La ONU cuestiona designación de militar en retiro al mando de la GN

El comandante general de Brigada en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, será el mando de la Guardia Nacional. Foto: Ocatvio Gómez El comandante general de Brigada en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, será el mando de la Guardia Nacional. Foto: Ocatvio Gómez

GINEBRA (apro).- El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) pidió a México garantizar el mando civil de la Guardia Nacional y que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo de autoridades civiles y no militares.

“Se deberá garantizar el mando civil de la Guardia Nacional, a fin de preservar su independencia”, remarca el CAT al presentar las conclusiones en rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

Asimismo, el relator para México Diego Rodríguez Pinzón afirmó de manera categórica que la situación con respecto a la Tortura continúa “alarmante”.

El grupo de 10 expertos urge en sus conclusiones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares”.

En este sentido el CAT expresó preocupación por “el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe operativo de esta institución.

“Por otra parte, es también motivo de preocupación la falta de claridad acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos”.

El CAT le llama a “velar por que se investigue de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, especialmente la fuerza letal, por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y el personal militar, asegurarse de que se enjuicie a los presuntos autores, y que, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y se repare plenamente a las víctimas o sus familiares”.

Ley sobre uso de la fuerza

Además, le invita a adoptar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza prevista en el artículo 73 XXIII de la Constitución, conforme al contenido de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad en todo momento durante el ejercicio de sus funciones.

El CAT observó que conforme a las explicaciones ofrecidas por la delegación sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad contra el crimen organizado, por el momento el Estado parte no considera posible relevar al ejército de su labor actual en materia de seguridad.

En este sentido, “el Comité expresa su preocupación al respecto, así como por las informaciones que denuncian graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidas por militares en el marco de este tipo de operativos”.

En sus conclusiones luego de la revisión del informe de México llevado a cabo el 25 y 26 de abril en la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos el CAT insta a México “hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad”,

El CAT reitera al gobierno del presidente López Obrador eliminar la figura penal del arraigo de su ordenamiento jurídico, tal como lo hizo con gobiernos anteriores.

Le invita a continuar sus esfuerzos orientados a eliminar la sobreocupación en todos centros de detención, en particular los estatales y municipales, principalmente mediante el recurso a las medidas alternativas a las penas privativas de libertad.

Asimismo, le urge asegurar que en la práctica la prisión preventiva no se aplique o prolongue en exceso y lamenta no haber recibido información sobre decisiones de los tribunales en las que hayan desestimado como pruebas confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos.

De ahí que mantenga su preocupación por los informes concordantes según los cuales los tribunales no investigan este tipo de denuncias, trasladando la carga de la prueba a las presuntas víctimas.

La tortura, una preocupación

También preocupan al Comité las informaciones que señalan que “el uso de la tortura para obtener confesiones es habitual y que las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante los tribunales”.

El CAT asimismo hizo eco de las conclusiones del informe de la investigación “Doble Injusticia” de la OACNUDH en México, de 15 de marzo de 2018, en el que se documenta de manera pormenorizada la comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos contra las personas procesadas en el marco de la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Por otra parte, el CAT pide al gobierno de Palacio Nacional “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas”.

El Comité alienta al Estado parte a concluir la elaboración y aprobación del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, así como de las partidas presupuestarias correspondientes, garantizando la participación de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura y/o acompañamiento de víctimas

Entre otras recomendaciones el CAT insta a implementar “medidas eficaces” para garantizar que las personas detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su privación de libertad de conformidad con las normas internacionales, en particular: el derecho a ser asistidos sin demora por un abogado y a recibir asistencia letrada gratuita en caso de necesidad.

“México debe garantizar el examen sistemático de los procedimientos de detención e interrogatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención’’, cita el documento de las conclusiones del CAT.

 

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