Con AMLO, 62.5% más periodistas ejecutados que con Peña: Reporteras en Guardia

Protesta por agresiones a periodistas en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz Protesta por agresiones a periodistas en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido ejecutados 62.5% más periodistas que del 1 de diciembre de 2017 a mayo de 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, denunció la organización Reporteras en Guardia, con más de cien integrantes en 24 estados.

Además, reprochó que el gobierno de la 4T no reconociera como periodistas a cuatro comunicadores indígenas asesinados en el primer semestre de 2019, contrario a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente desde 2012.

De acuerdo con el informe de la organización, en el actual gobierno fueron asesinados 13 periodistas, “una cifra alarmante comparada con los ocho homicidios y una desaparición ocurridos en el periodo previo, de diciembre de 2017 a mayo de 2018 de la última administración violenta de Enrique Peña Nieto”.

De los 13 comunicadores sacrificados, abundó, cinco eran indígenas, “pero cuatro no han sido reconocidos como periodistas por el gobierno de la 4T”, toda vez que el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, condenó el homicidio del zapoteca Telésforo Santiago Enríquez, fundador y director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal en San Agustín Loxicha, Oaxaca, ocurrido el 2 de mayo, “pero ningún funcionario se ha manifestado en relación con los otros cuatro crímenes”.

Reporteras en Guardia exigió al gobierno de López Obrador el reconocimiento de los periodistas que formaban parte del Congreso Nacional Indígena (CNI): Samir Flores Soberanes, fundador y locutor de radio Amiltzinko en Morelos; José Luis Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, colaboradores de Radio Zapata de Chilapa, Guerrero, y Gustavo Cruz Mendoza, integrante de la comisión del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) y colaborador de Radio Guetza.

“Esta exclusión hace más vulnerables a las mujeres y hombres comunicadores indígenas del país. Su labor suele ser la única vía de información y denuncia de los pueblos originarios sojuzgados por la violencia criminal e institucional”, apuntaron las integrantes de la organización de periodistas.

Y afirmaron que quienes ejercen el periodismo en esas comunidades “arriesgan la vida al informar de las violaciones a los derechos humanos, territoriales y medioambientales que sufren por parte de cacicazgos locales, el aparato de Estado o las empresas privadas”.

Al anunciar la inclusión de las historias de vida de los cuatro periodistas indígenas en el memorial en línea mataranadie.com, la organización destacó que de los 13 periodistas asesinados durante los primeros seis meses del gobierno de López Obrador, 12 focalizaban su actividad en municipios. De ellos, seis laboraban en radios comunitarias, tomando en cuenta que a los cinco periodistas indígenas señalados se suma Rafael Murúa Manríquez, director de la estación comunitaria Radiokashana, escuchada en Mulegé, Baja California, Sur.

Reporteras en Guardia alertó sobre la violencia contra las víctimas, 12 de las cuales fueron ultimadas por impactos de arma de fuego, en tanto que una de ellas, Murúa, también fue herido en el tórax con arma blanca, y uno más, Omar Iván Camacho, muerto a golpes.

La organización de periodistas resaltó que, de esos 13 comunicadores sacrificados en el primer semestre del gobierno actual, dos eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas: Murúa Manríquez y Francisco Romero Díaz, fundador de portal digital Ocurrió Aquí, de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Tras reconocer que la violencia contra el gremio periodístico es parte de la herencia que el gobierno de la 4T recibió de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sexenios que registraron 77 y 66 periodistas asesinados, respectivamente, Reporteras en Guardia exigió al actual gobierno el esclarecimiento de los homicidios.

“Urgimos al gobierno a investigar y enjuiciar penalmente a los responsables de todos estos crímenes y a que implemente acciones eficaces en el Mecanismo de Protección. Requerimos que garantice que la Fiscalía General de la República y el Mecanismo contarán con personal especializado en libertad de expresión y en derechos humanos con un enfoque de perspectiva de género e indígena”.

En la segunda quincena de mayo, la organización registró actos violentos contra periodistas, entre ellos el intento de asesinato de Salvador Sánchez Bolaños, de Radio Tlacuache, de La Selva Negra de Puebla; amenazas contra Alejandra Jiménez García, de la radiodifusora La Z de Zacapu, Michoacán, y el secuestro de Ana de León, de la revista Mexico Industry, de Querétaro.

“Si este gobierno no realiza los cambios estructurales necesarios para que cese la espiral de violencia, continuarán los crímenes contra las y los periodistas de México”, subrayó Reporteras en Guardia, al reprochar el desdén del gobierno de López Obrador por el periodismo y que “haga comentarios que fomentan una mayor violencia en nuestra contra al estigmatizar o discriminar a colegas por razones de género, clase social o pertenencia a un medio de comunicación”.

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