Cárceles: El negocio del cautiverio

El desierto de Coahuila, una de las nuevas moradas. Foto: Juan Alberto Cedillo El desierto de Coahuila, una de las nuevas moradas. Foto: Juan Alberto Cedillo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tras el cierre de la colonia penitenciaria Islas Marías, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reubicó a 584 de los 652 internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Ramos Arizpe, en Coahuila, uno de los penales federales que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto concesionaron a operadores privados.

Esta cárcel fue construida durante el sexenio de Calderón por Tradeco con dinero de Infraestructura Institucional (I2), el fondo creado por Jerónimo Marcos Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. El gobierno de Peña Nieto aportó 350 millones de pesos a I2 a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en agosto de 2014.

La empresa Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato, S.A. de C.V. (OIEGSA), que recibió la concesión para construir y administrar la cárcel de Coahuila, está integrada en dos fideicomisos –el F/00735 y el F/175992–, que creó Gerard Rivero en 2010; el segundo adquirió todas las acciones de OIEGSA en 2016.

Estos fideicomisos financiaron, entre otros, dos megaproyectos concesionados a empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, el amigo de Peña Nieto, pero también el gasoducto Los Ramones, cuya construcción fue otorgada a la empresa brasileña Odebrecht, que presuntamente pagó 10.5 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero durante la campaña de Peña Nieto y posteriormente como director general de Pemex.

También compraron acciones en la empresa Sierra Oil & Gas Holding, L.P., que en consorcio con empresas de Estados Unidos y Gran Bretaña obtuvo la primera licitación internacional de la Ronda Uno para la exploración y extracción de hidrocarburos, y por lo tanto primer consorcio en beneficiarse de la reforma energética implementada por el equipo de Peña Nieto.

El 30 de noviembre de 2015, ­BlackRock, el fondo de inversión más importante del planeta –administra 6 billones 288 mil dólares de activos–, concretó la absorción de I2 y todos sus activos, entre ellos los fideicomisos mencionados.

Entre las subsidiarias del fideicomiso destaca la empresa Gestión Integral de Hospitales Zumpango, S.A. de C.V. (GIHZ), incorporada por Hinojosa Cantú en junio de 2009 en Toluca, durante la administración mexiquense de Peña Nieto.

El tamaulipeco creó la sociedad para construir y operar el Hospital de Alta Especialidad Regional Zumpango, después de que el gobierno de Peña Nieto le otorgara el contrato, por 7 mil millones de pesos. 

Ése fue apenas uno de los numerosos contratos que el empresario recibió durante el sexenio de Peña Nieto en el Estado de México, los cuales sumaron más de 35 mil millones de pesos, y se multiplicaron durante los primeros dos años del sexenio pasado, hasta la revelación de que Hinojosa Cantú había construido y financiado la llamada “Casa Blanca” de Peña Nieto y Angélica Rivera en el exclusivo barrio de Las Lomas.

De acuerdo con las actas constitutivas de la GIHZ, consultada por Proceso, cuando se constituyó la empresa, sus acciones eran divididas entre Constructora Teya e IGSA Solutions –dos empresas de Hinojosa Cantú–, pero su consejo de administración era presidido por Pedro Chuayffet Chemor.

Este personaje es hermano de Emilio Chuayffet Chemor, uno de los mentores políticos de Peña Nieto –del que fue además secretario de Educación Pública en el gobierno federal–. Como Peña Nieto, ­Chuayffet es integrante del grupo Atlacomulco y fue gobernador del Estado de México.

Cuando la empresa I Cuadrada Zumpango compró la empresa a Hinojosa Cantú, su consejo de administración pareció una reunión de la élite priista con tintes mexiquenses: en la sesión del 14 de diciembre de 2011, por ejemplo, Gerard Rivero lo presidía, y tenía entre sus consejeros a Hinojosa Cantú, su hijo, y Chuayffet.

El fideicomiso F/00735 también prestó 600 millones de pesos a Autopistas de Vanguardia (Autovan), la empresa de Hinojosa Cantú que obtuvo la concesión para construir y operar la carretera Toluca-Naucalpan, otro megaproyecto lanzado durante la administración mexiquense de Peña Nieto por mil 445 millones de pesos. La empresa del tamaulipeco benefició en febrero de 2013 de un crédito de Banobras por 2 mil 775 millones de pesos.

Además, el instrumento financiero administra tres sociedades que construyeron y operan el tramo de la autopista siglo XXI que va de Morelia a Lázaro Cárdenas, en Michoacán, detrás de las cuales se encuentran las empresas Pinfra –del multimillonario David Peñaloza Alanís– y la española Grupo Azvi en 2012.

Otro proyecto carretero de Azvi –la conservación y operación del tramo Tapachula-Talismán con ramal en Ciudad Hidalgo, Chiapas– fue financiado a través de I2. Esta empresa española –que también opera en México a través de sus filiales Cointer y Constructora Urales– es una aliada de la familia política de Salinas de Gortari.

En 2013, se asoció con GIA+A –una empresa de Hipólito Gerard Rivero, hermano de Jerónimo y también cuñado de Salinas de Gortari– y en consorcio obtuvieron tres contratos de obra pública relativos a la carretera Jala-Puerto Vallarta, por más de 630 mil millones de pesos en total.

La misma GIA+A, que recibió contratos de obra federal por más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio pasado, iba en consorcio con Constructora Teya, de Hinojosa Cantú, en el contrato para la construcción del tren México-Querétaro, que Peña Nieto tuvo que cancelar cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca.

Si bien operaba en el país desde 2008, la absorción de I2 en 2015 detonó el interés de BlackRock en México. En septiembre pasado, concretó la adquisición por 350 millones de dólares del negocio de administración de activos de Impulsora de Fondos Banamex, principalmente de inversionistas individuales.

Actualmente, el fondo opera un portafolio de más de 64 mil millones de dólares en el país –equivalente a un billón 207 mil millones de pesos–, el cual incluye cerca de 80 mil millones de pesos en distintos Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibra), así como acciones en más de 69 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, como Grupo Carso, Grupo México, Banorte, Televisa, FEMSA, ­Elektra, Soriana, Alfa, IEnova o Mexichem, entre muchas.  

Este texto se publicó el 5 de mayo de 2019 en la edición 2218 de la revista Proceso

Comentarios

Load More