A cargo del congelamiento de las licitaciones de compras consolidadas de servicios y sobre todo de medicamentos, que tantas críticas le han generado al presidente de la República, está la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. La experiencia de esta operadora financiera en la administración pública comenzó de la mano de su exprofesor en el Colmex, Carlos Urzúa, y en el gobierno capitalino que encabezó López Obrador. Después creció en las administraciones federales panistas y priistas, pero ahora parece ostentar más poder que nunca. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Raquel Buenrostro Sánchez habla con el presidente Andrés Manuel López Obrador al menos tres veces al día. La confianza que el jefe del Ejecutivo le ha depositado es tal, que muchos de los acuerdos que toma con ella no tienen que pasar por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa. Los oficios de López Obrador a Buenrostro son directos, sin intermediarios. No es la primera vez que Buenrostro alcanza ese poder en una dependencia. Su fuerza en Pemex durante la gestión de José Antonio González Anaya fue tal, que se convirtió en la liquidadora de la única empresa de la petrolera que ha quebrado: Pemex Cogeneración. En esta administración –antes de que López Obrador ordenara a Urzúa formalizar el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma– Buenrostro ya había dispuesto el recorte de personal, la cancelación de prestaciones, y nombrado a los responsables de la administración de recursos de la institución que vigila al sector financiero. Cuando Palma llegó a la CNBV, su sindicato, que representa a mil 200 empleados, ya había iniciado un paro de labores por la cancelación de los servicios médicos y problemas con su caja de ahorro. Raquel Buenrostro decide sobre casi cada peso que el gobierno federal y sus organismos usarán para comprar o pagar servicios, vía licitación o adjudicación directa, durante los próximos años. “Los procesos productivos de Pemex requieren de un consumo intensivo de energía eléctrica y de vapor; sin embargo, los equipos actuales de generación de vapor y energía eléctrica son ineficientes y se encuentran al final de su vida útil”, establece la memoria documental del proceso de liquidación de Pemex Cogeneración, firmado por Buenrostro en medio del plan de ajuste presupuestal de Pemex en 2017. Pocos cuestionaban sus decisiones. La orden a los auditores llegó desde la oficina de González Anaya: “Con ella no se metan”, dijo un funcionario de las áreas de auditoría y control de la empresa productiva del Estado. En 2015 Buenrostro fue nombrada directora de Planeación y Desarrollo para darle viabilidad a Pemex Cogeneración, pero no lo logró y en 2018 concluyó su liquidación. El acercamiento a AMLO Desde el equipo de González Anaya, Buenrostro conoció las entrañas de las empresas privadas de Pemex, como PMI Comercio Internacional y DII Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, la entidad que compró de manera urgente, sin licitación, en diciembre pasado los 612 autotanques que el presidente López Obrador decidió adquirir por la contingencia generada por la estrategia de combate al robo de combustibles. Con una inversión cercana a 100 millones de dólares, según información de Pemex, los autotanques llegaron en febrero, casi dos meses después. Un crédito entre PMI y DII hizo posible la compra de los equipos que necesitaba el mandatario. Así Buenrostro, conocedora de los entretelones de PMI y las sociedades privadas de Pemex, se colocó desde el principio como una colaboradora estratégica del nuevo gobierno federal. Actual titular de la Oficialía Mayor de la SHCP, Buenrostro egresó de la maestría en economía del CIDE y se graduó en 1995 en la UNAM como licenciada en matemáticas con la tesis Acerca del Teorema Miller-Teply, una teoría sobre la conformación de anillos y sistemas algebraicos. Su asesor fue el destacado investigador Francisco Federico Raggi Cárdenas. En el Colegio de México se graduó como maestra en economía, igual que en generaciones previas lo hicieron el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera y el subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel. Su profesor en ese centro de estudios fue Urzúa. Ella decidió no realizar su doctorado en el extranjero y, en cambio, obtuvo experiencia en la administración pública, incluido su acercamiento con el grupo de López Obrador cuando éste gobernó la Ciudad de México. En el año 2000, cuando Urzúa llegó a la Secretaría de Finanzas capitalina, Buenrostro se convirtió en directora de Política Fiscal e impulsó