Reabren investigación sobre red sexual de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) reabrió la investigación sobre una presunta red de explotación sexual encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en 2014, cuando era dirigente del PRI capitalino.

Se trata de un caso que llevó la Procuraduría entonces dirigida por Rodolfo Ríos, y el subprocurador Edmundo Garrido -quien sucedió a éste en 2017-, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y que fue cerrada sin que se realizaran todas las diligencias necesarias.

En una tarjeta informativa, la dependencia explicó que el expediente iniciado en primera instancia en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales -debido al cargo político del priista-, se declinará a la Fiscalía especializada en el delito de Trata de Personas, para que continúe las indagatorias y perfeccione el ilícito con perspectiva de género.

Ello, se hará en cumplimiento a la ejecutoria dictada por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal y del Tribunal Colegiado correspondiente.

La medida se tomó luego de un amparo promovido por tres mujeres, presuntas víctimas de dicho delito, contra la resolución de no ejercicio de la acción penal dictado en favor del exdiputado local también conocido como el Rey de la Basura.

La Procuraduría capitalina espera la determinación del Juez de Distrito, a fin de conocer si la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales dio por cumplida la resolución emitida.

Ordenan nuevas diligencias

Este jueves, el noticiero de la periodista Carmen Aristegui informó la reapertura de la indagatoria en la PGJ-CDMX a partir de un acuerdo que el subprocurador de Averiguaciones Previas, Rodrigo de la Riva, envió al juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

En el documento, la dependencia dirigida ahora por Ernestina Godoy reconoció que Ríos Garza y Garrido Osorio otorgaron a la defensa de Gutiérrez de la Torre la calidad de coadyuvante o auxiliar del Ministerio Público en las denuncias presentadas en su contra, lo que representa una violación a los derechos de las tres mujeres que denunciaron al exlíder priista desde mayo de 2014.

Según el reporte, el actual funcionario explicó que, de acuerdo con el amparo otorgado a las tres víctimas en 2015 es necesario hacer nuevas diligencias.

Por ello, quedó sin efecto el cierre de la investigación que decretó el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre, quien aún controla la dirigencia del PRI-CDMX.

De acuerdo con el reporte de Aristegui, el subprocurador aseguró que en el proceso legal hubo violencia de género y discriminación contra las afectadas. Además, no se respetaron las leyes generales de víctimas y de acceso a una vida libre de violencia. Por ello, se deben hacer nuevas diligencias apegadas a estos ordenamientos legales.

Otra irregularidad hallada por las nuevas autoridades consiste en que, a pesar de que El Rey de la Basura estaba en calidad de imputado, “les dieron acceso a las carpetas”, además de que él mismo hizo una denuncia para esclarecer los hechos, como una estrategia legal.

El hecho implicó la violación al debido proceso en perjuicio de las víctimas, del cual presuntamente son responsables Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido.

Por ello, la Procuraduría pidió que ahora las denuncias de las tres víctimas se resuelvan por separado y con el contexto de que hubo discriminación y violencia de género contra las tres víctimas.

Según el reporte, una irregularidad más hallada en la indagatoria, es la presunta falsedad de declaraciones de Claudia Priscila Martínez, excomisionada de justicia partidaria del PRI, en favor del exlíder partidista.

Incluso, señala que las autoridades anteriores no le dieron valor a la demanda laboral por un millón 170 mil pesos que el PRI tuvo que pagar en 2011 a tres mujeres que presuntamente se negaron a tener sexo con Gutiérrez de la Torre.

Por último, las observaciones de la Procuraduría incluyen indagar si en el presunto delito hay más implicados, en particular, la actual diputada local del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés, quien fue señalada como una de las personas que “enganchaba” a las víctimas.

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