VALLE DE SANTIAGO, Gto. (apro).- Sentado en el estrado del juzgado de oralidad penal, el exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete, también conocido como el “Comandante Emilio”, declaró en el juicio que se le sigue por la acusación del secuestro de una ciudadana extranjera  en San Miguel de Allende que las autoridades federales y estatales supieron de su verdadera identidad, y se confabularon para imputarle ese delito y luego entregarlo al gobierno de Chile. “Esto es un montaje” a través de la ahora Fiscalía general del estado, cuyos peritajes presentados como pruebas durante le juicio “resultan contradictorios, absurdos” aseguró, al rendir su testimonio en este periodo de desahogo de pruebas del juicio oral, que comenzó el 23 de enero y terminó más de cuatro meses después. “Yo puedo entender que por mi historia de hace 30 años no puedo presentarme aquí como una persona sin mancha. Pero no se vale atacar la vida y jugar con la vida de otras personas para sus fines perversos… hay que demostrar que las cosas no se pueden hacer con impunidad, engañar a un tribunal”, dijo dirigiéndose a los tres jueces encabezados por Gloria Esther Hernández Valtierra. El “Comandante Emilio”, conocido en San Miguel de Allende como Ramón Alberto Guerra Valencia, sostuvo que el 30 de mayo de 2017 fue detenido por policías municipales en un supuesto operativo de rutina y llevado a los separos de Seguridad Pública por una puerta trasera hacia la cual apuntan varias cámaras, cuyas grabaciones “fueron solicitadas y la respuesta fue que no había tal, que no grabaron nada”. Narró que fue entregado a agentes ministeriales que lo habrían llevado a un paraje cercano a la antigua estación del ferrocarril, donde asegura que fue torturado, golpeado y amenazado con que si no se declaraba culpable de un secuestro violarían y matarían a su esposa y a sus hijos. “Cuando me estaban torturando fue cuando dije que era chileno (por primera vez tras 20 años de permanecer en México con otra identidad). Los agentes se rieron, me dijeron que ya lo sabían y que si yo lo decía a alguien me iban a matar y a dañar a mi familia…”, se escuchó en la sala, mientras un grupo de amigas y amigos de Escobar permanecía entre el público y un artista plástico dibujaba la escena. En este testimonio, acusó directamente al agente Pedro Sierra Hernández, de la Unidad antisecuestros de la Fiscalía general del estado, de haber acudido al Cefereso de Ocampo en al menos dos ocasiones, “me intentó coaccionar para que  llegáramos a un arreglo y me declarara culpable del secuestro a cambio de reducirme la pena, o me darían 90 años y permanecería en una celda de segregación”, similar a la del propio Cefereso en la que permaneció por varios meses, según denunció en diversos escritos dirigidos a diversas autoridades e instancias defensoras de derechos humanos. Escobar declaró que la casa en la que la Fiscalía general sostiene que permaneció secuestrada la víctima –en Circuito Azucena del fraccionamiento La vista-, la compró unos meses atrás para su hijo que estudia en Cuba y había estado ocupada por una pareja gay a la que se la rentó durante mes y medio; acababan de desocuparla el 26 de mayo. “La casa estaba vacía y la madera que dicen que era aislante, eran tres bases de cama que yo tenía allí”, aseguró. Con la comparecencia de Raúl Julio Escobar concluyó el largo periodo de desahogo de pruebas de la audiencia de juicio oral; en una semana más sus defensores y el equipo de la Fiscalía general del estado presentarán los alegatos de clausura, para que posteriormente el tribunal imponga sentencia por la acusación de secuestro de Nancy Michelle Kendall, ciudadana franco-estadunidense que estuvo secuestrada por más de dos meses en San Miguel de Allende. Contradicciones Durante poco más de hora y media de la tarde del lunes 27, Raúl Julio Escobar Poblete expuso ante el tribunal su testimonio, casi dos años después de su detención ocurrida el 30 de mayo de 2017 en una calle de San Miguel de Allende, de los cuales al menos un año y medio permaneció recluido en el Cefereso de Ocampo. En su calidad de inculpado, respondió algunas preguntas de su defensor, pero se negó a admitir cuestionamientos del fiscal. “Soy un ciudadano chileno, luchador social. Estoy viviendo desde hace 20 años en México y utilicé el nombre de Ramón Alberto Guerra Valencia por motivos de seguridad, porque era perseguido por los servicios secretos de Pinochet. Pero el nombre de Ramón no está ligado a estafas o hechos delictivos aquí…”, dijo. La audiencia del martes tuvo un accidentado inicio, debido al considerable retraso para que su defensor arribara al juzgado de Valle de Santiago, ubicado junto al Cereso. “Ningún testigo –de los presentados por su defensa- ha dicho que conociera una mala conducta mía; obviamente se sorprendieron de mi captura el 30 de mayo de 2017 por mi historia de hace 30 años en Chile durante la dictadura”, reconoció. Hasta el momento de su captura, según describió, era presidente de la sociedad de padres en la escuela, tenía una tienda de artículos de decoración en el centro, junto al jardín principal, donde vendía desde lámparas hasta bisutería y bolsas de mujer; vivía con su familia en una casa de la calle principal en el fraccionamiento El Nigromante y rentaba otra casa ubicada en la calle de Agua por la plataforma Airbnb por semana o fines de semana, actividades con las que se sostenía económicamente. “Todo lo que ha pasado desde ese día 30 de mayo de 2017 cuando fui detenido hasta llegar a este juicio oral ha sido una situación procesal no adecuada; mi defensa no ha sido en igualdad; pasé 10 meses incomunicado en una celda de