Empantanado, el proyecto del gobierno y el Episcopado para pacificar el país

En septiembre pasado, a petición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, integrantes de su equipo se reunieron con representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano para instrumentar juntos un proyecto de pacificación. Como interlocutora del gobierno quedó Loretta Ortiz, quien logró algunos avances, pero luego fue removida y el proyecto quedó a la deriva… Hoy, las cifras oficiales revelan que el primer trimestre de 2019 fue el más violento en la historia del país, con 8 mil 493 ejecuciones. 

LAGO DE GUADALUPE, Edomex.- Ante el “recrudecimiento” de la violencia en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pide con urgencia implementar el plan de pacificación que acordó la Iglesia con el gobierno federal, pero el cual hasta la fecha sigue sin definirse.

Siendo todavía candidato electo, López Obrador fue quien pidió el apoyo eclesiástico para pacificar el país. Y el Episcopado no sólo aceptó, sino que desde septiembre pasado elaboró su proyecto de colaboración para la construcción de la paz, poniendo a disposición su personal y su infraestructura para alcanzar ese objetivo.

El arzobispo Carlos Garfias, vicepresidente de la CEM y encargado de coordinar los esfuerzos de los obispos mexicanos para apoyar al gobierno federal, comenta preocupado:

“La violencia sigue muy presente, muy viva. Las estadísticas muestran que se ha recrudecido. Ante esta realidad de violencia, hoy se hace más urgente implementar el proyecto de pacificación y reconciliación que tenemos acordado con el gobierno federal.”

Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la CEM, lo secunda: “Todos necesitamos participar. Nadie, por sí solo, podrá resolver el problema de la violencia en el país. Y por lo que respecta a la Iglesia, nosotros seguimos en la mejor disposición de colaborar”.

Sin embargo, a ocho meses de que el Episcopado presentó su proyecto de colaboración, ambos prelados indican que “con el gobierno todavía estamos en una etapa de acercamiento, planteamiento y búsqueda de mayor diálogo”.

Garfias abunda: “Aún no definimos cuál será la ruta de colaboración. Antes que nada, nosotros necesitamos dialogar con una instancia de interlocución directa, pero también determinar con mucha claridad de qué forma aportaremos nuestros proyectos. Todo eso está por definirse”.

Esta indefinición se debe en gran parte al gobierno federal. En un principio, siendo presidente electo, López Obrador designó a Loretta Ortiz como responsable del proceso de pacificación e interlocutora con la Iglesia. Ortiz consiguió el apoyo de la CEM, de la Compañía de Jesús y de la propia Santa Sede, todas con amplia experiencia en procesos de paz. Incluso Ortiz llegó a invitar al Papa Francisco a México para que diera un mensaje de aliento.

En una entrevista con este semanario, en octubre del año pasado, Loretta Ortiz adelantaba entusiasmada que tendría una oficina en la Secretaría de Seguridad, a través de la cual coordinaría los esfuerzos del gobierno y de la Iglesia. 

Aseguraba entonces: “Mi unidad se llamará Seguridad Humana y Procesos de Paz. Será el centro coordinador para la pacificación del país y dependerá de la nueva Secretaría de Seguridad. Al igual que la católica, otras Iglesias podrán sumarse a nuestros esfuerzos, lo mismo que organizaciones sociales” (Proceso 2189).    

Interlocución averiada 

Al asumir López Obrador la Presidencia, Loretta Ortiz fue relegada de esa encomienda e incluso luego contendió para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que finalmente no consiguió.

Ahora, según los obispos Carlos Garfias y Alfonso Miranda Guardiola, el Episcopado ya no tiene interlocución con Ortiz, sino con varios funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos titulares son Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente.

Los prelados señalan que se han reunido por separado tanto con Sánchez Cordero como con Durazo. Pero principalmente –dicen– han sostenido encuentros con el equipo de Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, de Gobernación.

A estos funcionarios –comentan– les exponen sus propuestas de colaboración que en su momento ya le expusieron a Loretta Ortiz y quedaron delineadas en el Plan de la Iglesia católica para la construcción de la paz, un documento que el Episcopado emitió el 11 de septiembre del año pasado, en respuesta a la invitación de López Obrador a colaborar en la pacificación. 

