“Desalentador”, que AMLO se negara a recibir en ceremonia oficial el informe anual de CNDH: ombudsman

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Foto: Octavio Gómez El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reclamó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negara a recibir, en una ceremonia oficial, el informe anual del organismo, como lo ha hecho en sus 29 años de existencia.

“Es desalentador para la defensa de los derechos humanos”, consideró el ombudsman nacional, entrevistado por medios de comunicación después de leer parte del mensaje que debía externar al mandatario en la ceremonia comprometida durante los primeros días de gobierno del morenista.

“Yo tenía la receptividad del señor presidente de que habría ceremonia, algo pasó en el camino”, dijo González Pérez.

–¿Hubo algún reproche de por medio? –preguntó esta reportera.

–No. Si hay un reproche, la sociedad debería de conocerlo. En un principio había la receptividad para que se hiciera la entrega en acto público, por eso la paciencia del ombudsperson y la prudencia, pero al final no sé a qué haya obedecido el cambio de directriz y se entregó físicamente en (la Secretaría de) Gobernación.

El presidente de la CNDH explicó que “en reiteradas ocasiones, desde enero de este año, envió oficios al presidente López Obrador para que fijara fecha de la ceremonia de entrega del informe correspondiente a 2018, pero fue la semana pasada cuando desde la Secretaría de Gobernación (Segob) le notificaron que sería la titular de esa dependencia la que recibiría la documentación, “sin mayor explicación”.

El informe anual 2018, el discurso que se leería al presidente y la Agenda Básica de Derechos Humanos 2019, se entregaron esta mañana a la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, de manera física, no en un evento oficial.

González Pérez lamentó que no se realizara la ceremonia, como se hacía cada año, en los 29 de existencia del organismo, “porque es la oportunidad que tiene el ombudsperson para decirle a la máxima magistratura del Ejecutivo, el estado en que se encuentran los derechos humanos del año inmediato anterior, pero también la prospectiva (…) que se empiezan a acumular hechos y actos que nos hablan de que hay que tomar acciones para que podamos revertir la situación que atraviesa el país”.

El evento, constitucionalmente establecido, permitía “escuchar los planteamientos de la autoridad; en esta ocasión, ante reiteradas solicitudes, fue que se entregara a la Segob. Yo cumplo el mandato del 102 Constitucional, que me mandata entregarle el informe, aquí está, pero no quise que la sociedad mexicana dejara de conocer el texto de lo que yo le hubiese dicho al ciudadano presidente en una ceremonia pública”.

Entre lo que el ombudsman no pudo pronunciar ante el presidente destaca el diagnóstico en materia de derechos humanos y las expectativas para 2019.

“Dos mil dieciocho concluyó con cifras que no son favorables y el panorama que presenta el inicio de 2019 también está lejos de ser positivo, a menos de que se produzca un cambio radical en el enfoque y magnitud de la respuesta institucional a los problemas y seguridad de las personas”, se lee en el texto.

El escrito da cuenta de la grave situación de derechos humanos que recibió López Obrador, y se refleja en que 158 mil 960 personas acudieron a pedir apoyo en temas de salud y seguridad, y justicia, con 4 mil 43 expedientes de queja en el primer sector y mil 734 en el segundo.

El año pasado la CNDH emitió 101 recomendaciones, 90 de ellas ordinarias, ocho por violaciones graves y tres generales; de la 90, las principales autoridades señaladas son el IMSS (21), la Procuraduría General de la República (13), la Comisión Nacional de Seguridad (10), la Secretaría de la Defensa Nacional (cinco) y la Secretaría de Marina (cuatro), entre otras.

En el documento se critican las medidas tomadas por el gobierno de López Obrador en sus primeros meses de gobierno en el sector salud, de seguridad y hacia grupos poblacionales de alta vulnerabilidad.

“Resultan preocupantes las declaraciones que recientemente se han hecho identificando el agravamiento de la crisis que atraviesa el sector salud, con falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el gobierno de la República.

“Nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y se ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, sin embargo, ello no debe implicar que se suspenda o ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a que se tengan derecho”, habría expresado el ombudsman frente a López Obrador.

En materia de seguridad, habría alertado del incremento en el número de homicidios registrados en los primeros meses de 2019, destacando los feminicidios; ataques en contra de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos; linchamientos y agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que “nos reiteran la necesidad de abordar la crisis que México vive en materia de inseguridad, bajo un enfoque integral, sustentado en una estrategia real que priorice la prevención y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo, como lo es la Guardia Nacional, así como al aumento de delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva”.

En el texto no leído se añade: “Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente, si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 fiscalías generales en el país”.

En el mensaje político se puntualiza sobre la “falta de apoyos a las estancias infantiles y refugios, y a las instancias encargadas de la atención a personas con discapacidad, así como la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil, de los grupos de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas. Son algunos de los temas que se tendrían que revisar buscando la mayor protección y vigencia de los derechos”.

Para el presidente de la CNDH, “son los hechos, la evidencia concreta y objetiva, la que nos dirá el grado de compromiso y nivel de respeto que como país tengamos con los derechos humanos”.

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