Del Mazo busca construir penales y carreteras con esquema APP, que triplica su costo

TOLUCA, Edomex. (apro).– La deuda pública del Gobierno del Estado de México crecerá de 38 mil millones al cierre de 2018 a cerca de 50 mil millones de pesos este año, de ser aprobadas en sus términos las iniciativas del gobernador, Alfredo del Mazo, para construir y operar dos penales y rehabilitar y mantener mil 600 kilómetros carreteros bajo el esquema de la Asociación Público Privada (APP).

Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas del Estado de México, reconoció que 9 mil millones de pesos –de los 43 mil millones más IVA y actualizaciones– que implicarán las APP, serán registrados como deuda.

El funcionario estatal aseguró que las tres primeras APP promovidas por el gobernador Del Mazo no representarán a las Finanzas estatales una presión importante, pues “sólo 9 mil millones se abonan, se registran de manera total en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del financiamiento… sólo aumenta en esa medida (la deuda)”.

Los otros 34 mil millones de pesos de las APP, expuso, “son recursos del día a día, de aquí a los siguientes 25 años para garantizar el costo de operación y mantenimiento”.

Esta cantidad (9 mil millones de pesos) es superior incluso al financiamiento concedido al mandatario mexiquense a través de la aprobación de la Ley de Ingresos 2019, en donde se otorga al Estado permiso para endeudarse hasta por 3 mil 400 millones de pesos: el sector central podrá contratar deuda neta por hasta mil 900 millones de pesos, y los organismos auxiliares hasta por mil 500 millones.

Al cierre de 2018, la deuda pública del gobierno estatal ascendía a 38 mil millones de pesos (creció en 700 millones, en comparación con 2017), que sumados a los 9 mil millones de las APP y los 3 mil 400 millones autorizados como deuda en el Paquete Fiscal 2019, rebasarían los 50 mil millones de pesos.

Jarque Lira insistió en que este esquema de participación de la iniciativa privada en obras y servicios gubernamentales ofrece mayores ventajas con relación a su antecesor, los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), pues permiten “fijar desde ahorita la contraprestación en los siguientes 25 años”, lo que ofrece certeza al gobierno estatal sobre un precio definitivo.

En un análisis costo-beneficio, costo-eficiencia, valor del dinero, aseguró, se determinó que estas obras y servicios traen más beneficios mediante el esquema de las APP que si el gobierno estatal las construyera y ofreciera por él mismo. El ahorro, afirmó, es de 3 mil 500 millones de pesos en todo el esquema y permitirá atender otras necesidades a lo largo de 25 años.

El 12 de abril pasado, el gobernador mexiquense solicitó a la Legislatura local autorización para contratar financiamiento multianual por más de 43 mil millones de pesos (más IVA y actualizaciones) con la finalidad de construir y operar los centros penitenciarios de Otumba e Ixtapaluca y rehabilitar y mantener carreteras en la capital y el sur de la entidad, mediante la figura APP.

Conforme a los proyectos, cada centro penitenciario costará 15 mil 111 millones de pesos más IVA (actualizable con los incrementos del índice Nacional de Precios al Consumidor), cantidad que se pagará durante un periodo de 25 años, con el propósito de que durante los primeros 24 meses se edifiquen, y en los siguientes 23 años se operen y mantengan.

 

Esquema APP triplica costos de obras

Las iniciativas reconocen que, si el gobierno estatal construye los penales, cada uno le representará una inversión de más de 3 mil 900 millones de pesos; es decir, en esquema APP triplicará el costo.

El proyecto de rehabilitación y conservación de la red carretera representará, vía las APP, una inversión de 13 mil 629 millones de pesos más IVA (actualizable con los incrementos del índice Nacional de Precios al Consumidor) durante 12 años. Si el Estado se encargara de estas tareas, le costaría 4 mil 411 millones de pesos.

Las iniciativas, que se encuentran en análisis, también prevén que los montos se inscriban en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades federativas y municipios y en el registro de deuda pública.

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