En audiencias de la CIDH, proponen al Estado mexicano crear mecanismo forense y mesa de “alto nivel”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la vigente emergencia humanitaria que implican las desapariciones de miles de personas en el país, organizaciones civiles pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las familias de las víctimas.

En dos audiencias públicas realizadas durante el 172 Periodo de Sesiones de la CIDH, desarrollado en Kingston, Jamaica, dieron cuenta de las debilidades del Estado mexicano para atender la crisis humanitaria, a pesar de la voluntad expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador, reiterada en las audiencias por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena de Troitiño, abrió la audiencia “Desapariciones Forzadas y la propuesta del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en México”, destacando la presencia de la delegación del Estado mexicano, para tratar un tema que “ha sido reconocido por el Estado como el gran desafío y para la sociedad mexicana la gran lucha para encontrar a sus desaparecidos”.

Con la participación de familiares de víctimas que forman parte del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y defensores, los solicitantes de la audiencia instaron al Estado mexicano a crear un mecanismo extraordinario para la identificación forense “con las características necesarias para atender la emergencia humanitaria que vive el país”.

Además, instalar una mesa de diálogo “de alto nivel” en el que participen el presidente Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como el fiscal nacional de la República y la comisionada nacional de Búsqueda y los representantes de países centroamericanos con registros de personas de desaparecidas en territorio mexicano.

Sin la presencia de la FGR, defensores y familiares que insistieron en no confiar en los actuales sistemas de identificación forense, resaltaron que está pendiente el nombramiento del titular de la Fiscalía en Derechos Humanos.

Pidieron a la CIDH que, de común acuerdo con el Estado mexicano, se establezca una coordinación con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que “se establezca un esquema de asistencia técnica (…) para la construcción, seguimiento y evaluación de este Mecanismo de Identificación Forense”.

En la audiencia, la integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), resaltó que en los 15 años colaborando con autoridades mexicanas en la identificación forense, vio como un primer problema la falta de claridad sobre el número de cuerpos sin identificar en las instituciones, ya que algunos funcionarios hablan de 26 mil y otros de 36 mil cuerpos.

Describió como problemas la “grave fragmentación” de restos resguardados por institutos forenses y procuradurías; el elevado volumen de restos, lo que dificulta contar el número de cuerpos; falta de claridad sobre los sitios donde se encuentran los cadáveres no identificados, y deficiencias en las bases de datos.

Al destacar que “la saturación del sistema forense actual, condena de los casos de más larga data, a una larga espera, con el consecuente sufrimiento de las familias de las víctimas”, Doretti consideró que la creación de un mecanismo extraordinario independiente de los servicios forenses sería una oportunidad histórica para dar tranquilidad a un alto número de familias”.

En una audiencia anterior, “Denuncias de desaparición de niñas y mujeres en el Estado de México”, Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Ana Laura Velázquez, de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y Laura Curiel, del colectivo de familiares de víctimas “Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos”, expusieron la gravedad de la situación en el Estado de México, que amerita una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Con base en datos oficiales, las defensoras expusieron que entre 2012 y 2018 había 2 mil 363 expedientes de mujeres desaparecidas registradas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cifra que representa el 46% del total desaparecidos en la entidad; que hasta agosto de 2018 estaban pendientes de localizar mil 73, y que en el primer trimestre de este año han desaparecido a 32 niñas, adolescentes y mujeres.

Ante las comisionadas, Esmeralda Arosamena, Margarette May Macaulay y Antonia Urrejola, y el comisionado Luis Ernesto Vargas, las defensoras solicitaron a la CIDH la creación “del Grupo de Observación para el seguimiento de la Alerta de Violencia de Género por desaparición de mujeres en México y que las relatoras de México (Arosamena) y género (Macaulay) realicen una visita in situ a esta entidad”.

Al gobierno mexicano, representado por Encinas, las defensoras pidieron que se declare la segunda AVG para el Estado de México; diseñar una estrategia para la localización con vida de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas; fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales “con los recursos y personal suficiente para su funcionamiento”, y que integren la perspectiva de género en sus actuaciones.

