Lozano Gracia responde sobre transferencia millonaria a firma Kuchle y Asociados

Antonio Lozano Gracia (centro), abogado de Guillermo Padrés. Foto: Benjamín Flores Antonio Lozano Gracia (centro), abogado de Guillermo Padrés. Foto: Benjamín Flores

Señor director:

El que suscribe Fernando Antonio Lozano Gracia, abogado, y miembro de la firma jurídica “LOZANO GRACIA ABOGADOS S. C.”, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el número 740 de Montes Pirineos, colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, en la Ciudad de México, comparezco para exponer:

Que con apoyo y fundamento en los artículos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, l0, l1, 12, 13, 14, 15, 17 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional; el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en referencia al derecho de réplica, vengo a solicitar la publicación integra y sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia, en este caso relativa a la nota contenida en las páginas 8 y 9 del número 2222 de fecha 2 de junio del presente año que se titula “También se investiga a Elías Beltrán y su esposa” constante de 16 párrafos y 122 líneas.

En este caso me refiero a la nota titulada: “También se investiga a Elías Beltrán y su esposa”, en la que se hace referencia a mi persona, a la firma jurídica a la pertenezco y a mi defendido el señor Guillermo Padrés Elías en los siguientes términos:

“Lo curioso es que estos recursos provinieron, según la UIF, de la empresa Inmuebles de Manufactura, S.A. de C. V., ubicada en Hermosillo, Sonora, que gobernó el panista Guillermo Padres, cuyo abogado, Lozano Gracia, logró que saliera de prisión en febrero de este año para enfrentar en libertad los cargos de defraudación fiscal y lavado de dinero.”

“Un año después de que Padrés fue encarcelado, en noviembre de 2017 cuando Elías Beltrán tenía un mes como encargado de despacho de la PGR-, esta institución no impugnó un amparo de primera instancia y el exgobernador fue absuelto del delito de delincuencia organizada, lo que le permite enfrentar el resto de su proceso en libertad”.

Estas afirmaciones son absolutamente falsas y no tienen fundamento alguno.

Por lo que se refiere al primer párrafo de los señalados anteriormente, manifiesto que la empresa que ahí se menciona “Inmuebles de Manufactura, S.A. de C.V.” es propiedad del coprocesado Mario Humberto Aguirre Ibarra, quien así lo manifestó al rendir su declaración judicial ante los Jueces Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y Cuarto de Procesos Penales Federales del Estado de México (hoy Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México), ante quienes se ventilan los procesos penales en contra de Guillermo Padrés Elías. Se hace aclaración expresa de que el señor Mario Humberto Aguirre Ibarra tiene sus propios defensores particulares, ajenos totalmente al equipo de abogados que defiende al señor licenciado Guillermo Padrés Elías. Queda claro entonces que respecto del señor Mario Humberto Aguirre Ibarra no soy su abogado ni tengo relación alguna ni de negocios, ni personal ni profesional.

De modo que el reportaje deduce que porque la empresa está en Hermosillo y ahí fue gobernador el licenciado Guillermo Padrés Elías, necesariamente él fue el autor de la transferencia, cuando la verdad de los hechos es que, como ya se mencionó, dicha empresa es propiedad del señor Mario Humberto Aguirre Ibarra. La acusación original hecha valer por la Procuraduría General de la República era en relación, a que, supuestamente se había realizado una licitación pública “dirigida” a ciertas empresas, con motivo del programa de uniformes escolares gratuitos implementado en el Estado de Sonora, durante la gestión de Guillermo Padrés Elías; posteriormente y de manera inusitada, Mario Humberto Aguirre Ibarra se presentó como “testigo” de cargo en contra de Guillermo Padrés Elías, tanto en diverso proceso número 55/2016 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y posteriormente como inculpado en el proceso penal ya mencionado, del Juzgado de Distrito correspondiente al Estado de México, aduciendo ahora que la licitación había sido perfectamente legal, es decir, que no había habido en ella irregularidad alguna para manifestar que había sido sujeto de una “extorsión”, por lo que con ello se cambiaba radicalmente la imputación originalmente hecha por la Procuraduría de esa supuesta licitación “dirigida”, y esta nueva versión la hace suya la Procuraduría General de la República tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, cambiando con ello la versión con la que la Institución de Procuración de Justicia los había acusado, dejando sin sustento en ambas imputaciones el fundamento de los procesos.

Por lo que se refiere al contenido del décimo primer párrafo del artículo donde se menciona que la Institución P.G.R. no impugnó un amparo de primera instancia (SIC), cabe mencionar que dicha determinación fue ajena al encargado de la Procuraduría General de la República, ya que la determinación de que se decretara libertad con efectos de sobreseimiento a favor de Guillermo Padrés Elías respecto del delito de delincuencia organizada, fue emitida en sentencia dentro del amparo 1840/2016 y su acumulado 1846/2016 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la insuficiencia evidente de pruebas.

Es de precisarse que efectivamente el derecho de obtener libertad mediante un cambio de medida cautelar se hizo posible jurídicamente desde el 19 de diciembre del año 2017, sin embargo, este derecho se pudo concretar hasta el día 2 de febrero de 2019, es decir, más de un año después, por todos los obstáculos que pusieron la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Con lo anterior queda de manifiesto que el reconocimiento al derecho de seguir el proceso en libertad que la Constitución y las leyes le conceden al señor Guillermo Padrés Elías, fue concretado dos meses y días después de la salida del señor Alberto Elías Beltrán.

Por lo que se refiere a la relación profesional que se menciona de esta firma de abogados con el despacho Kuchle y Asociados, miembros de este despacho han requerido los trabajos profesionales de esa entidad para fines específicos totalmente ajenos al suscrito y al asunto de Guillermo Padrés Elías.

Me suscribo a sus órdenes.

Fernando Antonio Lozano Gracia.

Respuesta del reportero

Más allá de los detalles del proceso penal que enfrenta el exgobernador Guillermo Padrés Elías, y las precisiones atendibles que hace como su abogado defensor, el licenciado Antonio Lozano Gracia confirma que existe una “relación profesional” de su despacho con el de Marcela Kuchle López, esposa del exprocurador Alberto Elías Beltrán, debido a que miembros de su firma, dice, “han requerido los trabajos profesionales de esa entidad para fines específicos totalmente ajenos al suscrito y al asunto” del exmandatario.

El reportero no formuló ninguna imputación a nadie en su nota, sólo consignó que los 5.56 millones de pesos que el despacho Lozano Gracia Abogados S.C. transfirió a la firma Kuchle y Asociados, propiedad de la esposa y la madre de Elías Beltrán, son parte de los 98.9 millones de pesos que, bajo la presunción de lavado de dinero, investiga la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Santiago Nieto Castillo.

La investigación de la UIF, como lo consigna la nota, involucra a otros despachos de abogados que han transferido recursos económicos a la firma de la señora Kuchke López, lo mismo que sus nexos con la empresa Inmuebles de Manufactura, S.A. de C.V., que el reportero ubicó en Hermosillo, Sonora, sólo como referencia geográfica del estado que gobernó Padrés Elías.

Álvaro Delgado

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