segregación en el Cefereso de Ocampo” y sólo pudo tener algunos momentos de conversación con su abogado, al que en varias ocasiones le impidieron el acceso al centro penitenciario federal. Incluso, hubo al menos dos audiencias de control de derechos –debido a que interpuso escritos ante el juez de oralidad por las situaciones que describió- efectuadas en Valle de Santiago, que debió presenciar por videoconferencia, puesto que las autoridades del Cefereso de Ocampo se negaron a trasladarlo para que estuviera presente. “Hasta para venir a esta audiencia de juicio se trató de impedir, ustedes (dijo a los jueces) han sido testigos, tuvieron que apercibir a las autoridades del Cefereso”. Escobar Poblete aseguró que a lo largo del juicio, los peritajes presentados por la Fiscalía y los testimonios que se fueron desahogando evidenciaron un montaje en su contra, “que es por mi lucha de hace 30 años en Chile”. Luego, narró que ese 30 de mayo salió de su casa unos minutos antes de las 9 de la mañana porque lo llamaron de la escuela de su hija para firmar unos papeles, y tras permanecer un rato, se dirigió después a su negocio junto al jardín principal, a donde llegó aproximadamente a las 9:45. De allí salió para hacer compras, y alrededor de las 10 vio que una patrulla de policía municipal le hacía indicaciones de detenerse cuando se dirigía a una tienda departamental por la Calzada de la Estación. Dos policías le pidieron sus documentos y cuando preguntó qué pasaba, le respondieron que era un operativo de rutina. Escuchó cuando los policías fueron informados de que no había ningún reporte sobre la camioneta (que fuera robada) y después se movieron hacia la gasolinera ubicada a un costado de un puente vehicular. De esta gasolinera la Fiscalía presentó un video en el que supuestamente aparece la camioneta conducida por Raúl Julio Escobar cerca de un taxi, cuyo conductor habría sido quien llamó a la Policía para reportar que era seguido por ese vehículo y que le habían pagado para entregar un paquete, mismo que contenía un dedo de la víctima de secuestro, de acuerdo con la acusación. Raúl Julio Escobar acusó a la Fiscalía de manipular la escena y las imágenes de la gasolinera presentadas como pruebas en el juicio. “Yo estudié fotografía por cuatro años; eso no era una secuencia fotográfica sino un montaje”. También resaltó que en su testimonio durante el juicio, el taxista que presuntamente lo señaló como quien lo seguía cuando iba a entregar el paquete al esposo de la mujer secuestrada “me describió distinto, y luego ya no se acordaba de nada”. Uno de los policías declaró que mientras permanecía retenido, Escobar hizo dos llamadas; en una dijo “saquen todo del cajón” y la otra a su hijo Carlos. “Quiero desacreditar esa falacia…además, la Fiscalía presentó un peritaje del teléfono que exhibía que entre las 9:30 y las 10:30 del 30 de mayo no tenía llamadas, ni de entrada ni de salida; es evidente que ese dicho no se respalda”. La Fiscalía reportó que fue en la gasolinera donde los policías municipales entregaron a Escobar a agentes ministeriales y que éstos le encontraron unas hojas que presuntamente eran de una carta dirigida al esposo de la mujer secuestrada, pero éste negó que hubiera ocurrido así. “Resulta que (según la Fiscalía) el agente José Rafael Padilla Téllez hizo mi arresto y fue el único que me vio; todos los demás agentes estaban viendo otras cosas, sólo él revisó mis pertenencias; dice que yo saqué unas hojas que yo no reconozco y no tienen nada qué ver conmigo”. En la hoja de detención, resaltó Escobar Poblete, se asentó que me habían capturado “en flagrancia” y el espacio donde se anota qué objetos portaba al momento de ser detenido “estaba el blanco, no se mencionan las hojas ni nada”. Según la cadena de custodia, el resguardo de su teléfono celular quedó hecho a las 10:22 horas de esa mañana del 30 de mayo. “Y la Fiscalía presenta un peritaje diciendo que yo hice dos llamadas a las 10:38 y a las 10:40… ¿cómo es posible que yo hubiera hecho esas llamadas si el teléfono estaba siendo asegurado a las 10:22? Eso demuestra el montaje”. Esa mañana Raúl Julio Escobar sí hizo dos llamadas, una a su esposa Isabel Mazarro y otra al abogado José Luis Vargas, quienes lo buscaron por varias horas en Seguridad Pública y en la propia sede de la entonces Procuraduría, donde les aseguraron que no lo tenían. Pero de acuerdo con la versión del inculpado, éste sí fue llevado a los separos de Policía Municipal y posteriormente trasladado a la Subprocuraduría, además de que después fue llevado a un paraje en la salida a Guanajuato donde fue golpeado y amenazado por ministeriales, que entre otras cosas le dieron choques eléctricos en la cabeza y le advirtieron que violarían a su esposa si no se declaraba culpable. El 1 de junio, al ser puesto a disposición del Ministerio Público, “hago mención de que las hojas (la presunta carta dirigida al esposo de la víctima) no estaban en la carpeta; al día siguiente aparecieron mágicamente”, dijo. Luego “vino mi aislamiento en el Cefereso”, desde donde interpuso quejas en contra de los agentes ministeriales a los que acusa de torturarlo y por el confinamiento. “En tres ocasiones acudieron a practicarme las pruebas de Protocolo de Estambul al Cefereso y en las tres ocasiones, los equipos del penal fallaron, no sirvieron”, denunció. Por estas denuncias, le designaron a una asesora jurídica, Julieta Pérez Cárdenas, “quien por casi cinco meses no pudo comunicarse conmigo”. “Más que secuestrador, fui secuestrado. Se constituyó una desaparición forzada, me dejaron en el limbo, a disposición de lo que quisieran hacer”, concluyó Escobar Poblete.