Alcaldías de la CDMX deberán tener una delegación de la CDHDF antes de que concluya el 2020

Congreso de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez Congreso de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de que concluya el año 2020, las 16 alcaldías de la capital deberán tener una delegación de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), y ésta podrá ejercer la atribución de aplicar la justicia restaurativa y mediadora, de acuerdo con las leyes aprobadas por el Congreso local.

Ambas disposiciones están contenidas en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y la Ley de la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la CDHDF, que ayer aprobaron de manera unánime los diputados capitalinos.

“De entrada, es una ley que deriva de las modificaciones de la Constitución. Es una ley que plantea la Constitución que hay que llevar a cabo, con las nuevas atribuciones de la Comisión: justicia restaurativa, mediación, nuestra posición en alcaldías. Digamos que va acorde con lo que se señala. Entonces esperemos que así sea”, destacó en entrevista la presidenta del organismo, Nashielli Ramírez.

De acuerdo con la funcionaria, el presupuesto para instalar las 16 delegaciones de la CDHDF en las alcaldías estuvo previsto en el del año pasado. Y la Constitución de la Ciudad de México ordena que el total de delegaciones estén listas a partir del 1 de enero de 2020, abundó.

Las leyes aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México deben pasar por una revisión de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, para luego, si no hay modificaciones, publicarlas en la Gaceta Oficial de la capital.

Las novedades

Ayer, durante la aprobación unánime de ambas leyes en el Congreso de la Ciudad de México, el diputado de Morena Temístocles Villanueva sostuvo que la CDHDF es el más joven de los organismos públicos en la materia que existen en nuestro país. “Se trata de un mediador autónomo entre la autoridad y la ciudadanía que busca fórmulas conciliatorias de resolución de conflictos”.

A su vez, la panista Margarita Saldaña manifestó que en los contenidos de la Ley de la Comisión su partido propuso la figura de la Secretaría Ejecutiva designada por la persona titular de la Comisión, y que una vez transcurridos los plazos que se establecen en la ley para el cumplimiento de las quejas que hayan sido aceptadas por la autoridad o servidor público y no sean cumplidas, se equiparen a recomendaciones no aceptadas.

El Partido Acción Nacional (PAN) también propuso tener delegaciones en cada una de las alcaldías y que éstas designen a su personal de enlace para el desahogo de los casos, así como la obligación de garantizar a la población el derecho a una democracia participativa.

El presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, Alberto Martínez, destacó que la Ley de la Comisión es producto de la voluntad de todos los grupos parlamentarios, y aplaudió el establecimiento de la obligación, por parte de las autoridades, de resarcir los daños ocasionados y acompañar a todas las personas que han sido afectadas en su esfera jurídica.

Jannete Guerrero, del Partido del Trabajo (PT), subrayó que la nueva ley obliga a dar un giro sustancial al interior de la Comisión al plantear “una nueva organización, nuevos requisitos para ocupar los cargos y procesos administrativos más ágiles, así como un mayor acercamiento a la ciudadanía a través de Visitadurías especializadas”.

Jorge Gaviño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó tres puntos fundamentales de la nueva legislación: el perfeccionamiento del sistema de quejas, ya que actualmente sólo 1% llega a recomendaciones, lo que –dijo– es “un fracaso”; la obligación de la autoridad de dar respuesta a las quejas, y de no ser así se determina que es aceptada, y finalmente la mediación y conciliación, facultad que no tenía la comisión.

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