TOLUCA (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó ser parte del grupo de observación para el seguimiento de la petición de Alerta por Violencia de Género (AVG) por desaparición de mujeres y niñas en municipios mexiquenses, en respuesta a la solicitud de colectivos y organismos no gubernamentales involucrados en la búsqueda. Por su parte, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México, justificó que la eficiencia del modelo de búsqueda estatal puede medirse con 80% de niñas y mujeres localizadas con vida, mientras el porcentaje de quienes son encontradas sin vida es “muy pequeño”. Durante una audiencia pública celebrada la tarde de este jueves en Kingston, Jamaica, las organizaciones IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia”, el colectivo “Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos” y la asamblea vecinal “Nos Queremos Vivas Neza” también solicitaron al gobernador Alfredo del Mazo participar en mesas de trabajo y seguimiento a los planes de búsqueda, investigación y atención a víctimas. A las autoridades mexiquenses, pidieron reconocer la labor y compromiso de colectivos y ONG para enfrentar la problemática, que se revisen las denuncias y se reclasifiquen e investiguen como desapariciones, pues sus cifras no tienen enfoque, sobre todo en los casos de larga data. Además demandaron crear comisiones locales de búsqueda con recursos suficientes y con perspectiva de género. Al gobierno federal solicitaron realizar un diagnóstico de la primera AVG por feminicidios; declarar nueva alerta por desapariciones de niñas y mujeres; generar una ruta de acción inmediata para la búsqueda en vida que contemple los riesgos particulares de niñas, mujeres y el acceso de familiares de las víctimas al control judicial; fortalecer las capacidades de las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación y ratificar la competencia del Comité de Desapariciones de la ONU para peticiones individuales. En respuesta, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, admitió como necesario avanzar en la conformación de bases de datos, pues existe rezago para homologar los criterios y características jurídicas, de tal manera que desaparición se confunde con secuestro, extravío y ausencia, lo que impide avanzar en la identificación; en la actualidad, dijo, se usan datos del registro civil y falta el cruce de datos biométricos y genéticos. Comprometió que la prioridad del Gobierno federal será la búsqueda en vida; recordó que para marzo sólo había nueve comisiones locales de búsqueda en las entidades, que actualmente son 19 y en los próximos meses se espera contar con estas unidades en las 32 entidades, a través de la inyección de 207 millones de pesos de la Federación y recurso extra que se espera aporten los gobiernos estatales. Por su parte, Dilcya García expuso que de enero de 2010 al 15 de marzo de 2019, se reportaron como no localizadas en la entidad mexiquense 14 mil 816 mujeres: 11 mil 384 fueron halladas con vida y 208 sin vida, lo que se traduce en 79% de efectividad. Justificó que la desaparición forzada y por particulares son delitos nuevos, por eso la cifra oficial en el Estado de México es pequeña, pero afirmó que se hurga en los casos de larga data para que sean rejudicializados por desaparición. También aseguró que los perfiles de las víctimas son identificados por la Unidad de Análisis y Contexto, la primera en su tipo de todo el país. En el marco del 172 periodo de sesiones, Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión, advirtió como necesarias para estos casos la capacitación de los servidores públicos y la no revictimización. La comisionada Margarette May atribuyó las desapariciones en buena medida al fenómeno del machismo, mientras su homólogo Paulo Abrao destacó la necesidad de implementar protocolos de prevención para evitar, entre otros delitos, la trata de personas; y de crear un registro único de desapariciones con formatos que faciliten el acceso a la información.