medidas para incrementar la recaudación en el impuesto predial y para realizar licitaciones de bienes consolidados. Al concluir el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México se integró, sin problema, a dependencias y entidades del gobierno federal en las administraciones del PRI y el PAN. Ocupó puestos de nivel medio, como la Dirección General de Innovación y Calidad, de la SEP, y la Dirección de Administración de la Secretaría de Turismo, donde conoció la operación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que también está en proceso de liquidación. Los recursos del fideicomiso que permitían sostener la operación del CPTM ahora se dirigen al financiamiento del Tren Maya, otro de los proyectos clave del gobierno de López Obrador. Ahora la funcionaria gestiona concursos y licitaciones públicas del gobierno federal por más de 1 billón de pesos, según el Presupuesto de Egresos 2019. El caos de los medicamentos López Obrador ha dicho en sus conferencias mañaneras que la política pone orden al caos. Sin embargo, en la Oficialía Mayor de Hacienda comienza a imperar el caos respecto a una de las compras consolidadas de gobierno más importante: la de medicamentos. “Le estamos pidiendo a la oficial mayor mucha reflexión sobre el tema de los medicamentos porque estamos muy preocupados”, dijo en una entrevista el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, quien ocupa un asiento en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La preocupación por estos retrasos en las licitaciones de medicamentos ya trascendió a la ONU, que a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) colabora con asesoría técnica para el gobierno mexicano en la transformación de su sistema de compras. En una reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud y el IMSS, el miércoles 15, representantes de la UNOPS expresaron su desconcierto porque la licitación para la compra consolidada de medicamentos en el sector salud no avanza. Más aún, ante funcionarios del IMSS y Salud, los representantes de la UNOPS, bajo la dirección de Fabrizio Feliciani, comentaron su inquietud al confirmar que el equipo de Buenrostro, además de exhibir una gran cantidad de trabajo, tenía poca experiencia para conducir una licitación internacional de compras consolidadas como la que necesita el sector salud, de acuerdo con una versión obtenida por Proceso. La UNOPS sostuvo otra reunión con la SHCP sobre este asunto. Un exoficial mayor de la SCHP explica que en el año 2000, con más de 3 mil personas colaborando en esa unidad, sólo se realizaban los procesos de licitaciones y compras de la dependencia. “Imagínate los recursos y herramientas que necesitas para todo el gobierno”, dice. Así que, en medio de un recorte de personal, Buenrostro tiene un doble reto y, en teoría, personalmente tiene que participar en los comités de adquisiciones y presidirlos. Ese desafío no sólo es operativo sino normativo. La organización México Evalúa advirtió ya que las atribuciones asignadas a la SHCP, y en particular a su oficial mayor, pueden violentar la normatividad de la administración pública. Según un reporte de México Evalúa, se están dispersando funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que había alcanzado un buen nivel de especialización en compras públicas y en la contratación de recursos humanos para el gobierno federal. La organización advierte que de esa forma, lejos de contribuir al combate de la corrupción, se está generando una debilidad estructural. En la Secretaría de Economía se apoya al equipo de Buenrostro acerca del marco legal de las compras consolidadas en el marco de los tratados comerciales firmados con México. “No es fácil, es una gran responsabilidad porque hay normatividad que cumplir más allá de los decretos de austeridad”, comenta una alta funcionaria de la dependencia. Desde 2013 las secretarías de la Función Pública, Salud y Economía participaron con el IMSS en la licitación consolidada de medicamentos, junto a la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ahora la SHCP tendría que hacerse cargo del proceso completo. Sin embargo, mientras se privilegia el combate a la corrupción, en este sector no se reportan avances. En diciembre pasado el presidente de la República ordenó congelar la compra consolidada de medicamentos. La licitación debía realizarse entre octubre y noviembre para garantizar el suministro de los medicamentos para gobiernos estatales e institutos de salud en el segundo semestre de 2019 y los primeros meses del próximo año. El 20 de marzo de 2019 López Obrador envió