A fin de obtener contratos de obra pública, la constructora brasileña Odebrecht corrompió durante años a altos funcionarios de gobierno de varios países latinoamericanos. Hasta donde se sabe, México no fue la excepción. Y la Fiscalía General de la República investiga el caso. Impedido de mencionar nombres de una investigación en curso, el fiscal Alejandro Gertz Manero advierte en entrevista con Proceso: “Vamos a ir tras quien tengamos que ir”, y añade que debe prepararse impecablemente el caso, porque “del lado de los presuntos responsables están los abogados más caros, más experimentados y más duros”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A fin de tener un modelo para ejercer acción penal contra quienes en México participaron en el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará información a las autoridades de Perú, país que “mayor éxito” ha tenido en sancionar a los implicados en esa trama internacional, al grado de que el mes pasado el expresidente peruano Alan García se suicidó cuando autoridades judiciales se disponían a detenerlo. En Perú, la constructora brasileña Odebrecht implicó a funcionarios de alto nivel gubernamental que recibieron dinero para las campañas electorales. En México, uno de los sospechosos de haber participado en la trama ilícita es Emilio Lozoya Austin, quien presuntamente recibió dinero de Odebrecht para canalizarlo a cuentas en paraísos fiscales, desde donde habría enviado recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. En entrevista con este semanario, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aborda el caso Odebrecht así como el conocido como “estafa maestra”. Los dos, aunque de naturaleza distinta, son catalogados por él como crímenes de delincuencia organizada y de Estado. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2219, ya en circulación)