Ahí se señala, por ejemplo, la disposición de la CEM a colaborar con sus llamados “centros de escucha”, espacios parroquiales que está abriendo en todo el país y donde se da atención espiritual y jurídica a las víctimas de la violencia. Cada centro de escucha cuenta con un equipo de psicólogos, abogados, sacerdotes y laicos que desempeñan esa labor social.

En el plan de colaboración también se enumeran seis “acciones” del Episcopado para alcanzar la paz:

Primera: “apoyar al clero en las diócesis vulnerables por la violencia”; segunda: promover entre los sacerdotes, seminaristas y laicos “la capacitación para el servicio de la mediación en situaciones de conflicto”; tercera: preparar a los seminaristas en “estrategias para la construcción de paz”; cuarta: adiestrar a los sacerdotes en el manejo “de situaciones de dolor y muerte”; quinta: difundir en el presbiterio “protocolos de seguridad”, y sexta: crear “comités de crisis”.

Y mientras la colaboración entre el Episcopado y el gobierno sigue sin concretarse, las cifras oficiales revelan que el primer trimestre de 2019 fue el más violento en la historia del país, al registrarse 8 mil 493 ejecuciones, cifra superior a las 7 mil 667 registradas en el mismo periodo del año pasado. 

Preocupada por este incremento de la violencia, la CEM emitió un comunicado el jueves 2, en el marco de su reciente asamblea plenaria. Ahí señalan los obispos: “Hacemos nuestras las angustias del país, que sigue sufriendo violencia, inseguridad, pobreza, inequidad, incertidumbre política, deterioro ambiental y desigualdad social”.

En esa asamblea –realizada del 29 de abril al 3 de mayo– los casi 150 obispos mexicanos analizaron la actual escalada de violencia, sobre todo durante la exposición sobre el tema que les hizo –con gráficas y estadísticas– el doctor Rodrigo Guerra López, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.    

Las advertencias de la CEM

Por separado, algunos obispos lanzan señales de alerta sobre el incremento de la violencia en sus respectivas diócesis. Por ejemplo, el de Cuernavaca, Ramón Castro, emitió un comunicado el pasado 18 de abril en el que aseguró:

“Morelos vive el peor momento de su historia en materia de seguridad; el derramamiento de sangre es escandaloso y la forma de operar de los grupos criminales es cada vez más impune.

“Son ya 453 ejecutados en tres meses y medio. La inseguridad que vive Morelos es fuerte, la más grave de su historia, nunca antes tantas personas habían sido asesinadas en tan poco tiempo. Ante esta situación tan compleja vemos un Morelos lastimado, dolido, enojado, pero también apático e indiferente frente a esta situación de violencia.”

Y exhortó al gobierno y a la sociedad morelense a “sumar esfuerzos” para poder “recuperar la paz que tanto anhelamos”. 

Mientras que el obispo de la turbulenta diócesis michoacana de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, señaló en un comunicado del 16 de abril que la “lucha de poder” entre “grupos armados” está provocando en la región “acontecimientos devastadores”, entre éstos mencionó asesinatos recientes, así como casas parroquiales y templos “ultrajados a balazos con armas de alto poder”.

Y el pasado 23 de abril, en la Cámara de Diputados, Carlos Garfias dijo que la reciente masacre en Minatitlán –en la que fueron asesinadas 13 personas– es “una expresión más de la situación de violencia que sigue teniendo nuestro país y que nos reclama darle organicidad a nuestros esfuerzos por construir la paz”

Agregó que “hay muchos esfuerzos y muchos intentos por alcanzar la paz, pero son acciones aisladas. Con la masacre de Minatitlán tenemos un desafío más fuerte para implementar un proyecto preciso en el que participemos todos”. 

Ese día, Garfias y Alfonso Miranda estuvieron en el recinto de San Lázaro para presentar el documental fílmico Tragedia y crisol del sacerdocio en México, donde se aborda la escalada de asesinatos contra sacerdotes, que algunos analistas ya califican como un “clericidio”.

Ahí, ante algunos legisladores, el obispo Miranda leyó un discurso donde reiteró la disposición del Episcopado a colaborar en el proceso de pacificación. Señaló que “no sólo en el campo de la reflexión, sino sobre todo en el de la acción, muchos obispos, sacerdotes y laicos se han convertido en defensores de derechos humanos”.

