Quedan en libertad los últimos tres duartistas encarcelados por “desaparición forzada”

XALAPA, Ver. (apro).- Con el cambio de medidas cautelares, en las últimas 12 horas quedaron en libertad el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras; el exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, y la exdirectora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del estado (FGE), María del Rosario Zamora.

Los excolaboradores del exgobernador Javier Duarte, acusados del delito de “desaparición forzada”, dejaron el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo para continuar con su proceso penal en la modalidad de “arresto domiciliario”.

A los tres exfuncionarios, detenidos en el verano de 2018, un juez les concedió el cambio de medidas cautelares de “prisión preventiva oficiosa” por considerar “excesiva” esa medida precautoria. Y ahora, con el arresto domiciliario, los imputados sólo tendrán que ir cada viernes al penal de Pacho Viejo para a firmar –en compañía de sus abogados– el libro de control.

Con esta liberación, el penal de Pacho Viejo quedó libre de los llamados “funcionarios duartistas”, quienes de manera gradual salieron de prisión, en medio de las acusaciones entre el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscalía General del estado encabezada por Jorge Winckler.

Ambos se acusaron de “pactar” y “negociar” impunidad para el primer círculo del priista Javier Duarte, hoy condenado a nueve años de prisión en el Reclusorio Varonil Oriente en la Ciudad de México.

“Sí se pudo chavos”, gritó a la prensa Bravo Contreras al salir de prisión, ya sin el uniforme naranja y ataviado en un traje de diseñador. El exfiscal veracruzano levantó las manos en alto y con una sonrisa de oreja a oreja regresó al penal de Pacho Viejo únicamente para recoger sus objetos personales.

En marzo pasado, el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y excontralor general del estado, Mauricio Audirac Murillo, “fue absuelto” de la presunción del delito de desvío de recursos en agravio del gobierno de Veracruz, en el periodo 2010-2016.

En ese tiempo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demandó ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobierno de Duarte por haber malversado recursos públicos del orden de 70 mil millones de pesos. Durante esa gestión, Mauricio Audirac ocupó cargos clave como titular de Sefiplan y contralor.

Audirac fue detenido por agentes ministeriales el 29 de marzo de 2017 en el estado de Puebla, señalado por la transferencia de 220 millones de pesos que otorgó la federación y que presuntamente ordenó se transfieran de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) a una cuenta bancaria de la Sefiplan, donde el recurso se esfumó.

Desde el 3 de diciembre de 2018 el exfuncionario duartista salió del penal regional de Pacho Viejo, luego de que fue cambiada la medida cautelar de “prisión preventiva oficiosa”, y ahora lleva su proceso penal en libertad.

Casi cuatro meses después, Audirac fue exonerado por el juez de Control Francisco Javier Hernández Lima, quien consideró “la no vinculación a proceso” al dar cumplimiento al amparo 528/2017 que concedió el Juzgado Segundo de Distrito de la Federación.

La misma situación ocurrió en ese mismo mes con el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, quien recogió su pasaporte en el mismo centro penitenciario y sostuvo que la justicia poco a poco le ha ido resarciendo sus bienes que como “ciudadano de bien” adquirió, como la devolución de su notaría, la libertad y el retiro de medidas cautelares.

En Veracruz, de la casi decena de funcionarios duartistas que fueron puestos en prisión durante el bienio de Miguel Ángel Yunes, ya todos están libres.

En la liberación de los exsecretarios de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; de Salud, Juan Antonio Nemi, y la vocera Georgina Domínguez, hubo visos de componendas políticas con el fiscal Jorge Winckler y con el propio gobierno de Cuitláhuac García.

Juan Antonio Nemi Dib, exfuncionario en varias dependencias durante el sexenio de Duarte de Ochoa –condenado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero–, reapareció el mes pasado para presumir su inocencia y asegurar que no buscará “venganza” con quienes lo “encarcelaron”, pues ahora su principal preocupación –dijo– es “cubrir las deudas” que adquirió para defenderse mientras estaba en prisión.

“Yo ya no estoy para venganzas, para vendettas, ni para acusaciones. Se demostró que fui injustamente acusado, con pruebas falsas, que fui incorrectamente vinculado a proceso, fui privado 15 meses de la libertad por delitos que no ameritaba prisión y que finalmente las motivaciones que me llevaron a la cárcel eran de carácter político y no la búsqueda de justicia”, insistió en una rueda de prensa improvisada en un café del zócalo de Xalapa.

Según Nemi Dib, quien desde diciembre pasado gozaba de “arresto domiciliario”, que cumplía en un hospital privado de la capital del estado, tres magistrados federales “resolvieron” su inocencia en el caso, razón por la que ya no tendrá que enfrentar la justicia, e incluso quedó liberado de las medidas cautelares que cada semana lo orillaban acudir a la cárcel de Pacho Viejo a rubricar el libro de control, apuntó.

En el gobierno de Javier Duarte, Juan Antonio Nemi arrancó el sexenio como director del DIF estatal a cargo de Karime Macías de Duarte –con solicitud de extradición de la Fiscalía General de la República–, posteriormente fungió como secretario particular de Duarte y luego como secretario de Salud, nombramiento en el que se le fincaron los delitos que lo llevaron a la cárcel por un periodo de 15 meses. Concluyó el sexenio con un cargo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En el caso de Domínguez Colio, exvocera de Duarte, adquirió un hotel boutique, dos restaurantes, compró dos medios de comunicación, una residencia campestre en “La Pitaya” –en medio del bosque mesófilo– y departamentos de lujo. Aunque se le acusó de coalición y peculado, ninguna de sus propiedades le fue requisada.

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