A la entidad gobernada por Alfredo del Mazo, solicitaron el reconocimiento de la labor de los colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil; revisión de expedientes y reclasificar aquellos que no están siendo investigados por desaparición.

También crear una mesa de trabajo con presencia del gobernador; fortalecimiento institucional; buscar con perspectiva de género, y que se abstengan de “revictimizar y estigmatizar a las víctimas y sus familiares”.

En respuesta a los familiares de víctimas y organizaciones presentes en las audiencias, el subsecretario Alejandro Encinas reconoció la crisis humanitaria y sostuvo que el gobierno de López Obrador tiene como prioridad atender el problema de las desapariciones, para lo que no habría límites de recursos.

Encinas, quien prometió dar a conocer un diagnóstico del sistema forense el lunes 13, consideró que “no habría necesidad de un nuevo mecanismo” de asistencia internacional para atender la crisis forense, tema que debe “ser extensivo para auxiliar en las tareas de búsqueda” contempladas en el acuerdo de colaboración entre el Estado mexicano y el organismo en el caso Ayotzinapa.

En su oportunidad, la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, adelantó que para atender la emergencia forense, el gobierno de López Obrador emitirá una convocatoria internacional para identificar los restos que se encuentran resguardado en los centros forenses.

Quintana Osuna informó que entre las primeras acciones durante su encargo, se visitaron 266 centros forenses en el país, en los que laboran 5 mil 900 personas de diferentes especialidades, además de que existen 40 laboratorios de identificación genética y sólo 35 especialistas en esa materia, en tanto que en 21 estados se tienen los mismos marcadores de identificación genética, lo que permitiría un intercambio de información.

La funcionaria destacó que del balance se pudo determinar que hay “un déficit de arqueólogos y antropólogos forenses”, por lo que la propuesta de solución es hacer una convocatoria internacional para trabajar en la identificación de los cuerpos que se encuentran en los centros forenses.

En cuanto a la audiencia de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México, Encinas Rodríguez señaló que es un problema que “no es privativo” de la entidad gobernada por Alfredo del Mazo.

Al dar la palabra a la fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados con Violencia de Género, de la Fiscalía estatal, Dilcia Espinoza sostuvo que el 80% de las denuncias por desaparición de niñas y mujeres tienen como resultado la localización de las víctimas.

Frente a las altas cifras que persisten por desaparición de mujeres y niñas, la funcionaria señaló que a partir de que se incluyó el delito de desaparición forzada y desaparición por particulares, se abrieron seis carpetas de investigación, se libraron cinco órdenes de aprehensión por desaparición por particulares, casos de los cuales hay se vincularon a proceso a 8 personas, en tanto que hay una sentencia por 30 años en un caso vinculado con ocultamiento y destrucción de restos.

Los comisionados presentes en las audiencias dieron un voto de confianza al gobierno de López Obrador.

En su intervención en la audiencia de desaparición de mujeres, Margarette May Macaulay consideró que la CIDH necesita “más tiempo para ver los resultados positivos, sabemos que es un problema muy complejo, el tema de los desaparecidos, vamos a esperar cuán efectivas serán las autoridades para encontrar a las personas con vida”.

Luis Ernesto Vargas recordó que, durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, escuchó al presidente “que no habría limitaciones presupuestales para lograr el propósito que se habían trazado, para lograr los hallazgo, tengo la convicción de que se va a cumplir”.

Arosamena, por su parte, comentó una carta que recibió del representante de ONU-DH, Jan Jarab, en la que mostraba su disposición a colaborar con la CIDH para dar asistencia técnica para la creación del Mecanismo Extraordinario Forense, en tanto que se comprometió a revisar el acuerdo del seguimiento del caso Ayotzinapa para encuadrar en él la colaboración con el Estado mexicano en esa materia.

Comentarios