CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organismos de derechos humanos condenaron el asesinato del periodista Francisco Romero Díaz, el séptimo ocurrido este año, que se suma a otros 147 crímenes de reporteros desde el año 2000. Tras emitir medidas cautelares a favor de los colaboradores del portal de noticias Ocurrió Aquí, fundado por Romero Díaz en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a la Fiscalía estatal “investigar de inmediato los hechos y allegarse de toda la información necesaria, con énfasis en la posible vinculación entre la agresión y las notas periodísticas que el comunicador difundía en su página de noticias, con el fin de dar con los responsables para presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda”. La CNDH, que también pidió medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía de Quintana Roo, alertó sobre el “incremento de la violencia contra comunicadores” de esa entidad, y recordó que en junio y julio de 2018 fueron asesinados los periodistas José Guadalupe Chan Dzib y Rubén Pat, en Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen, respectivamente. Ambos fueron compañeros de Romero Díaz en el portal Playa News. A la condena por el homicidio se sumó el director del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), José Antonio Lara Duque, quien solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno “garantizar la libertad de prensa en todo el país”. En un pronunciamiento, el defensor expresó su “preocupación por la seguridad, la vida y el derecho a la libertad de prensa de todas las personas que ejercen el periodismo en México”. Tras solicitar de manera particular “una investigación integral para saber los motivos de este último atentado en el país”, Lara Duque hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para garantizar el derecho a la libertad de expresión y la vida de los comunicadores. “Éste y los demás crímenes contra la libertad de expresión en México deben ser investigados y esclarecidos efectivamente; la libertad de prensa es un derecho de los trabajadores de la información, así como de los integrantes de la sociedad”, recalcó. Subrayó que no sólo los periodistas han sido objeto de violencia criminal, pues los defensores de derechos humanos también han sido blanco de amenazas e intimidación, dijo. Destacó que en el caso del CDHZL “ha sido objeto de actos de agresión y acciones de represión” en el Estado de México por acompañar la defensa de la tierra de habitantes de Texcoco que se oponen a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y ahora por representar a las comunidades afectadas con la ampliación de la base aérea de Santa Lucía. El CDHZL litigó la liberación de seis indígenas nahuas sentenciados a 50 años “por defender el agua que emana del Nevado de Toluca en la comunidad de San Pedro Tlanixco, sentencia que fue revertida una vez que se evidenciaron graves violaciones al debido proceso, donde participaron relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, remató.