Cerca de 300 personas marchan tras envenenamiento de mascotas en Campeche (Video)

Cientos de personas marcharon tras el envenenamiento de perros y gatos en Campeche. Foto: Rosa Santana Cientos de personas marcharon tras el envenenamiento de perros y gatos en Campeche. Foto: Rosa Santana

CAMPECHE, Cam. (apro).- Decenas de defensores de los derechos de los animales se manifestaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para clamar justicia por el exterminio de perros y gatos callejeros en esta capital y exigir los videos de las cámaras de seguridad de la ciudad para dar con los responsables.

Diputados de todos los partidos que se sumaron a la manifestación fueron invitados a pasar a una reunión privada en la vicefiscalía, lo que calentó los ánimos de los ciudadanos quienes entre rechiflas y abucheos les reprocharon que ellos no los representaban ni los conocían.

Los panistas José Inurreta y Biby Ravelo, así como la morenista Sofía Taje desistieron y se retiraron. Los priistas se aventuraron a entrar en medio de los abucheos.

Los quejosos terminaron la protesta recolectando firmas.

La mortandad de perros y gatos, por envenenamiento, se extendió a otros sectores de la ciudad como las avenidas Central, Colosio, López Mateos, Lázaro Cárdenas, Universidad y colonias aledañas a estas.

Además de los animales callejeros, varios internautas denunciaron la muerte de sus mascotas a quienes sin saberlo sacaron a pasear por las áreas donde se esparció el veneno.

La matanza provocó la indignación ciudadana, sobre todo porque en 2017 se aprobó en la entidad la Ley de Protección a los Animales y el año pasado se endurecieron las penas para quienes la vulneren.

Hasta esta tarde sumaban cinco las denuncias interpuestas ante la FGE por este exterminio, dos de ellas ciudadanas y las otras por el jurídico del ayuntamiento y los diputados Álvar Ortiz Azar, del partido Verde Ecologista y José Luis Flores, coordinador de la bancada de Morena.

Aunque otros ciudadanos pretendieron hacer lo propio, dijeron que el ministerio público se las rechazó con el argumento de que ya había varias y que si seguían llegando más la investigación se rezagaría.

El fiscal general, Juan Manuel Herrera Campos, aseguró que como parte de las pesquisas se solicitará al Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana (C-5) las copias de los videos de las cámaras de seguridad de la ciudad.

No obstante, los defensores de los animales culpan a la Secretaría de Salud por la matanza porque esta coincidió con la reunión nacional de personal del área de Zoonosis que se lleva a cabo en esta ciudad y tiene como sede justamente un hotel situado en el malecón, en la zona donde ayer aparecieron los primeros perros muertos.

Autoridades de Salud rechazaron las acusaciones, lamentaron lo ocurrido y aseguraron que su función se limita a vacunar y esterilizar a los perros y gatos, por lo que no tienen responsabilidad en el exterminio.

El argumento no convenció a los ciudadanos indignados, entre quienes se dejó correr la versión de que la matanza presuntamente fue ordenada por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, porque los perros estaban entrando al parque Moch Cohuó, que recientemente reconstruyó.

Hasta el momento el mandatario no se ha pronunciado al respecto.

Esta tarde, ataviados con camisetas alusivas a la protesta, unos 300 ciudadanos, portando mantas, pancartas y coronas de flores, marcharon hasta la FGE donde exigieron justicia por el exterminio y que se hagan públicos los videos de las cámaras de seguridad. Y que “caiga quien caiga”.

También demandaron que el gobernador salga a dar la cara y muestre que tiene voluntad de que hacer valer la justicia.

Algunos diputados como Ortiz Azar y los priistas Jorge Ortega y Guadalupe Torres Arango, así como el director estatal del Instituto de la Juventud, Eduardo Arévalo, también priista, acudieron a la marcha, pero fueron sorprendidos con los reproches de los ciudadanos al gobernador.

Uno de los oradores, Rich Ruelas, el primer ciudadano que acudió ayer a denunciar ante la FGE, contra quien resulte responsable, reveló que el agente del ministerio público que lo atendió pretendió inducir su declaración al preguntarle si sospechaba del ayuntamiento.

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