Exigen justicia a 25 años de la violación tumultuaria de tres hermanas cometida por militares en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- A 25 años de la violación tumultuaria de tres hermanas indígenas tzeltales en un retén militar de Altamirano, este martes activistas y organizaciones civiles, exigieron justicia ante una guarnición militar, investigación del caso, sanción a los elementos responsables así como un reconocimiento público de responsabilidad por parte de Andrés Manuel López Obrador, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

En aquel entonces Delia Pérez de González, fue detenida junto a sus tres hijas menores de edad Ana, Beatriz y Celia González Pérez, en un retén del ejército en el municipio de Altamirano, cuando ellas se dirigían a su comunidad de origen.

En plena campaña militar contrainsurgente tras el alzamiento armado del 1 de enero de 1994, la madre y sus tres hijas fueron acusadas de ser bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por lo que fueron interrogadas por varias horas para que proporcionaran información de los rebeldes a las fuerzas castrenses. Delia fue torturada viendo como los militares violaban a sus tres hijas.

Tras varios días privadas de su libertad y ser víctimas de abuso sexual, las mujeres fueron detenidas.

Fue hasta el 30 de junio de 1994, con el apoyo de organismos defensores de derechos humanos cuando las hermanas denunciaron ante el Ministerio Público (MP) la violación sexual de la que fueron objeto, luego de lo cual se les practicó un examen médico ginecológico.

El expediente fue enviado a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, luego de que el MP se declaró incompetente para investigar.

El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos en un boletín de prensa, en el que señalaba que de acuerdo con la investigación realizada —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E—, se desprendió que la imputación a los militares era “completamente falsa”, en virtud de que no incurrieron en infracción a la disciplina militar.

Dos años después, en enero de 1996, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El asunto sentó un precedente en el sistema interamericano, que por primera vez reconoció la violación sexual como tortura y determinó que el delito cometido por militares contra las tres indígenas tzeltales fuera investigado en el fuero civil.

Hoy, durante la protesta señalaron que han pasado ya cinco administraciones federales y el crimen sigue impune y en el archivo por parte de la justicia militar, la justicia civil y el gobierno mexicano.

“La nueva administración en su discurso ha asumido el compromiso de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres, y en ese marco le recordamos que existe una deuda histórica con las hermanas González Pérez y pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador atienda con prontitud la demanda de justicia a estas cuatro mujeres y se cumpla, en representación del Estado Mexicano”, dijeron las activistas.

Exigieron sean investigados y castigados los militares responsables de la violación y tortura de Ana, Beatriz y Celia González Pérez; además que se realice un reconocimiento público de responsabilidad del Estado Mexicano en su calidad de comandante supremo en jefe de las Fuerzas Armadas y con la presencia de los mandos militares.

De igual forma solicitaron la reparación integral por el daño causado a las tres hermanas y su madre, aquellos días de junio de 1994.

En la toma simbólica de la guarnición militar estuvieron presentes miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mujeres del grupo civil Las Abejas, activistas como la feminista Mercedes Olivera y el padre Marcelo Pérez Pérez, quienes tomaron la palabra para exigir justicia para las hermanas González Pérez.

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