TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Decenas de organismos defensores de derechos humanos pidieron erradicar la violencia que se vive en la región de los Altos de Chiapas, pero sobre todo investigar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar que operan en Santa Martha y Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó, “responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región”. Las organizaciones civiles manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en la región de los Altos de Chiapas, situación que pone en peligro la integridad de habitantes los pueblos originarios, donde se vive con temor ante la operación de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región. Señalaron que fue en este contexto cuando el pasado 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido dos días antes. Entre los organismos que se pronunciaron se encuentran: Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. (CDMCH), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Añadieron que desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de civiles armados procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas. Indicaron que entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades gubernamentales; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: “Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego”. En ese escenario se registró la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón. Los organismos indicaron que “la impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral”. Por lo que pidieron a los gobiernos estatal y federal cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades tostsiles de Aldama. Además, implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, con especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado. También solicitaron investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región e investigar y sancionar a los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región. Ante el crimen de Pérez Girón, la Fiscalía General del Estado informó que través de la Fiscalía de Secuestro judicializó la carpeta de investigación que inició por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio en agravio del síndico municipal de Aldama, ocurrido el 2 de mayo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Por este homicidio Francisco “N”, Pascual “N”, Luis “N” y Celia “N” fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional para y solicitar que sean vinculados a proceso.