CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx). - Integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG - EZ), denunciaron que funcionarios estatales y municipales, intentaron sobornar a familiares de los dos policías comunitarios asesinados el viernes pasado en Chilapa, con la entrega de un millón de pesos en efectivo. A cambio del dinero, las autoridades también pidieron liberar a tres presuntos responsables del crimen que los comunitarios mantienen retenidos en el poblado de Xicotlán, afirmaron. No obstante, el ofrecimiento económico de los funcionarios fue rechazado por las víctimas y los dirigentes del CIPOG - EZ quienes exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores, la detención de Celso La Vela Ortega Jiménez, líder del grupo delictivo Los Ardillos y hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega. El día de ayer, el subsecretario del gobierno estatal, Martín Maldonado del Moral, así como el secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca; el fiscal estatal, Jorge De los Santos Barilla y el edil priista de Chilapa, Jesús Parra García acudieron al poblado de Rincón de Chautla y sostuvieron reuniones con víctimas de la violencia en esta zona indígena de la región Centro. A través de un comunicado oficial, el Gobierno estatal informó que las autoridades recorrieron comunidades donde la confrontación entre la autodefensa Paz y Justicia, brazo armado del grupo delictivo de Los Ardillos y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (PC-CRACPF), ha dejado una estela de asesinatos, desaparecidos y desplazados. El recorrido de funcionarios pretende esclarecer el homicidio de los policías comunitarios Bartolo Morales Hilario e Isaías Xantenco Ahuejote, quienes fueron ejecutados y desmembrados hace dos días después de que los privaron de su libertad cuando regresaban de la cabecera municipal de Chilapa al poblado de Xicotlán, indica el comunicado oficial. Al respecto, el CIPOG - EZ difundió un mensaje para denunciar que los servidores públicos ofrecieron un millón de pesos en efectivo, a familiares de las víctimas de la violencia de Xicotlán. “Nuestros compañeros no valen un millón de pesos; al contrario, queremos que detengan a Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos, eso es lo que pedimos a los tres niveles de gobierno”, señala la postura de las víctimas. El CIPOG - EZ informó que hasta el momento, mantienen retenidos a tres miembros de la autodefensa denominada Paz y Justicia y señalados como responsables de la ejecución de los dos policías comunitarios. Entre las personas privadas de su libertad, se encuentra Braulio Palatzin Tranquero, sobrino de Tranquilino Tecorral Palatzin, uno de los dirigentes de Paz y Justicia, quien es acusado directamente de entregar a comunitarios que fueron encontrados desmembrados hace dos días sobre la carretera Chilapa - Tlapa, indicaron. También, denunciaron que en el poblado de Xicotlán suman seis homicidios atribuidos al grupo antagónico de Paz y Justicia y en la comunidad de Coahuetlán, “otros tantos han sido secuestrados”. Por ello, anunciaron protestas en los próximos días para exigir el desmantelamiento del grupo delictivo Los Ardillos y su brazo armado Paz y Justicia, y se declararon en alerta máxima ante la posibilidad de que se registren más hechos violentos.