MONTERREY, NL (apro).-Los atentados más letales contra la prensa mexicana  han ocurrido en el noreste del país, durante la “narcoguerra” que encabezaron  el Cartel del Golfo (CDG) contra los Zeta, concluye una investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). En esa época el periódico El Mañana de Nuevo Laredo sufrió diversos ataques con granadas y armas de grueso calibre en su redacción; El Siglo de Torreón registró al menos siete atentados similares y el secuestro de sus trabajadores. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el diario Expreso enfrentó un atentado con un coche bomba y constantes amenazas a sus periodistas para que publicaran los que los grupos criminales ordenaban o censurar lo que no les gustaba. El medio que registró más ataques, amenazas y agresiones a sus reporteros fue El Norte de Monterrey, casa matriz del “Grupo Reforma”, con al menos ocho atentados con granadas y armas de fuego contra sus instalaciones. Además, sus reporteros fueron golpeados y amenazados al grado que una gran cantidad de periodistas renunció y abandonó la ciudad. Incluso las familias dueñas del periódico tuvieron que salir del país y refugiarse en Texas. La violencia también se agudizó para la prensa cuando el presidente Felipe Calderón incrementó la presencia del Ejército Mexicano en las calles, para intentar frenar las luchas entre “cárteles”. En esos años no existía el mecanismo de protección a periodistas y el Estado no supo responder ante los graves ataques que sufrió la prensa de provincia, lo que fue evidenciado en informes que mandaron diplomáticos estadunidenses al Departamento de Estado y que se pueden consultar en el Portal WikiLeaks. Narcos mediáticos

“En el año del 2010 ocurrió la mayor cantidad de agresiones contra la prensa de Nuevo León y Tamaulipas, momento en que desaparecieron y asesinaron a más reporteros, alrededor de 10”, documentó la investigación realizada por la doctora Séverine Durin. “Los actores armados, (Cartel del Golfo y los Zetas) libraron una lucha por controlar la línea editorial de los medios”, precisa la investigación la cual fue publicada recientemente en la revista académica “Encarte”. “Eran bien mediáticos los narcos, iban a hacer una ejecución y la hacían antes de las 10 de la mañana para que saliera en vivo en los noticieros o te hablaban: ‘¿sabes qué?, a las 7:30 vamos a tirar un cadáver en tal parte’, porque sabían que a esa hora estaba el noticiero y lo sacabas en vivo”, contó uno de los periodistas entrevistados para la investigación.

Fue una “nueva guerra” donde las luchas armadas se dan dentro de las mismas naciones debido a la incapacidad del Estado de encarar la descomposición social, señala la doctora Durín. El primer gran brote de una inusitada violencia que la República Mexicana no conocía desde la época revolucionaria sucedió en el año 2004 en Nuevo Laredo, cuando el Cártel de Sinaloa intentó arrebatar al CDG esa estratégica ciudad por donde cruza el 75% del comercio terrestre con Estados Unidos. Entre 2004 y 2005 la calurosa ciudad de Nuevo Laredo se transformó en el laboratorio donde apareció la violencia que actualmente sufren diversas regiones de provincia: ahí se vio por primera vez el armamento pesado, granadas, bazookas y fusiles Barrett calibre 50, entre otros. Además, los cuerpos descuartizados, colgados, los narcomensajes y la paramilitarización de los grupos criminales. Diversos reportes, oficiales y periodísticos calculan que durante ese año las cifras de asesinatos rondaron los tres mil y se calculan mil desaparecidos. Ante la violencia y las amenazas de los Zetas-CDG, el periódico El Mañana de Nuevo Laredo dejó de publicar sobre la inseguridad y se autocensuró, después de sufrir varios ataques con explosivos y armas de fuego en su redacción y la muerte de su director. Posteriormente esa violencia se extendió a Nuevo León, Coahuila y otras regiones de Tamaulipas. La peor época de la violencia sucedió entre 2007 y 2012, cuando la zona metropolitana de Monterrey estuvo bajo fuego por las disputas entre Zetas y CDG y los reporteros quedaron en medio. En ese periodo ocurrieron inusitados crímenes masivos como el incendio en el Casino Royale, una masacre de 52 reos en la prisión del Topo Chico y el abandono de 49 torsos en una carretera. Las cifras oficiales arrojan que los desaparecidos en los últimos años suman más de tres mil 500. En Coahuila, en el periodo señalado, regiones como La Laguna y Piedras Negras registraron crímenes masivos sin precedentes. El 18 de marzo del 2011, en el norte de Coahuila sucedió la “masacre de Allende” con saldo de más de 300 asesinados. Las estadísticas oficiales estatales sobre desaparecidos arrojan que se les perdió el rastro a alrededor de mil 800 personas. Mientras que Tamaulipas ha sufrido los niveles de violencia más graves de México.  Los desaparecidos suman más de ocho mil y las masacres comenzaron a salir después de localizar 72 migrantes en una bodega de San Fernando, a lo que siguió una “narcofosa” con más de 300 cuerpos. La investigación de Ciesa destaca que las presiones ejercidas por los actores armados, legales e ilegales, para controlar la información y el ejercicio del periodismo se vio severamente afectado en el noreste.

