Reos indígenas reinician huelga de hambre; alegan detención ilegal y tortura

Reos indígenas se cosieron los labios en marzo pasado para exigir su libertad. Foto: Especial Reos indígenas se cosieron los labios en marzo pasado para exigir su libertad. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Al menos seis reos indígenas recluidos en dos penales de Chiapas, reiniciaron este día su huelga de hambre como una medida de protesta porque las autoridades locales no han atendido su reclamo de libertad tras haber sido encarcelados y sentenciados –señalaron– en un proceso plagado de irregularidades y donde hasta hubo tortura.

Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Marcelino Ruiz Gómez y Juan Pérez Álvarez reiniciaron una huelga de hambre indefinida desde los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) Núm. 05, en San Cristóbal de Las Casas y Núm. 10 en Comitán de Domínguez.

Las seis personas privadas de su libertad, integrantes del Pueblo Maya Tsotsil, denunciaron violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos, especialmente tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes en el momento de su detención y durante su estancia en las cárceles por parte de agentes del Estado.

Amigos, familiares y activistas que apoyan su casusa, exigieron que se investigue la tortura, y se tome en cuenta la fabricación de pruebas, para determinar su libertad.

Denunciaron que hasta antes del 15 de marzo pasado no había investigaciones por el delito de tortura en estos casos, a pesar de existir denuncias públicas.

A casi dos meses de que 13 presos iniciaron una huelga de hambre, en cinco cárceles de la entidad y después de un lapso de casi 30 días en ayuno, Abraham López, Germán López, Adrián Gómez, Juan de la Cruz, Marcelino Ruíz y Juan Pérez reiteraron que el sistema de justicia vulnera sus derechos por ser integrantes de Pueblos Originarios.

Los reos señalaron que decidieron regresar a la huelga de hambre como legítima protesta por lo “injusto” de sus procesos y para visibilizar las condiciones carcelarias inhumanas.

Después de un mes de que sus defensores se la pasaron en reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, las familias de los presos han enfrentado discriminación y han sido testigos de que el gobierno no cumplió con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia.

“Hasta el momento sólo se logró el traslado, el pasado 2 de mayo, de German López Montejo y Abraham López Montejo, del CERSS Núm. 14, en Cintalapa, al CERSS Núm. 05 en San Cristóbal de Las Casas, para estar más cerca de su familia, derecho que tienen todas las personas detenidas”, dijo uno de los familiares de los reos.

Explicaron que los seis presos tsotsiles que reiniciaron una huelga de hambre, con riesgo a su integridad y seguridad personal, son un ejemplo más de que el sistema de procuración y administración de justicia es discriminatorio y criminaliza la pobreza.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado que en Chiapas que el 98% de personas privadas de su libertad pertenecientes a algún pueblo originario, no cuentan con una defensa adecuada porque se encuentran en una situación de marginación cultural, social y económica.

Ha señalado que las detenciones suelen realizarse basadas en la apariencia y sospecha, como una forma de “limpieza social” y sostiene que la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes no se investigan, “manteniendo la impunidad y la continuidad de este ilegal método de investigación”.

En el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra La Tortura de la Organización de Las Naciones Unidas (CAT-ONU) (2), que se presentó durante el 66 periodo de sesiones, el 25 de abril de 2019, en Ginebra, Suiza se recomendó al gobierno mexicano: atender las causas estructurales, escala y características específicas de la tortura cometida contra personas y pueblos indígenas, procurando que la atención y medidas de reparación integral en estos casos abarquen no solamente la dimensión individual sino también el impacto comunitario de los hechos.

Además, generar un mecanismo de control efectivo de las detenciones de personas indígenas en el que se garantice la presencia sin demora de un intérprete y un abogado defensor con conocimiento de su cultura, atendiendo los estándares internacionales de protección de los pueblos indígenas.

Y, sobre todo, capacitar a los operadores de justicia en los estándares de protección de las personas indígenas privadas de libertad.

En el contexto de la presentación de las conclusiones del CAT-ONU, el próximo 17 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas urgió al Estado mexicano a respetar la integridad personal de las seis personas privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre. Así como también garantizar los derechos de libre expresión y organización de ellos y sus familias.

Pero, sobre todo, investigar de manera inmediata, eficaz y adecuada las denuncias de Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes que han visibilizado los presos en huelga de hambre en Chiapas.

 

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