetivos comunes y medir su gestión, desempeño e impacto, tomando como referencia las recomendaciones internacionales en la materia.