Inadmisible, la falta de una política que garantice los derechos de jornaleros agrícolas: CNDH

Jornaleros en espera de algún trabajo. Foto: José Luis De La Cruz Jornaleros en espera de algún trabajo. Foto: José Luis De La Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a los gobiernos federal y estatales atender las necesidades de más de 2 millones de jornaleros agrícolas que hay en México, “ante el riesgo y vulnerabilidad de este sector”.

Al presentar la recomendación general 36, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se manifestó preocupado porque el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no contempla el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), además de la “ausencia de programa o política pública que contemple alguna acción en concreto” para atender a esa población, cuyo 40% es de origen indígena.

El ombudsman reconoció que, si bien el PAJA “tenía importantes aspectos por corregir, la omisión de generar una política o programa para proteger o garantizar los derechos de las personas jornaleras agrícolas es inadmisible, dada su situación de riesgo que les coloca dentro de un grupo de atención prioritaria”.

La mayor parte de los jornaleros agrícolas del país, abundó, “proviene de entidades de alta marginación y en situación de pobreza”, y hay condiciones que pueden agravarla, “como la poca o nula escolarización, la menor perspectiva de empleo, el no hablar español, se mujer, niña, niño, adolescente o reconocerse como indígena”.

González Pérez detalló que la mayor parte de los jornaleros agrícolas provienen de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Sinaloa, los cuales, a excepción de Sinaloa, tienen niveles de pobreza que rondan entre el 49 y 77% de su población.

“No basta garantizar el acceso de las mujeres y hombres jornaleros agrícolas a un empleo digno y decente, sino también debe generarse una política que les permita a sus hijos e hijas desarrollarse plenamente, sin que se integren a temprana edad al trabajo”, dijo.

Y alertó que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unifec), “la ocupación no permitida (de menores) se concentra principalmente en el sector agropecuario, con 34.5%”.

Ante la vulnerabilidad en que se encuentra ese sector, la CNDH dirigió su recomendación general 36 a la Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y titulares de las entidades federativas donde laboran jornaleros agrícolas, para que atiendan la situación de “riesgo y vulnerabilidad de ese sector poblacional por el contexto geográfico, social y laboral que enfrenta”.

El organismo solicitó a esas autoridades “elaborar un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de derechos humanos”.

Sobre las deficiencias detectadas en el PAJA, recomendó hacer una revisión de dicho programa “e intercambiar información relacionada con este grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión, así como celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de estas personas, al igual que garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes”.

En su recomendación general, la CNDH destacó que el último dato oficial sobre la población de jornaleros agrícolas data de 2009, derivado de la Encuesta Nacional Jornalera Agrícola –elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social–, que identificó a 2 millones 40 mil personas jornaleras, 40% de origen indígena.

Al señalar que la estimación de esa población es de 2 millones 71 mil 483 personas, el organismo retomó consideraciones de “Enlaces y Voces Mesoamericanas”, así como de la “Red de Jornaleros Internos”, que clasificaron en 50% de las personas jornaleras agrícolas a las procedentes de los estados con mayor marginalidad en el país, especialmente Oaxaca, Veracruz y Chiapas, entidades que junto con Guerrero son las más pobres del país, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De igual manera, la CNDH retomó en su recomendación datos del Coneval de 2017, en los que se determina que aproximadamente 3 millones 15 mil 720 personas trabajan en el sector agrícola, de los cuales 50% percibe un salario mínimo general.

Ante la precariedad de las condiciones de vida y trabajo, recomendó a la STPS y a los mandatarios de los estados “fortalecer la competencia de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas del reclutamiento y contratación, ya sea a través del Programa de Apoyo al Empleo o independiente de éste”, así como “establecer un programa específico de inspección a centros de actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornales y sus familias en las comunidades de destino”.

El organismo instruyó a la Secretaría de Bienestar “concretar la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando la perspectiva de género, de edad y diversidad cultural, así como diseñar un programa para la atención de esa población que integre un enfoque de derechos humanos”.

Asimismo, consideró indispensable “establecer los procedimientos y mecanismos para delimitar las responsabilidades de las autoridades federales, estatales y municipales, además instancias involucradas y, en caso de subsistir, establecer las disposiciones normativas y/o administrativas, mantenimiento, operación y vigilancia de los albergues”.

Por último, la CNDH recomendó al director general del IMSS “fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas a ese Instituto, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social y el acceso a ese derecho”.

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