el oficio 009/03/20/19 a Raquel Buenrostro –con copia a Urzúa, al titular de Salud, Jorge Alcocer, y a la titular de la SFP, Eréndira Sandoval– en el que le ordena que impida la participación de las empresas Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, así como Maypo, en todas las licitaciones y adjudicaciones directas del gobierno federal. Para el jefe del Ejecutivo fue inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución que dichas empresas concentraran en 2018 el 62.4% de las adquisiciones de fármacos del IMSS y del ISSSTE, lo que equivale a 34 mil 280 millones de pesos. Las empresas señaladas deberán demostrar que obtuvieron de manera legítima esos contratos. Es importante verificar que las empresas no realicen prácticas de corrupción, pero también debe reconocerse que en licitaciones internacionales y con sistemas electrónicos de contratación pública se ha elegido al proveedor que ofrece el menor precio, sostiene Mario Di Constanzo, exlegislador y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Con el tiempo en contra, en la Oficialía Mayor de Hacienda estiman que el proceso de compras consolidadas de medicamentos podría realizarse en tres semanas, a partir de la publicación de las bases de licitación con el visto bueno del presidente. Los representantes de la UNOPS reiteraron su preocupación en las oficinas del IMSS porque este tipo de adquisiciones, por su complejidad, se realizan en tres o cuatro meses. Con un plazo tan corto para concluir el proceso de subasta, muchos participantes extranjeros no tendrían tiempo de traducir el documento o de acreditar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la personalidad jurídica de sus representantes legales. Desde la segunda quincena de abril aparece en la página de internet de la SFP la encuesta dirigida a los proveedores para la consolidación de la licitación para servicios de limpieza de la administración pública. Aún no aparece información sobre las compras consolidadas de medicamentos. Ante un escenario de emergencia por desabasto de medicamentos a causa de los retrasos en la decisión de licitar las compras consolidadas, el gobierno federal podría ordenar adjudicaciones directas a través de la SHCP. Sobre esta posibilidad, los voceros de la Comisión Federal de Competencia sólo comentaron que las adjudicaciones directas no permiten obtener el mejor precio ni las mejores condiciones de compra. Entre 2013 y 2018 las adquisiciones de fármacos mediante subastas consolidadas vía el sistema electrónico CompraNet generaron ahorros por 21 mil 361 millones de pesos, de acuerdo con datos de la SFP. La OCDE y la UNOPS asesoraron al gobierno federal para realizar las primeras compras consolidadas de medicamentos en el sector salud a través de CompraNet. En 2017 la subasta de compras gubernamentales de fármacos integró a 48 entidades públicas (cinco dependencias federales, 20 gobiernos estatales y 23 institutos de salud). El monto de medicamentos adquiridos superó los 48 mil 491 millones de pesos y se reportaron ahorros de 3 mil 608 millones. En 2018 el monto fue de 51 mil 732 millones de pesos, con ahorros por 3 mil 538 millones. En el IMSS, el principal comprador en este proceso, aún no faltan las medicinas básicas en sus delegaciones, pero el tiempo se agota. “Tenemos medicamentos, dinero justo para mantenimiento, pero no para cubrir la infraestructura que nos congelaron desde julio de 2018, cuando comenzó la transición hacia el gobierno de Morena”, dice María Soto Romero, a quien el Consejo Técnico del IMSS nombró delegada en San Luis Potosí en febrero pasado. Soto Romero recuerda que el oficio del equipo de transición de Morena establecía que todas las contrataciones y adquisiciones se prohibían a menos que estuviera en riesgo la vida de los derechohabientes y esas restricciones no se han eliminado. El nuevo cargo de Soto Romero aún no ha sido validado por la SHCP. Con una carrera de 25 años en el IMSS, aún gana el sueldo de su anterior puesto y desde marzo pasado no ha cobrado, porque la Dirección de Administración y la oficina de la Oficial Mayor todavía no autorizan los recursos. A pesar de ello, Soto Romero busca resolver los problemas de mantenimiento del principal hospital de la zona, el de Ciudad Valles, donde no se ha logrado renovar el aire acondicionado, lo que ha afectado el funcionamiento de los quirófanos y, por lo tanto, las cirugías programadas. “Estamos cancelado operaciones o buscamos operar de noche, cuando el clima lo permite”, dice la funcionaria. (Este reportaje especial se publicó en Proceso 2221, ya en circulación)