CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De un millón 320 mil 175 puestos de base y operativos en la administración pública federal, sólo 113 mil 863 (8.6%) están sujetos a medidas de ajuste por la austeridad republicana que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de plazas de confianza y corresponden a mandos y enlaces, por lo que 92 de cada 100 trabajadores no se verán afectados, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP). En conferencia de prensa, el titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la SFP, Francisco Javier Varela Sandoval, detalló que ese 8.6% se va a reubicar en labores técnicas, como es el caso de los gabinetes de apoyo, pues se trata de una reorganización. El funcionario recordó que el pasado 1 de febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la SFP emitieron las disposiciones correspondientes para aquellos servidores de carrera que vean terminada su relación laboral por esta reestructuración. "Esto está establecido en la ley orgánica, que dice que en el proceso habrá transferencia y reasignación de recursos humanos y se deberán respetar los derechos laborales como el de una compensación justa", apuntó. Por su parte, Tania de la Paz Pérez Farca, subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones de la SFP, aseveró que esos 113 mil 863 funcionarios fueron sujetos a un “nuevo tabulador y esquema de prestaciones”, que para los “altos mandos” derivó en la pérdida de seguros privados. La institución criticó una “serie de versiones y documentos que han contribuido a dibujar una versión incorrecta” sobre la realidad, pues “ninguna de las medidas de austeridad republicana afecta la operación sustantiva de las instituciones del Estado, ni la provisión de servicios públicos como educación y salud”. Sin embargo, resulta difícil esconder el malestar creciente en la administración pública federal ante los ahorros y recortes al gasto de las dependencias, que la semana pasada culminó con la ruidosa renuncia de Germán Martínez Cázares al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La SFP negó que la austeridad haya generado “despidos injustificados de servidores públicos y recortes masivos de personal” y limitado “la provisión de servicios públicos como educación y salud”, a pesar de la inconformidad creciente en el sector salud por el desabasto de medicinas. En un documento emitido aparte, la dependencia tachó de “mitos” las afirmaciones según las cuales “van a cerrar hospitales y no habrá ambulancias”, o que “las universidades sufrirán recortes y habrá menos oportunidades para estudiar”, o bien que “las oficinas de gobierno dejarán de operar por falta de vehículos y personal”. Y lanzó: “¡Infórmate! La Austeridad Republicana es por el bien de México”.