BOGOTÁ (apro).- El papel de México en la búsqueda de una solución política a la crisis venezolana ha quedado reducido al de simple espectador. Y esto ocurrió por una suma de factores que evidencian los problemas que existen dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para formular una política hacia América Latina. El propósito del mandatario de “volver a asumir” la pertenencia de México a Latinoamérica ni siquiera se vislumbra en el horizonte. Lo que hay, por lo pronto, es una intención de atender la relación con la subregión centroamericana, desde la cual proviene la oleada migratoria que complica al gobierno de López Obrador y que tensa sus relaciones con Washington. La agudización de la crisis venezolana, en enero pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro inició un segundo periodo de gobierno que la oposición considera “ilegítimo” por ser producto de un proceso electoral “fraudulento”, era una oportunidad para que el presidente de México impulsara una propuesta latinoamericana de consenso frente a Venezuela. En lugar de hacerlo así, México propuso, junto con Uruguay, una iniciativa de diálogo, con agenda abierta, que nunca prosperó. La oposición venezolana la consideró un traje “hecho a la medida” del presidente Nicolás Maduro porque, sin puntos concretos para negociar –como los términos de una convocatoria a nuevas elecciones—, el gobernante chavista podría utilizar esos acercamientos para ganar tiempo, como ha hecho en el pasado. Incluso Uruguay acabó dejando solo a México en esa iniciativa. El país sudamericano se adhirió a la propuesta de diálogo condicionado a nuevas elecciones del Grupo Internacional de Contacto (GIC), un bloque liderado por la Unión Europea y en el que además participan Bolivia, Costa Rica, Chile y la Comunidad del Caribe (Caricom). Y hoy es el GIC el que lleva la voz cantante en el discreto proceso de acercamientos entre la oposición y el gobierno de Venezuela, que pasa por Oslo, la capital noruega, por Caracas y también por La Habana. México quedó absolutamente al margen de esta operación diplomática cuyo objetivo es lograr una transición pacífica y constitucional en Venezuela, a través de un nuevo proceso electoral. Canadá, que forma parte del desdibujado Grupo de Lima, está contribuyendo a tender puentes entre los actores externos de la crisis venezolana. Uno de ellos es Cuba, un estrecho aliado de Maduro que tiene en Venezuela miles de asesores en seguridad, médicos y maestros trabajando para el gobierno chavista. El jueves 16, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, visitó La Habana para entrevistarse con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, con quien habló sobre el conflicto en Venezuela y sobre lo que pueden hacer sus países para contribuir a un diálogo político entre las partes. El mismo día, enviados de Maduro y del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunieron en Oslo, por separado, con diplomáticos noruegos, para comenzar a explorar la posibilidad de establecer un diálogo formal bajo los auspicios del GIC. Esta semana continuarán estos acercamientos en la capital noruega. El vicepresidente del Parlamento venezolano, Stalin González, es el representante de la oposición, y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, es el delegado de Maduro. Guaidó dijo este fin de semana que la decisión es seguir avanzando “tanto en la construcción de una fuerza de cooperación (que podría ser militar) como en una mediación internacional para lograr una salida de la dictadura”. Los acercamientos están en una etapa preliminar y, según Guaidó, solo se llegaría a una negociación si esta lleva a un “cese de la usurpación (la salida de Maduro), un gobierno de transición y elecciones libres”. Maduro ha dicho que las conversaciones en Oslo iniciaron “con buen pie”. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló la semana pasada que su país observa “con simpatía y con esperanza” el comienzo de esos diálogos. México es un observador distante del esfuerzo diplomático para resolver, por medio de una negociación política, la crisis más severa que ha presentado un país latinoamericano desde los conflictos centroamericanos de los 80. La irrelevancia de Latinoamérica Fue un acierto del gobierno de López Obrador deslindarse de las beligerantes posturas del Grupo de Lima, un foro integrado por los países latinoamericanos gobernados por la derecha y la centroderecha y que acabó siendo instrumentalizado por los “halcones” de Washington, que apostaron por una pronta salida de Maduro del poder. Pero luego de tomar distancia de los pronunciamientos del Grupo de Lima, que desconoce el segundo mandato presidencial de Maduro, México no logró construir una iniciativa de diálogo que suscitara el respaldo de otros países de la región, además de Uruguay, y que resultara aceptable tanto para la oposición como para el gobierno de Venezuela. La propuesta mexicana, que fue presentada en febrero pasado en la capital uruguaya con el nombre de Mecanismo de Montevideo, sólo fue recibida con entusiasmo por Maduro. La oposición la rechazó porque no condiciona el diálogo a la realización de nuevas elecciones. El alineamiento del Grupo de Lima con el presidente estadunidense Donald Trump, quien mantiene “todas las opciones sobre la mesa” para enfrentar la crisis en Venezuela –incluso la militar—, condenó a ese foro a la inoperancia como gestor de una transición política en el país sudamericano. Brasil y Colombia, la línea dura dentro del Grupo de Lima, quedaron atados a los planes de Washington y sin posibilidad alguna de jugar un papel en la búsqueda de una solución política del conflicto venezolano. Y el Grupo de Lima se tardó demasiado en deslindarse de una invasión militar a Venezuela. Latinoamérica ha quedado exhibida como una región dividida entre la ultraderecha, representada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el uribismo colombiano; los gobiernos de izquierda incondicionales a Maduro y los proyectos de centroderecha y centroizquierda que llegaron al poder. La crisis venezolana también puso de relieve que no existe un liderazgo capaz de aglutinar a la región. En julio pasado, luego de que López Obrador fuera elegido como presidente, el exmandatario colombiano y exsecretario general de la Unasur, Ernesto Samper, dijo a Proceso que el líder de Morena debía trabajar para que México ocupe “el lugar que abandonó Brasil en la región como gran articulador de las políticas integracionistas latinoamericanas”. López Obrador, hasta ahora, no ha dado ninguna señal de que le interese jugar ese papel. El mandatario mexicano tiene muy claros los principios que regirán sus relaciones con el mundo: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Pero esos principios, por sí solos, no son una política exterior y con frecuencia parecen una camisa de fuerza para el canciller Marcelo Ebrard. La irrelevancia de las posturas de México y Brasil frente a Venezuela produjo un vacío que fue llenado por la Unión Europea con el Grupo Internacional de Contacto (GIC), una iniciativa liderada por la canciller europea Federica Mogherini y a la cual se incorporaron Bolivia, Costa Rica, Chile, Uruguay y el Caricom. El GIC, que considera que la única forma de resolver la crisis venezolana es realizando nuevas elecciones presidenciales en condiciones de transparencia y equidad “tan pronto como sea posible”, y Noruega –un país con valiosa experiencia en solución de conflictos—, son los que por ahora tienen la llave de un eventual diálogo político entre Maduro y Guaidó.