GUANAJUATO, Gto. (apro).- Tras una revisión específica solicitada por ciudadanos, la Auditoría Superior del Estado confirmó que la empresa de televisión por cable Telecom no ha pagado al menos 115 millones de pesos del derecho por el uso de la vía pública desde que comenzó a operar en la capital–causando un daño al erario- y además estimó en más de 5.5 millones de pesos las irregularidades en asignación de contratos y servicios al empresario televisivo Jorge Rodríguez Medrano y familiares por el propio gobierno municipal y el Sistema de agua potable. Rodríguez Medrano es propietario de TV Guanajuato, empresa que a través de Telecom transmite dos canales locales. Cuando activistas y periodistas denunciaron el adeudo de Telecom y el posible tráfico de influencias del empresario y su familia, éste presentó una denuncia por daño moral en contra del activista Roberto Saucedo y el periodista Arnoldo Cuéllar, que está en proceso en un juzgado civil del estado. Ahora, según la Auditoría Superior del Estado (ASEG) la revisión confirmó que un monto millonario fue facturado al empresario, sus hijos, nuera y hasta a su esposa –quien fue regidora del Ayuntamiento por el PRD- sin que se encontraran o presentaran los justificantes o comprobantes de los servicios que fueron pagados en las dos administraciones anteriores (del 2013 al 2017) de los alcaldes priistas Luis Fernando Gutiérrez Márquez y Edgar Castro Cerrillo. En tanto que en el caso de Simapag, corresponde a gran parte del periodo del actual titular, Juan Sebastián Ávila Victoria. De 2013 y hasta el 2015, Telecom fue la concesionaria del servicio de telecable en el municipio y posteriormente, cedió los derechos a Cable visión regional, que tampoco ha pagado un peso. Ninguna de las dos empresas atendieron los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado para tener información sobre el servicio en el municipio y qué extensión de cableado tienen. Pero la Comisión Federal de Electricidad sí brindó datos: las empresas rentaron 3 mil 824 postes para su infraestructura de servicio, confirmando lo evidente: que utilizan vía pública cuyo uso no han pagado. A la fecha, el municipio sólo puede cobrar el adeudo de ambas correspondiente a los últimos cinco años y ya no lo anterior a ese lapso; el adeudo cobrable rebasa los 115 millones de pesos. La ASEG registró en su informe por lo menos 14 oficios fechados entre los años 2014 y 2017 que hacen constar que se requirió el pago de la deuda, mismo que no fue cubierto, pero no obtuvo constancia de que a la fecha se hayan iniciado acciones legales para cobrar. El actual presidente municipal, el panista Alejandro Navarro Saldaña, mantiene contratos con el mismo empresario televisivo y aunque asegura que se iniciaron acciones para cobrar el adeudo pendiente a Telecom –por el que se transmiten los dos canales locales propiedad de Rodríguez Medrano- no ha precisado los detalles de la supuesta demanda, aunque sí ha anunciado la posibilidad de endeudar al municipio para la construcción de otra sede para el museo de las Momias y un estacionamiento. El informe de la auditoría practicada al periodo fiscal 2013-2017 del gobierno municipal y del Sistema municipal de agua potable y alcantarillado (Simapag) ya fue turnado por la ASEG al Congreso local. La revisión arrojó observaciones por 5 millones 589 mil 703 pesos, de las cuales únicamente se lograron justificar o solventar 61 mil 320 pesos. De la cifra total, 2 millones 220 mil pesos fueron pagados en las dos administraciones municipales a Rodríguez Medrano y sus familiares, mientras que el Simapag pagó otros 2 millones 913 mil pesos, en ambos casos, por la supuesta producción de videos, espots, servicios publicitarios y montajes de escenografía, sin que se comprobara que se prestaron todos estos servicios. Además, la ASEG confirmó que los dos hijos del dueño de TV Guanajuato, Héctor Alejandro y Jorge Alberto Rodríguez Rocha, laboraron en el gobierno municipal y en Simapag, pero al menos en el primero no hay registro de que desempeñaran sus funciones o de su asistencia, lo que fue justificado con el argumento de que sus superiores autorizaron que para ambos hubiera una excepción y no registraran la asistencia. Incluso, la esposa del empresario, Silvia Rocha Miranda, cobró 46 mil pesos a Simapag por supuestas asesorías en cultura del agua y comunicación efectiva, sin que se comprobara que estos servicios fueron efectivamente prestados. Como parte involucrada, la propia empresa televisora, así como una empresa de servicios de comunicación propiedad de Jorge Alberto Rodríguez Rocha (hijo del empresario Rodríguez Medrano) fueron también requeridas para documentar la comprobación de los pagos recibidos, pero éstos respondieron que no tenían los testigos porque todo había sido entregado al gobierno municipal y al Sistema de agua potable. Incluso, el Simapag pretendió justificar las asesorías de Silvia Rocha –quien posteriormente fue regidora del ayuntamiento por el PRD- con documentos que la Auditoría Superior encontró a nombre de otras personas como autores. La ASEG también observó que para la contratación de estos servicios, ni el Simapag no el gobierno municipal en los periodos de los dos alcaldes priistas aplicaron los criterios para elegir las opciones más convenientes. El informe cita una respuesta de la directora de Comunicación social del exalcalde Edgar Castro, María del Carmen Yáñez, en la que argumenta que para la contratación de un servicio audiovisual a Rodríguez Medrano se le pidió “una cotización de manera verbal” al proveedor. El exalcalde Luis Fernando Gutiérrez Márquez contestó a la Auditoría Superior que la observación por la falta de cobro a la empresa de televisión por cable “no se refiere a su desempeño como presidente municipal…y no se desprende alguna acción u omisión atribuible a su persona” y que fue ajeno al tema, pero tampoco presentó documento alguno que avalara su dicho. Mientras que el actual tesorero municipal Juan Antonio Valdés Fonseca, éste indicó que ante la imposibilidad de cobrar el aprovechamiento y uso de la vía pública por la vía fiscal, se iniciaron gestiones para solicitar el cumplimiento de las obligaciones a Telecom “sin embargo, de esta última gestión no se proporcionó evidencia que lo acredite”.