También mencionó en su discurso la infraestructura con que actualmente cuenta el Episcopado para colaborar con el gobierno: 20 centros de derechos humanos, 35 centros de escucha para atender a las víctimas de la violencia, 119 casas de migrantes, ocho centros de atención para familiares de desaparecidos, 97 grupos de atención a presidiarios, 151 orfanatos y 34 centros de atención a niños y mujeres en situación de calle, entre otras “obras sociales”. 

En busca de nuevas rutas

Garfias y Miranda charlan con el reportero durante un receso en la asamblea plenaria de obispos, realizada en la sede de la CEM, el imponente bunker situado en un despoblado paraje mexiquense de Lago de Guadalupe y donde los obispos estuvieron en retiro durante los cinco días de sesiones.

Monseñor Garfias se encoge de hombros y reitera:

–Sigue sin definirse la colaboración entre el gobierno y el Episcopado. No hay ninguna definición de ruta. Seguimos en la etapa de acercamiento y de hacer planteamientos.

 –¿Y qué planteamientos se han hecho por el momento?

–Por ejemplo, está planteada la posibilidad de crear un Consejo Nacional para Construcción de la Paz, integrado por las autoridades, la Iglesia y la sociedad civil. Aparte, está la propuesta nuestra de impulsar un proyecto de educación y capacitación para la paz. Nosotros mientras tanto ya venimos trabajando ese proyecto en algunos lugares del país.

Actual arzobispo de Morelia y vicepresidente de la CEM para el trienio 2018-2021, Garfias tiene amplia experiencia en procesos de pacificación y atención a víctimas. Por ejemplo, siendo arzobispo de Acapulco fue el primero en abrir los centros de escucha que ahora ya se extendieron a todo el país. En agosto del año pasado, el Episcopado lo designó su representante ante el gobierno de López Obrador para colaborar en la pacificación, por lo que participó –invitado por Loretta Ortiz– en los foros para la paz que se dieron en ese tiempo. 

Ahora, Garfias señala que, por lo pronto, a Alfonso Durazo le parece buena idea colaborar conjuntamente en los centros de escucha. Agrega: 

“Los centros de escucha pueden ser el punto de partida de nuestra colaboración con el gobierno, porque en estos espacios se atiende directamente a las víctimas. Esto es muy importante, ya que primero se necesita reconstruir a la persona para luego pasar a reconstruir a la comunidad.

“Si no se logra que la persona dañada se reconcilie consigo misma, jamás se logrará reconstruir el tejido social. Por eso pensamos que los centros de escucha serán el punto de arranque, y parece que hay buena disposición del gobierno para hacerlo.”

–Estos centros de escucha están generalmente en las parroquias, ¿el gobierno podrá entonces acceder a estos espacios eclesiásticos?

–La idea es que los centros se vayan expandiendo a otros espacios: a los ámbitos escolares, a las colonias… Ya con un plan nacional, se puede incluso programar la apertura anual de determinado número de centros de escucha, para instalarlos en distintos puntos y ponerlos a disposición de las víctimas. 

Respecto a los llamados “centros de reconciliación”, donde la Iglesia reúne a las víctimas con sus victimarios para propiciar entre ellos la reconciliación y el perdón, como siguiente etapa a la de los centros de escucha, Garfias todavía ve muy lejano que puedan implementarse en colaboración con el gobierno.

Y ni qué decir de una etapa más avanzada que implementa el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, quien ya dialoga directamente con los líderes de los cárteles de la droga. Esta postura es rechazada por el gobierno, bajo el argumento de que no dialoga con delincuentes. Pero el Episcopado la acepta, dejando a cada obispo en libertad de hablar con los capos.

“Son circunstancias particulares, algo muy personal que cada obispo puede implementar para realizar su apostolado. Es una manera muy concreta, muy precisa de construir la paz”, concluye Garfias.

 Así, aparte de que la colaboración entre el gobierno y la Iglesia aún no se define, ésta parece que, de concretarse, tendrá ciertos límites. 

Este reportaje se publicó el 12 de mayo de 2019 en la edición 2219 de la revista Proceso

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