Mujeres presas en BC son abandonadas por su familia, revela informe

ENSENADA, B.C., (proceso.com.mx).- En Baja California, entre el 60 y el 75 por ciento de las 525 mujeres presas en las cárceles del estado no reciben visitas de sus familiares, y sólo el 2.2% en promedio son frecuentadas por sus parejas en el área conyugal.

Ello de acuerdo con estadísticas del Sistema Penitenciario del Estado y de la Asociación Programa de Autoempleo Femenil que en días pasados presentó un esquema de venta de ropa elaborada por una parte de la población femenil del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada, que suma hoy 59 mujeres.

Mirna Ibarra Hurtado, coordinadora del Programa de Autoempleo, manifestó que la realidad para hombres y mujeres en las penitenciarías de Baja California es muy contrastante.

– “Mientras que el 80 por ciento de familiares y amigos visitan a sus seres queridos masculinos cuando se encuentran en el centro penitenciario, por otro lado el trato social es muy duro hacía las mujeres en estas mismas condiciones y en su mayoría quedan en el total abandono. El 75 por ciento de ellas no reciben visitas de ningún tipo.”

Por ello, agregó, estas mujeres viven con gran temor a lo que les depara el futuro porque no saben qué harán con sus vidas una vez que salgan libres.

– “Todos los seres humanos merecen una segunda oportunidad para comenzar de nuevo, por lo que hacemos un llamado a la sociedad para permitirles a estas mujeres poder hacerlo no sólo en beneficio de ellas, sino de sus hijos”, manifestó.

Su llamado lo hizo poco antes de dar inicio a una pasarela que su organización hizo en Ensenada para mostrar y vender las prendas de vestir hechas por las reclusas, actividad que contó con el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC)

Un par de semanas antes, el Sistema Penitenciario en el Estado publicó estadísticas sobre la situación que viven las 525 mujeres residentes en los CERESOS de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

El reporte confirmó que, en promedio, el 60% de las mujeres presas están en abandono familiar y solo el 2.3% son frecuentadas por sus parejas en el área conyugal.

En el último caso el documento destaca el de las mujeres presas en Ensenada: ninguna de ellas recibe visita conyugal, seguidas por Tijuana (1.51%) y Mexicali (3.72%).

– “Se trata de una realidad que obedece a la estigmatización social que hay sobre ellas por haber cometido un delito. Esto las aísla porque dejan de cumplir su rol social como esposas, madres e hijas: y por la comisión del delito son vistas por su familia y la sociedad como culpables del encierro y merecedoras del aislamiento”, indica el documento.

Destaca que, por el abandono en el que viven la mayoría de las reclusas, el gobierno estatal se ha dado a la tarea de impulsar programas encaminados a la identidad de género, valores y autocuidado entre las reclusas.

Dentro de la prisión, las mujeres tienen acceso a programas educativos para acreditar primaria, secundaria, preparatoria e incluso carreras profesionales.

– “Además, elaboramos convenios con las cámaras empresariales que se han comprometido a capacitarlas y brindarles la oportunidad de emplearse una vez que estén fuera de prisión, aparte de darles un acompañamiento psicológico que las prepara para llevar su proceso en condiciones emocionalmente estables, así como para el momento en que culmine su condena y no tengan esa frustración.”

El estudio penitenciario también destacó que el 85 por ciento de las presas son madres y de éstas el 10% tienen hijos de cero a 5 años de edad.

A este último grupo de mujeres se les hizo la promesa que a finales de 2018 se construiría una estancia infantil en la cárcel de La Mesa, Tijuana, para dar el servicio de guardería a 40 infantes -hijos de otras tantas presas- de cero a 3 años de edad.

David Limón Ruvalcaba, entonces Subsecretario del Sistema Penitenciario de Baja California, dijo en esos meses que la obra, ejecutable por disposición del Poder Judicial de la Federación, tendría una inversión pública de 71 millones de pesos, estaría lista en un año y después se construirían dos estancias más: en Mexicali y Ensenada. Hasta el día de hoy la promesa del gobierno estatal no se cumple.

Finalmente, el documento carcelario asegura que el 75% de las reclusas ya recibieron sentencia condenatoria y el resto enfrenta procesos legales por haber cometidos delitos del fuero común como homicidio, robo, secuestro, contra la salud, aborto, corrupción de menores, violación impropia, abuso sexual a menores de 14 años o incapaces, falsificación de dinero, administración fraudulenta y portación de armas prohibidas, entre otros.

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