“Las formas de coacción hacia la prensa cambiaron y se volvieron letales. En el contexto de la paramilitarización de la delincuencia organizada, un fenómeno surgido en el noreste hacia finales del siglo XX”.

El escenario de esta guerra provocó que México se transformara en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Además de las amenazas de los criminales, el gobierno también presionó a los medios de comunicación para que no divulgaran los “narcomensajes”, así como las imágenes terroríficas, por ejemplo, víctimas decapitadas, colgadas o de asesinatos múltiples. El estudio arrojó que un número significativo de periodistas y de personal de los medios de comunicación se vieron obligados a desplazarse para proteger su vida y la de sus familiares directos.

“Se decidió profundizar en el caso específico de la prensa y de la libertad de expresión, por lo que este análisis descansa en los testimonios de 10 comunicadores desplazados”, cuenta la doctora Séverine Durin. “La desaparición en 2006 y 2007 de periodistas de Coahuila y Nuevo León son hechos que eran inéditos para el gremio y marcaron el inicio de una nueva era para la prensa regional, en que la violencia homicida y la desaparición devinieron un método de coacción de la prensa”, describe el documento.

Los testimonios recogidos por la académica incluyen las denuncias de los periodistas sobre las presiones de otros reporteros que fueron cooptados por las bandas criminales.

“De repente te dabas cuenta que había periodistas que llegaban primero siempre a todo y ya después avisaban a los demás: oye sabes qué, me están diciendo que hay un cuerpo, vamos”, narró uno de los entrevistados.

Según otro de los testimonios rendidos anónimamente “el cártel de Sinaloa tenía su jefe de prensa y el Cártel de Los Zetas tenía el suyo, uno de ellos lo desaparecieron. Era el vocero de Los Zetas, eso todo el mundo lo sabe… Desapareció con un camarógrafo, nunca lo encontraron, pero todo mundo sabemos que era el vocero, hablaba para decir ‘oye vamos a tal parte’ y de repente iba y a veces repartía dinero a todos los demás, él era el vocero, jefe de prensa”. El enlace de los Zetas se llamó Gamaliel López Candanosa, reportero de TV Azteca, quien desapareció con un camarógrafo el 10 de mayo de 2007.  Para esa fecha, ninguno de sus compañeros deseaba salir con Gamaliel a las coberturas, pero ese día le tocó la mala suerte al camarógrafo Gerardo Paredes Pérez. Un exjefe policial del municipio metropolitano de Guadalupe contó a Apro que a Gamaliel López lo mataron debido a un error suyo que provocó que toda una cadena de mando de los Zetas desde Reynosa a Monterrey fuera detenida por fuerzas federales. En esos años, en Coahuila, varios trabajadores del Siglo de Torreón también fueron secuestrados y golpeados. Destaca el crimen contra el reportero de cobertura policial de Milenio, Eliseo Barrón, y a partir de su muerte todos los periodistas de la Laguna quedaron amenazados. Mientras que, en Tamaulipas, a principios de marzo de 2010, varios reporteros de distintos medios de comunicación fueron secuestrados en Reynosa; uno de ellos fue asesinado y cinco aún siguen desaparecidos. Acerca del periódico El Norte, un cable del cónsul de Estados Unidos en Monterrey publicado por Wikileaks da cuenta de que los dueños del periódico fueron amenazados y llegaron a la conclusión de que no podían confiar en el ejército para su protección, por lo que salieron del país. Cubrir la violencia con salarios miserables

“Ya no eran policías, eran delincuentes con uniforme, entonces la misma policía empezó a amenazar a gente, a periodistas, empezaron a colaborar con el crimen, a participar en los secuestros, a proteger cargamento, casas de seguridad, entonces ahí fue donde básicamente empezó la descomposición: ¿a quién acudías?”, narra un reportero entrevistado.

Uno más mencionó: “Somos del cártel de Sinaloa, acabamos de llegar a Monterrey, esto se va a poner muy duro porque vamos a pelear la plaza, vamos a correr a estos cabrones... nada más te hablamos a ti para que no tomes partido, si tú estás cobrando dinero, tienes algún compromiso con Los Zetas, ahorita mismo tienes que dejarlo. Si nosotros nos damos cuenta de que tú recibes dinero, tienes algún compromiso con Los Zetas, te vamos a matar”. La investigación incluye el sentimiento de un corresponsal de un prominente periódico nacional quien renunció a su empleo en 2011, luego de que su jefe editorial no entendió los riesgos de la cobertura sobre temas relacionados con delincuencia organizada. En su carta de renuncia, el periodista compartió su “desilusión con algunos directivos de la empresa” y les escribió:

“Los miserables salarios que pagan a los corresponsales dejan ver la poca seriedad con la que se toman los peligros que implica reportear ante la situación de violencia que vive el país. En cambio, las exigencias son altas, demandan gran cantidad de notas y reportajes con fuentes de primer nivel, parece que no entienden que no se puede exigir periodismo de primer mundo pagando sueldos del tercero”.