Espacio OSC exige a AMLO garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos

Las organizaciones civiles condenaron el asesinato del periodista Francisco Romero. Imagen: Twitter @Cencos Las organizaciones civiles condenaron el asesinato del periodista Francisco Romero. Imagen: Twitter @Cencos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Ello tras el homicidio del periodista Francisco Romero, quien contaba con medidas de seguridad por parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas.

En un pronunciamiento, las organizaciones sociales destacaron que el asesinato de Romero pone en evidencia que “ni el Mecanismo ni otras instituciones encargadas de prevenir, proteger e investigar, atienden las causas estructurales de la violencia”.

En cuanto al Mecanismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación, señalaron que una vez más se comprueba que “se enfoca en la seguridad de la persona y no en crear condiciones y entornos seguros para garantizar el ejercicio de sus derechos”.

Añadieron: “Frente a los ataques que tienen como objetivo privar de la vida a un periodista o persona defensora de derechos humanos, la sola protección no será ni eficaz ni suficiente, como lo demuestra una vez más el asesinato de otra persona beneficiaria del Mecanismo”.

Además, resaltaron que, desde la creación del Mecanismo en 2012, cuatro periodistas que contaban con medidas de protección de ese instrumento fueron asesinados, y dos de ellos pertenecían al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en tanto que, a partir de la administración de López Obrador, tres personas beneficiarias del Mecanismo han sido ejecutadas.

Comentaron que el caso particular de Francisco Romero ilustra las falencias de las instancias encargadas de proteger a periodistas e investigar las agresiones de que son víctimas, pues tanto el Mecanismo como la fiscalía local y la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) tenían conocimiento, desde marzo, que el periodista “había sido víctima de diversas agresiones y violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, amenazas por funcionarios públicos e integrantes de la delincuencia organizada y ataques digitales”.

Tras señalar que el Mecanismo otorgó como medida de protección un botón de asistencia y dos escoltas, quienes no se encontraban con él al momento del asesinato, las organizaciones destacaron que Romero publicó un video en el que señalaba a la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristáin, militante de Morena, como responsable de lo que pudiera ocurrirle, luego de que fue víctima de privación ilegal de la libertad el 11 de abril por tres desconocidos que lo subieron a una camioneta alrededor de las 17:30 y lo dejaron en libertad a las tres de la mañana del día 12.

Las organizaciones resaltaron que además de la privación de la libertad, el periodista fue víctima de graves amenazas previas a su asesinato, “sin que las autoridades locales encargadas de investigar e impartir justicia lo hubieran tomado en cuenta”, dejándolo en “un mayor riesgo, ya que, como ha quedado en evidencia, la impunidad no es más que un aliciente para seguir agrediendo y violando derechos humanos”.

El caso de Romero ocurrió en un contexto en que en Quintana Roo “se ha identificado un patrón alarmante durante 2018 y 2019, en el que las autoridades municipales son las principales agresoras de la prensa, colocándola recientemente como una de las entidades más peligrosas para el gremio”.

Para el Espacio OSC, “cualquier política pública encaminada a proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe vincular y armonizar las obligaciones de prevención, protección, investigación, sanción y reparación del daño”.

En su condena del homicidio del director de “Ocurrió Aquí”, los integrantes de Espacio OSC condenaron “enérgicamente la narrativa que difama, criminaliza y revictimiza a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, al tiempo en que solicitaron “propiciar un ambiente favorable que les permita llevar a cabo su labor libre de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias”.

A la FEADLE y a la Fiscalía General del estado de Quintana Roo exigieron que “investiguen de manera diligente e imparcial, tomando en cuenta como principal línea de investigación la labor periodística de Francisco Romero”, y aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las organizaciones le solicitaron “iniciar una queja de oficio por las posibles violaciones graves a derechos humanos y la probable responsabilidad de funcionarios públicos” en el homicidio de Romero.

Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Espacio OSC pidió proteger a la familia del periodista y los colaboradores de Romero; iniciar una investigación interna que identifique los errores en el plan de protección, y la responsabilidad de funcionarios públicos federales, estatales y municipales “que no hayan actuado conforme a su deber de protección”.

De igual manera, urgieron a realizar una evaluación de la situación de la libertad de expresión en Quintana Roo y “valorar la posibilidad de implementar un plan de contingencia para prevenir que las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos continúen escalando” en la entidad.

A nivel nacional sugirieron “elaborar una ruta crítica para la construcción de una política pública integral para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Para la evaluación nacional, los firmantes consideraron necesario convocar a “mesas plurales de trabajo con el Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el país”.

Firmaron el pronunciamiento Artículo 19; Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, de Sinaloa; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”; Colectivo #YoSíSoyPeriodista, de Baja California; Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato; Comunicación e Información de la Mujer; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Enfoque de Igualdad; EHECATL Organización para la Integración Familiar; Info Quórum; Mucei, y Periodistas Desplazados de México.

Se sumaron Propuesta Cívica, Red Nacional de Periodistas, Red Puebla de Periodistas, Red Veracruzana de Periodistas, Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas en Altamirano, Oasis de San Juan de Dios, Voces Irritilas de la Comarca Lagunera y Durango, y decenas de periodistas de todo el país.

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